Hay incertidumbre en el sector de la minería nacional sobre la nueva norma que podría aplicarse a partir de la aprobación de una Nueva Ley Minera que de todos modos eliminará las concesiones, particularmente “aquellas que no cumplan una función económica”.
Desde que rige la medida gubernamental del 2007 disponiendo que todo el territorio nacional es “reserva fiscal” se entiende que no se han aprobado nuevas concesiones, por lo tanto se han dejado en suspenso importantes inversiones que esperan las nuevas reglas de juego para saber si el destino de algunos capitales pueden todavía fomentar la minería.
Se adelanta que “Las concesiones que no cumplan una función económica serán revertidas directamente a poder del estado, que podrá trabajarlas si considera que eso tiene la posibilidad de ser trabajado. Los que no trabajen la concesión no podrán tener propiedad, los que la trabajan pueden hacer un nuevo contrato”.
A propósito de nuevos contratos se estima que los mismos serán del tipo de riesgo compartido, arrendamiento o mixtos, en todo caso la Comibol definirá las modalidades.
Algo más en la materia de cambios corresponde a la explicación en materia tributaria, indicándose que la nueva ley minera proyecta ajustes a nivel impositivo y particularmente en el régimen de regalías, no para subir o bajar la tributación sino para corregir errores que se presentan hasta ahora.
Hasta hace poco el 100 por ciento de regalías mineras beneficiaba a la prefectura departamental y las autoridades tenían independencia para manejar esos recursos. Se hizo luego una modificación obligándose a que por lo menos un 15 % de la regalía se distribuya en el municipio de la concesión, en adelante esa regalía favorecerá directamente a comunidades donde está ubicado el emprendimiento minero.
Lo que se quiere cambiar es el hecho de que hasta el presente cualquier persona o empresa obtenía una concesión y podía mantenerla por años sin trabajarla, sólo pagando una patente anual, lo que le permitía al concesionario disponer del “terreno” como garantía en función de transacciones financieras y hasta transferir a herederos como si se tratara de una evidente propiedad privada que no lo es, se explicó aclarando que los recursos del estado son al mismo tiempo de todos los bolivianos.
Se reiteró en el hecho de aclarar que “las concesiones que no cumplan una función económica serán revertidas directamente a poder del Estado que podrá trabajarlas si así lo desea”. En ésta reiteración hacen hincapié los industriales mineros para que por analogía se respete un precepto de la medida trascendental como fue en su tiempo la Reforma Agraria y que concedió tierras a miles de campesinos, pero con la advertencia precisa, “Las tierra es de quien la trabaja”, lo que debe servir igualmente para su aplicación correcta de manera que no existan tierras ociosas y que los campesinos las trabajen como corresponda, de lo contrario que también sean revertidas.
Un problema complicado, una propuesta justa, para que también los comunarios se dediquen a trabajar sus tierras y no se conviertan en avasalladores de propiedades mineras.
(Agencia Uru)
Desde que rige la medida gubernamental del 2007 disponiendo que todo el territorio nacional es “reserva fiscal” se entiende que no se han aprobado nuevas concesiones, por lo tanto se han dejado en suspenso importantes inversiones que esperan las nuevas reglas de juego para saber si el destino de algunos capitales pueden todavía fomentar la minería.
Se adelanta que “Las concesiones que no cumplan una función económica serán revertidas directamente a poder del estado, que podrá trabajarlas si considera que eso tiene la posibilidad de ser trabajado. Los que no trabajen la concesión no podrán tener propiedad, los que la trabajan pueden hacer un nuevo contrato”.
A propósito de nuevos contratos se estima que los mismos serán del tipo de riesgo compartido, arrendamiento o mixtos, en todo caso la Comibol definirá las modalidades.
Algo más en la materia de cambios corresponde a la explicación en materia tributaria, indicándose que la nueva ley minera proyecta ajustes a nivel impositivo y particularmente en el régimen de regalías, no para subir o bajar la tributación sino para corregir errores que se presentan hasta ahora.
Hasta hace poco el 100 por ciento de regalías mineras beneficiaba a la prefectura departamental y las autoridades tenían independencia para manejar esos recursos. Se hizo luego una modificación obligándose a que por lo menos un 15 % de la regalía se distribuya en el municipio de la concesión, en adelante esa regalía favorecerá directamente a comunidades donde está ubicado el emprendimiento minero.
Lo que se quiere cambiar es el hecho de que hasta el presente cualquier persona o empresa obtenía una concesión y podía mantenerla por años sin trabajarla, sólo pagando una patente anual, lo que le permitía al concesionario disponer del “terreno” como garantía en función de transacciones financieras y hasta transferir a herederos como si se tratara de una evidente propiedad privada que no lo es, se explicó aclarando que los recursos del estado son al mismo tiempo de todos los bolivianos.
Se reiteró en el hecho de aclarar que “las concesiones que no cumplan una función económica serán revertidas directamente a poder del Estado que podrá trabajarlas si así lo desea”. En ésta reiteración hacen hincapié los industriales mineros para que por analogía se respete un precepto de la medida trascendental como fue en su tiempo la Reforma Agraria y que concedió tierras a miles de campesinos, pero con la advertencia precisa, “Las tierra es de quien la trabaja”, lo que debe servir igualmente para su aplicación correcta de manera que no existan tierras ociosas y que los campesinos las trabajen como corresponda, de lo contrario que también sean revertidas.
Un problema complicado, una propuesta justa, para que también los comunarios se dediquen a trabajar sus tierras y no se conviertan en avasalladores de propiedades mineras.
(Agencia Uru)
No hay comentarios:
Publicar un comentario