Ayer comenzaron las discusiones para elaborar el proyecto de ley minera. Hasta el jueves los distintos actores y operadores expondrán sus puntos de vista en torno de la futura norma. Múltiples son los temas que deben debatirse, como la migración de contratos, la función económica y social de éstos, el control social y hasta identificar la entidad fiscalizadora.
El objetivo del encuentro de privados, públicos y organizaciones sociales recoge impresiones tanto de operadores como de los afectados por la actividad extractiva. La cita se cumple en Huajchilla, al sur de la ciudad de La Paz.
En la primera jornada participaron alrededor de 120 delegados, representando a la empresa privada, las Federaciones de trabajadores mineros asalariados (FSTMB) y de cooperativistas (Fencomin), también asistieron enviados de las gobernaciones de Potosí, Oruro y Santa Cruz, así como del Colegio de Geólogos y de varios ministerios.
La discrepancia central de esta primera jornada radica en cuál es primero: ¿la ley o el contrato? Unos sectores aseguran que el contrato minero, al que deben emigrar las actuales concesiones, tiene que ser definido antes que la ley. Y los que señalan lo contrario argumentan que la norma regulará en general para que el contrato se base en ésta.
La función económico-social exigió un mayor debate, pues será el requisito para mantener el derecho minero. Como se mantuvieron las divergencias, entonces deberá definirse esta modalidad. Los cooperativistas mineros quieren quedar exentos de esta obligación y plantearon que las empresas mineras sí la asuman.
Quedó sin definición cómo y bajo qué parámetro se va a determinar esta función económico-social. Concatenada al control se trató la prerrogativa de la entidad que será la responsable de otorgar derechos mineros y fiscalizar esta actividad. Unos dijeron que la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pero otros se oponen porque creen que será “juez y parte”.
Para la segunda jornada están programados dos temas: los derechos preconstituidos de las cooperativas mineras y la migración de las concesiones a los nuevos contratos. La futura ley minera se enmarcará en el mandato de la Constitución Política del Estado (CPE).
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