Nuestro país está atravesando por un periodo realmente crítico en lo que corresponde al desarrollo de los más importantes proyectos de explotación de recursos estratégicos no renovables, por una parte el caso del Mutún donde hay problemas entre la empresa hindú Jindal y el Gobierno, este último también debe sortear algunas demandas cívicas que se presentan como emergencia de la futura explotación de litio en los salares de Uyuni y Coipasa.
El problema es que en ambos casos mucho tiene que ver la falta de medidas específicas para enmarcarlas globalmente en una política nacional minera que además pueda regularse estrictamente con una Ley sectorial, instrumento este último que deberá ser consensuado antes de su aprobación por quienes son los protagonistas de la actividad minera en las operaciones prácticas y de manera especial en función de las inversiones tan necesarias para impulsar el desarrollo de los megas, medianos y proyectos chicos en la minería nacional.
El caso de la Jindal ha desatado una serie de controversias las que al no ser aclaradas oficialmente causan malestar en sectores “sociales y cívicos”, tal el caso del organismo de Puerto Suárez que asumiendo defensa del proyecto en función del desarrollo de esa región esperan que no se anulen los contratos vigentes y que más bien se acuerden soluciones legales que satisfagan las necesidades de las partes en conflicto
La Jindal exige el cumplimiento en la entrega de tierras con documentos saneados y en la totalidad de la superficie establecida para la operación minera – siderúrgica del Mutún, argumentando además, aunque no se confirmó el hecho, de que al no solucionarse el problema retiraría su inversión en el país.
En el Ministerio de Minería se menciona que hubo incumplimiento de la Jindal en los desembolsos comprometidos para la primera fase de la operación, en consecuencia se procedería a la ejecución de las “boletas de garantía” en estricto cumplimiento a lo que establece el acuerdo inicial.
Hay más sobre el asunto y es que al ponerse en duda la operación de la Jindal Steel & Power el gobierno anticipó que dispondría de recursos suficientes para iniciar el proyecto de explotación de hierro en el “otro” cincuenta por ciento del territorio del cerro Mutún, situación que con seguridad pone quisquillosa a la empresa india por los factores propios de una abierta competencia.
A propósito de la situación el dirigente cívico de Puerto Suárez José Luis Santander refirió que su institución mantiene “estado de emergencia” en defensa del proyecto, fuentes de empleo y desarrollo regional esperando el inicio de negociaciones directas (este viernes) entre personeros de la Jindal y los representantes del Gobierno que buscarán conciliar sus observaciones.
De acuerdo a especificaciones del contrato vigente se establece que si no hubiese acuerdo tras la etapa de conciliación las partes tienen 90 días para tomar una decisión definitiva.
El problema de la Jindal y gobierno es preocupante pues se trata de una inversión que dadas las condiciones de avance del proyecto debe salvarse en función a las necesidades del país. Los pobladores de Puerto Suárez a través de su comité cívico expresaron su decisión de “salvar el proyecto”, pues no habrá otra ocasión de obtener una fuerte inversión.
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