Una nueva ley minera

La expectativa crece en la medida que se espera disposiciones importantes en materia de regular la actividad minera, pero en un contexto en el que las opciones para agrandar y fortalecer el sistema sean parte de un trabajo técnico y estratégico, más no político e improvisado.

La minería es sustento permanente de la economía nacional, inclusive en las más dramáticas épocas en que nuestro país vivió convulsiones sociales que alteraron la convivencia pacífica entre hermanos y dieron paso a violentas acciones que rompieron el orden democrático nacional, aún en tales circunstancias la minería continúo alimentando la economía del Estado y de los gobiernos de turno.

Los hechos trascendentales que se marcaron desde la nacionalización de las minas, acción política que cambió absolutamente todo el sistema del trabajo en la minería nacional, significó según los historiadores un avance en materia de socializar el uso de nuestros recursos naturales, eliminando a los barones del estaño y transfiriendo la infraestructura de esa minería primaria, pero rentable, al control gubernamental que comenzó a valerse de la minería para sostenerse.

Entre subidas y bajadas en los precios internacionales para minerales la explotación de los recursos naturales persistió de manera constante hasta el doloroso proceso de la “relocalización” de miles de trabajadores cuando el precio del estaño se “arrastró por los suelos”, pero increíblemente había otra minería, la privada, que continuó en pie aunque lo hizo dolorosamente.

Entre la nacionalización de las minas, que significó la recuperación de recursos mineros, se aplicó otra medida –revolucionaria– traducida en la entrega de las tierras a los campesinos justificando el hecho en una reforma agraria que no funcionó como tampoco fue debidamente planificada la nacionalización minera.

En el tiempo actual ambas medidas tienen una connotación especial para el país, se trata de dos elementos inmersos en la nueva Constitución y que tienen que ver con “tierra y territorio”, concesiones mineras que retornan al poder gubernamental pues se eliminan los contratos y se obligará a nuevos tratos de orden societario con el Gobierno, pero previa “consulta” a los pueblos originarios para que estos avalen si corre o no determinada explotación de los recursos naturales, pese a que también se dispone que los operadores mineros paguen regalías a las comunidades campesinas donde se realice algún emprendimiento minero.

Las cosas están así, no hay definiciones claras y se espera modificaciones o adecuaciones precisas para que las medidas del cambio no resulten solo parte de discursos políticos sin efectividad para la comunidad. Lo que se espera son reglas claras de juego que garanticen inversiones, que permitan fomentar los emprendimientos mineros de todos los sectores con mentalidad absolutamente económica, técnica y de rentabilidad efectiva, de manera que el beneficio sea comúnmente social para favorecer a trabajadores con fuentes de empleo seguro, pero también a las comunidades con ingresos que les permita el cumplimiento de proyectos de desarrollo. Ejemplos de este sistema ya se han dado en proyectos de la minería mediana y pueden ser útiles en el caso de la minería chica, en proporcionalidad a sus inversiones y un beneficio especial que también aporten los cooperativistas. La nueva Ley Minera debe responder a los planteamientos de la realidad nacional.