Pese a ciertos anuncios emanados del Ministerio de Minería se ha hecho muy poco por evitar que continúen los avasallamientos a propiedades mineras, y no se avanzó mínimamente en restituir a sus legítimos propietarios las que fueron ocupadas ilegal e irregularmente por comunarios originarios que alentados por algunas corrientes políticas prefirieron dejar sus faenas habituales para disputar a los mineros sus fuentes de empleo.
Son varios los casos sin solución, con centenares de mineros y familiares que fueron prácticamente despojados de trabajo, viviendas y hasta de sus enseres, mientras que empresarios mineros perdieron equipos, herramientas, minerales y por supuesto las concesiones.
De una manera incomprensible, como el caso Santa Marta en la jurisdicción orureña se resolvió con una “instrumentalización” de medidas claramente político-partidarias, apadrinadas por dos prefecturas, la de Oruro que prefirió desmarcarse del caso y someterse a las presiones de comunarios y de la prefectura cochabambina, que en realidad nada tenía que hacer en el asunto que claramente pertenece a territorio orureño, donde se ubica la mina que ahora sigue en disputa de cooperativistas y comunarios.
En el departamento paceño el caso más sonado fue el de Mina Himalaya en octubre del 2007, sin que haya sido resuelto satisfactoriamente hasta el presente sus trabajadores tuvieron que llegar a las medidas de presión para que se respeten sus fuentes de empleo y sin embargo desde el Ministerio del ramo y en los “estrados judiciales”, no se hizo nada para devolver legalidad y restituir el orden alterado por avasalladores.
Ahora último se denuncian nuevos avasallamientos como el de la Mina Andacaba en jurisdicción potosina y de La Chojlla en el distrito paceño, en un caso se trata de comunarios potosinos que ocuparon una concesión, en tanto que en La Paz fueron ex trabajadores en defensa de sus fuentes laborales.
La situación se torna muy delicada porque además con el pretexto de las ocupaciones ilegales, ahora son los dirigentes mineros que piden la expropiación de las minas privadas para que las mismas sean administradas por el Estado, pero bajo un compromiso de entregar las mismas a trabajadores mineros y no a comunarios, por lo menos eso se entiende de últimos hechos que han marcado mayor incertidumbre entre los industriales mineros privados.
¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Es una incógnita que debería despejarse en el más estricto sentido de la legalidad, de manera que comunarios y mineros insatisfechos no sean causa o motivo para expulsar a los inversionistas y quedar con algunos centros mineros o minas privadas sólo como bastiones de guerra pero no como centros de producción activa, pues resulta muy difícil que alguien quiera invertir allí donde no hay seguridad jurídica y donde prevalece la ley del más fuerte.
Se trata de obtener los mejores réditos de la minería, aspecto que sólo se podrá encarar si se dan las condiciones propicias para invertir, trabajar para ganar y con seguridades legales contenidas en la nueva Constitución.
Son varios los casos sin solución, con centenares de mineros y familiares que fueron prácticamente despojados de trabajo, viviendas y hasta de sus enseres, mientras que empresarios mineros perdieron equipos, herramientas, minerales y por supuesto las concesiones.
De una manera incomprensible, como el caso Santa Marta en la jurisdicción orureña se resolvió con una “instrumentalización” de medidas claramente político-partidarias, apadrinadas por dos prefecturas, la de Oruro que prefirió desmarcarse del caso y someterse a las presiones de comunarios y de la prefectura cochabambina, que en realidad nada tenía que hacer en el asunto que claramente pertenece a territorio orureño, donde se ubica la mina que ahora sigue en disputa de cooperativistas y comunarios.
En el departamento paceño el caso más sonado fue el de Mina Himalaya en octubre del 2007, sin que haya sido resuelto satisfactoriamente hasta el presente sus trabajadores tuvieron que llegar a las medidas de presión para que se respeten sus fuentes de empleo y sin embargo desde el Ministerio del ramo y en los “estrados judiciales”, no se hizo nada para devolver legalidad y restituir el orden alterado por avasalladores.
Ahora último se denuncian nuevos avasallamientos como el de la Mina Andacaba en jurisdicción potosina y de La Chojlla en el distrito paceño, en un caso se trata de comunarios potosinos que ocuparon una concesión, en tanto que en La Paz fueron ex trabajadores en defensa de sus fuentes laborales.
La situación se torna muy delicada porque además con el pretexto de las ocupaciones ilegales, ahora son los dirigentes mineros que piden la expropiación de las minas privadas para que las mismas sean administradas por el Estado, pero bajo un compromiso de entregar las mismas a trabajadores mineros y no a comunarios, por lo menos eso se entiende de últimos hechos que han marcado mayor incertidumbre entre los industriales mineros privados.
¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Es una incógnita que debería despejarse en el más estricto sentido de la legalidad, de manera que comunarios y mineros insatisfechos no sean causa o motivo para expulsar a los inversionistas y quedar con algunos centros mineros o minas privadas sólo como bastiones de guerra pero no como centros de producción activa, pues resulta muy difícil que alguien quiera invertir allí donde no hay seguridad jurídica y donde prevalece la ley del más fuerte.
Se trata de obtener los mejores réditos de la minería, aspecto que sólo se podrá encarar si se dan las condiciones propicias para invertir, trabajar para ganar y con seguridades legales contenidas en la nueva Constitución.
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