Las cosas están planteadas del modo explicado líneas arriba en lo que se refiere al desarrollo de los proyectos más importantes en materia de minería. No es casual que sucedan ciertos inconvenientes cuando no existen políticas definidas en determinados rubros, como las que faltan para mejorar todas las condiciones que hagan factible la ejecución –sin problemas– de los más importantes emprendimientos mineros.
Lo grave de los problemas surgidos es que en los mismos está de algún modo incluida la injerencia política, por qué, pues sencillamente porque en base a los articulados de la nueva CPE se abrió un dique –peligroso– para que se desborden las aguas agitadas por las actitudes de comunarios originarios en demanda de obtener beneficios directos de las operaciones mineras.
Pretextos por una parte, pero también hechos reales configuran un esquema sumamente tenso que merece soluciones estructurales y no sólo remedios paliativos que pueden convertirse en factores de mayor presión social en el tiempo inmediato al no encontrar un cauce adecuado que lleve las protestas hacia un manantial y no una peligrosa cascada que puede destruir todo lo que encuentre a su paso.
EL CASO DE LA JINDAL
En dos frentes, el oficial y el empresarial, se manejan opciones especialmente legales y que se relacionan con la vigencia, cumplimiento –o incumplimiento– de normas acordadas entre dos partes en un contrato que está vigente.
Los argumentos tienen derivaciones especiales si se entiende que el Gobierno tiene “el sartén por el mango” y ha mostrado tal posición con el manejo de las boletas de garantía de la Jindal alegando incumplimiento en las inversiones programadas y establecidas en el convenio.
La hábil representación hindú también tiene su propio tratamiento al asumir defensa, sosteniendo que aún no recibió el total de los terrenos comprometidos para desarrollar el proyecto siderúrgico en el Mutún.
Sin abundar en más detalles esos aspectos deben ser aclarados, aunque está muy claro que la firma india no desembolsó lo que se comprometió. Pero hay algunas posiciones “extra convenios” que sin embargo están íntimamente ligados al caso, los reclamos de los cívicos de Puertos Suarez que exigen la continuidad del proyecto, mientras que desde occidente amenazan con marchar hasta el Mutún trabajadores mineros desocupados que esperan ser incorporados a la planilla de la Jindal.
LA MINA SAN CRISTÓBAL
Hay fuego cruzado en el caso de la Mina San Cristóbal uno de los más grandes proyectos de la gran minería en el último tiempo, con una inversión millonaria y con un tiempo prolongado de preparación de las operaciones por varios años antes de entrar en la fase productiva y de recuperación.
Se sabe que la inversión total al presente es de 1.400 millones de dólares que se utilizaron en diferentes fases del proyecto tales como exploración, estudio de factibilidad, temas medioambientales, ingeniería del proyecto en sí, la construcción y equipamiento de la planta y la instalación de moderno equipo de avanzada tecnología, pero además obras sociales en la región, construcción de caminos y puentes, dotación de energía eléctrica y mejoramiento de una línea férrea de conexión internacional.
Un informe de la Sumitomo, la empresa japonesa que compró la mina, señala que San Cristóbal aporta 35 millones de dólares anualmente por concepto de regalías y que desde el inicio de sus actividades en Potosí pagó más de 300 millones por el rubro de impuestos.
La otra parte, en este caso los dirigentes provinciales –cívicos– denuncian que la japonesa percibe grandes utilidades y paga un bajo porcentaje por regalías, pero tal reclamo es asociado con una protesta contra el gobierno aduciendo que no atendió planteamientos de hace mucho tiempo como la habilitación de un tramo caminero hacia el hito 60, electrificación de varias comunidades, ser la sede la EBRE y formar parte de su directorio entre algunas otras demandas. El gobierno a su turno exhorta deponer actitudes violentas y reitera que San Cristóbal es un emprendimiento privado con pleno respaldo del gobierno.
PUGNA POR EL LITIO
Una posición controversial, surgida en el marcado interés por la hegemonía en la explotación del litio en el salar de Uyuni, desató una posición radical de los hermanos potosinos que con exacerbado regionalismo señalaron que no admitirán ninguna incursión ajena en su salar. La reacción fue una respuesta a la posición de dirigentes cívicos de Oruro que recordaron el derecho que tiene el departamento en una importante extensión del salar de Uyuni, que no sólo es de pertenencia potosina.
Una reunión de “cívicos” pareció abrir un diálogo entre ambos sectores, pero una tarea mediática complicó la situación cuando se desmintieron algunos acuerdos de coincidencia entre orureños y potosinos.
A nivel gubernamental la aclaración fue simple, el Ministro de Minería señaló que “los recursos naturales son patrimonio del Estado central”, agregando que “la totalidad de los recursos evaporíticos son de Bolivia”.
Se hace necesaria una reunión conciliadora para que en la misma y con todos los documentos pertinentes se aclare el aspecto de jurisdicción que tienen tanto Potosí como Oruro en el Salar de Uyuni, lo que evitará profundizar un proceso inútil de confrontación entre bolivianos.
Lo referido en una síntesis especial nos muestra que existen problemas que afectan la actividad minera en general, pero de manera particular las que son consideradas como las más importantes en inversión y en réditos para el Estado y las regiones. Las repercusiones de los hechos que han trascendido internacionalmente influirán negativamente en el ánimo de inversionistas que desde hace mucho tienen reparos para aportar capitales a la minería nacional.
(Agencia URU)
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