Conflicto: La empresa canadiense dice que quiere quedarse, pero si es que el Gobierno le devuelve la boleta de garantía de 850.000 dólares y amplía el plazo de inversión. El Ejecutivo aún analiza su estrategia de defensa ante la demanda.
L a empresa canadiense Atlas Precious Metal demandará hoy, en el inicio del arbitraje, 3,6 millones de dólares para marcharse del país: 2,8 millones de dólares de reconocimiento de sus inversiones y 850.000 dólares de la póliza de garantía que fue ejecutada por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
La asesora jurídica de Atlas, Betsy Miranda, informó que su compañía tiene la intención de quedarse en el país, pero si es que se le devuelve la póliza de garantía y se firma una adenda ampliatoria del plazo del contrato para el desarrollo de la planta fundidora de Karachipampa-Potosí.
Pero si el Gobierno no tiene la intención de hacerlo y quiere desarrollar el proyecto a partir del Estado, demandará el reconocimiento de sus inversiones, avaluadas en 2,8 millones de dólares, más la devolución de su boleta de garantía.
Ésta es la posición con la que Atlas se presentará hoy a las 10.00 a las primeras reuniones conciliatorias dentro del proceso de arbitraje que la compañía canadiense interpuso ante la Cámara Boliviana de Comercio en contra de Comibol, el 8 de junio.
Pero la Comibol no adelantó con qué criterios se presentará a este encuentro, pues el asesor legal de la empresa estatal, Antonio Santos Orellana, informó que hasta ayer por la tarde continuaban analizando la demanda arbitral. Dijo que la determinación de la estatal minera la harán conocer luego del encuentro de hoy.
Adelantó que se regirán a las reglas estipuladas en el contrato de riesgo compartido que consideran que Atlas incumplió por un bajo nivel de inversión, según su análisis, equivalente al 2,1 por ciento de los 118,5 millones de dólares comprometidos, es decir, 2,2 millones de dólares.
Comibol no tiene aún una posición respecto de un posible reconocimiento de inversiones, como será la demanda de la compañía canadiense. Tampoco se conoció una posición acerca del pedido de devolución de la póliza de garantía, aunque se supo de fuentes gubernamentales que la respuesta será negativa.
Atlas Precious Metal firmó un contrato con el Gobierno boliviano en 2005 para la reactivación de la planta de Karachipampa, construida por Comibol entre 1985 y 1988, pero que nunca operó por la falta de concentrados, aunque Comibol invirtió 180 millones de dólares en ella.
El plan de Atlas era rehabilitar esta planta, instalar otra de zinc y una de ácido sulfúrico. Pero, según Miranda, el Gobierno incumplió en la entrega de los predios comprometidos para ese fin.
Explicó que del terreno inicial comprometido de 30 hectáreas sólo entregó 16; tampoco les facilitó planimetrías para que ellos compren 45 hectáreas adicionales; no ayudó para la dotación de gas y energía eléctrica; entregó la maquinaria (la planta de plomo y plata) incompleta, y se negó a venderles concentrados.
Y lo peor, según Miranda, fue que la Corporación Minera de Bolivia y el Ministerio de Minería firmaron un convenio con los trabajadores de Atlas en el que les garantizan estabilidad laboral pero sin la compañía canadiense.
Santos negó que el Gobierno haya incumplido el contrato y señaló que uno de sus argumentos en el proceso arbitral será precisamente ése y que para ello expondrán documentos y pedirán una relación testifical del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), los trabajadores de la planta y las autoridades prefecturales y municipales de Potosí.
El problema de los trabajadores aún está sin solución. Atlas entregó preavisos a todos sus obreros y éstos demandaron estabilidad laboral ante el Ministerio de Trabajo, que conminó a la canadiense a levantar las conminatorias. Pero Atlas se negó, pues no existe norma que respalde la resolución del Ministerio del sector.
Para destacar
Atlas Precious Metal y el Gobierno boliviano firmaron en 2005 un acuerdo para la reactivación de la planta de Karachipampa.
Hasta el momento, la empresa realizó una inversión de poco más del 2 por ciento de los 118 millones de dólares comprometidos.
Atlas argumentó que el Gobierno no le entregó toda la tierra comprometida para la construcción de nuevas plantas.
El Ejecutivo negó ese extremo y acusó a Atlas de incumplir su contrato, e incluso ejecutó la póliza de garantía.
El 8 de julio de este año, Atlas inició una demanda arbitral ante la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Para hoy, a las 10.00, están convocadas ambas partes para dar inicio al proceso, con una primera reunión de conciliación.
En este encuentro también se informará del procedimiento, que se inicia con la designación de árbitros por ambas partes.
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