La Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la Jindal Steel Bolivia (JSB) firmaron ayer una adenda al contrato de explotación de hierro del Mutún y acordaron retomar las reuniones para solucionar la controversia por supuesto incumplimiento de contrato que generó la ejecución de las boletas de garantía de 18 millones de dólares.
De acuerdo con el ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, citado por la agencia ABI, la firma de la adenda ratifica el convenio suscrito en 2009, en el cual se estableció el cambio del área para que opere el proyecto (51 cuadrículas de tierra de la zona sur a la norte).
El abogado de la empresa, Jorge Gallardo, dijo a La Prensa que toda el área modificada afronta problemas legales, pues una parte está con dos procesos en el Tribunal Agrario Nacional (TAN) y la otra en duda por el juicio que inició el Ministerio de Transparencia en contra del ex titular de la ESM Guillermo Dalence.
Pimentel anunció ayer que el miércoles el Gobierno remitirá el proyecto de ley que aprueba la adenda a la Asamblea Plurinacional con la recomendación de “prioridad”. El presidente Evo Morales se comprometió con la dirigencia cívica de que la norma saldrá lo más pronto posible.
El ejecutivo de la JSB, Vikrant Grujal, aseguró, según la agencia ABI, que una vez aprobada esa ley, la ESM estará en condiciones de entregar las tierras comprometidas para empezar el trabajo “inmediatamente”.
“Creo que con estos pasos el proyecto puede seguir adelante. Nosotros estamos comprometidos, queremos trabajar acá y estoy seguro de que con la cooperación activa del Gobierno vamos a estar en condiciones de llevar adelante el proyecto”.
Sin embargo, para la Jindal, hace falta resolver el conflicto por la ejecución de las boletas de garantía para apurar las inversiones en el proyecto.
El Ejecutivo procedió con la protesta de las boletas a raíz de la falta de inversiones, que debían estar en el orden de 600 millones de dólares en los dos primeros años y sólo alcanzaron a los 12. Para la Jindal, la falta de inversión fue consecuencia de que el Gobierno no entregó la totalidad de la tierra comprometida.
Para saldar este asunto, el Ministro manifestó que las reuniones para resolver la controversia por este asunto entre las dos empresas continuarán el próximo jueves en la ciudad de Santa Cruz.
En 2007, el Gobierno y la compañía india firmaron el contrato para la explotación e industrialización de hierro del yacimiento del Mutún. El pacto suponía una inversión de 2.100 millones de dólares en ocho años y el país debía percibir 200 millones de dólares cada año.
Asimismo, el 95 por ciento del personal contratado debe ser boliviano y se aguarda una generación de 4.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Puerto Suárez exige el inicio de la capacitación.
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