Cuando se toca el tema de la minería y se observa algunos problemas emergentes de la falta de aclaración sobre disposiciones que defienden a su modo los sectores que serán afectados por las consecuencias futuras de las posiciones radicalizadas al amparo constitucional, no deja de preocupar lo que pueda significar de manera concreta una alteración en los proyectos mineros que están en ejecución y el impacto negativo para futuros prospectos.
El caso se presenta cuando vecinos de comunidades aledañas a operaciones mineras se resisten a “otorgar licencia social” a los operadores mineros para la explotación de recursos naturales, solicitando además compensaciones de tipo económico con el pretexto de daños al medio ambiente por la contaminación minera, situación que además está alentada y apoyada por instituciones y ongs ambientalistas que incitan a los comunarios a generar enfrentamientos, de acuerdo a la denuncia de dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras.
Situaciones parecidas, y no precisamente por explotación minera, se han producido en zonas petroleras del país donde también los comunarios exigen el pago de algunos derechos para permitir luego el desarrollo de operaciones destinadas a la explotación de recursos naturales.
“Hay temor a un enfrentamiento entre mineros y comunarios”, alertó el dirigente cooperativista señalando que corresponde al gobierno dictar medidas urgentes que impidan los extremos, por un lado en defensa de las fuentes de trabajo que proporciona la minería y por otro supuestamente defendiendo derechos de participación por uso de tierras que podrían ser contaminadas, según el aleccionado punto de vista de campesinos.
La situación es crucial si se toman en cuenta algunos aspectos relacionados directamente con el tema y que vinculan al Presidente con campesinos originarios que se sienten fuertes por disposiciones contenidas en la nueva Constitución y por otra parte los cooperativistas mineros que se han convertido en uno de los brazos políticos del mismo gobierno. Por tanto la situación merece un tratamiento de equidad aplicado seguramente a través de un decreto reglamentario que logre avenir los criterios y las posiciones de los dos sectores.
La minería en todo caso representa el sector más importante por su condición generadora de divisas para el TGN y de regalías para las regiones, lo que de manera global se traduce en aportes para el desarrollo nacional, por tanto no puede interrumpirse su ciclo laboral por presiones de comunarios originarios.
Tiempo atrás se conformó un Comité de Defensa de la Minería Orureña que ha tomado en cuenta los factores adversos que persisten al momento y en ese sentido se pronunciará para asumir defensa de la producción minera, exigiendo aclaraciones sobre las “licencias ambientales” que no pueden ser trabas que pongan en riesgo ingresos saneados en el país y miles de fuentes de empleo en el sector minero.
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