El último borrador del proyecto de la nueva Ley de Minería redistribuye las recaudaciones por concepto de regalías y asigna una participación del 2 a 5% sobre esos recursos para las comunidades indígenas donde se desarrollen proyectos mineros.
Actualmente, las regalías mineras se reparten en un 85% a las prefecturas de departamento y en un 15% a los municipios donde está ubicada la operación o emprendimiento.
El Artículo 135 del proyecto de ley, al que accedió La Razón, reduce la participación de los gobiernos regionales a 80%, cuando el emprendimiento minero genere un monto anual de regalías inferior a $us 600.000. En ese caso, los municipios mantienen una cuota del 15% en las recaudaciones y los pueblos indígenas reciben el 5%.
Por otro lado, el documento establece que cuando las operaciones generan regalías anuales iguales o superiores a $us 600.000, la prefectura del departamento productor recibirá 70% de las mismas y el o los municipios donde se encuentre el yacimiento, sólo el 5%.
En este caso, el proyecto de ley otorga 20% de participación a otros municipios de la región productora, “en función de su proximidad al yacimiento e indicadores de pobreza, privilegiando a los municipios más pobres”. Reduce la asignación de las comunidades indígenas al 2% y da el 3% a las Fuerzas Armadas, para que “coadyuven en el control de tráfico clandestino de minerales al exterior”. Los territorios indígenas deben estar reconocidos y delimitados en la Ley Marco de Autonomías.
La norma también establece la declaratoria de reserva fiscal minera de todos los salares de Bolivia y los entrega a tuición de la Empresa Estratégica de Recursos Evaporíticos.
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