La anulación de una concesión pasada en el Salar de Uyuni puede significar al país el pago de 66 millones de dólares

El caso de concesiones mineras no es tan simple, particularmente si se definen las condiciones legales y se las instrumenta de manera tal que en su momento deben ser cumplidas, no hacerlo implica someterse a las condiciones pactadas y en las que con seguridad se establecen sanciones.

Después de varios años, en que estaba vigente una concesión minera otorgada a la empresa chilena Quiborax para que explote ulexita en una superficie determinada en el salar de Uyuni, la misma fue anulada el 2004.

La operación debió realizar la empresa Non Metallic subsidiaria de Quiborax de Chile. Si bien la concesión no refería específicamente litio, mencionaba ulexita un mineral de alta demanda especialmente en la industria cerámica, del vidrio, producción de cierto tipo de fertilizantes e inclusive para la producción de la requerida fibra óptica, por tanto de interés especial para los inversionistas.

La anulación de concesión para la explotación de ulexita por parte de la Quiborax fue anulada en el gobierno de Carlos Mesa (2004) aduciendo una estrategia oficial para la explotación de recursos naturales por parte del Estado.

Frente a esa situación los ejecutivos de la chilena Quiborax, recién en el año 2006 plantearon la demanda contra nuestro gobierno reclamando el pago de 66 millones de dólares, 61 corresponden a pérdidas en la inversión en Bolivia y otros 5 millones de dólares por daños materiales y morales a la empresa. El juicio fue planteado a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que depende del Banco Mundial y que en los pasados días hizo conocer la demanda de Quiborax.

Actualmente en el Ministerio de Defensa Legal del Estado se asume la defensa del proceso y se exigirá una tarea de arbitraje para conocer una suma “real” sobre la inversión y los perjuicios de la Quiborax. El hecho es que se buscará otra entidad de arbitraje al haberse observado al Ciadi por constituirse en una organización parcializada con las empresas y no con Estados.

Tocamos este tema, a colación de una serie de hechos que se producen en el país en la actualidad y que pueden representar a la larga una carga onerosa para la economía nacional, por el pago de indemnizaciones millonarias.

Proyectos que pueden considerarse en riesgo son el Mutún con la empresa india Jindal, San Cristóbal con acciones de la japonesa Sumitomo, en el primer caso el tema de inversiones es precisamente el que está siendo observado, mientras que en la gigante operación de Colcha K, en la provincia Nor Lípez, la inversión es mayor a 1.400 millones de dólares. Para fines de seguridad jurídica, el gobierno anunció que respetará y resguardará la operación de San Cristóbal. Así estamos en materia de minería.

(Agencia URU)