Por la importancia que tiene la actividad minera en el país y que se observa en las utilidades que favorecen al Tesoro General de la Nación (TGN), a los tesoros departamentales vía regalías y aseguran miles de empleos, incluyendo a comunarios de poblaciones aledañas a las operaciones, se produce un fenómeno social que genera ciertos problemas entre autoridades y operadores en ambos casos buscando las mejores o mayores ventajas sectoriales.
Todavía no se ha resuelto la falta de una reglamentación complementaria a las disposiciones sobre tierra y territorio contenidas en la nueva CPE y que están creando ciertas distorsiones que afectan directamente las operaciones mineras.
Los avasallamientos han sido causa de enfrentamientos entre mineros, unos asalariados y otros cooperativistas y al medio de ambos comunarios originarios que ocuparon pertenencias mineras, desalojaron a trabajadores y sus familias en algunos distritos, mientras que en otros se impusieron los agrupados bajo el sistema de la cooperación solidaria, creciendo este último sector gracias al apoyo directo del Jefe de Estado.
Pero hay otros problemas por ejemplo los que surgen en el oriente cuando la operación del Mutún está al borde del abismo. Se reconocen algunos detalles de orden legal en las partes de una sociedad “accidental” entre nuestro Gobierno y la hindú Jindal Steel & Powers, ambas partes incumplieron parte de sus compromisos, pero la Jindal amenaza con retirar su inversión, mientras que el Gobierno nacional se empeña en invertir para explotar la otra mitad.
Los cívicos orientales se movilizaron, recurrieron al bloqueo y amenazaron con otras medidas si se suspendían las operaciones de la Jindal, que en el momento actual parece haber sorteado algunas dificultades pero no todas ya que fuera de aspectos legales, boletas de garantía ejecutadas y en depósito hay un nuevo elemento que se maneja y es la calidad del hierro del Mutún que por ciertos contenidos en su composición complicaría un futuro proceso de industrialización, en la fase siderúrgica, para obtener acero.
Otro elemento perturbador en la “gran” actividad minera es la posición que adoptaron los hermanos potosinos en torno a la explotación del litio en el Salar de Uyuni, con una exacerbada muestra de regionalismo que descarta del proyecto a la otra parte que tiene jurisdicción en los salares, caso de Coipasa en Oruro y en parte del mismo Salar de Uyuni.
Estos problemas deberán eliminarse en función al tratamiento técnico del proyecto, el establecimiento geofísico de las salmueras, el reconocimiento de orden jurisdiccional y sobre todo la predisposición de convenir acuerdos entre bolivianos, propiamente orureños y potosinos, para exigir participación en la nueva Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE) que delineará con claridad los procesos de exploración, explotación, experimentación, producción, industrialización y comercialización del litio en todas sus formas.
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