El Gobierno nacional a tiempo de establecer su agenda de prioridades para su segunda gestión mencionó la decisión de encarar una verdadera revolución a partir de la explotación de sus recursos energéticos como el gas, el petróleo y el litio como la nueva alternativa minera.
En una de sus primeras intervenciones como Mandatario reelecto en Bolivia, Evo Morales anunció que en la nueva gestión dará impulso a la una etapa de industrialización de los recursos naturales que poseemos como el gas y el petróleo, se cambiará la matriz energética para que la población haga uso masivo del gas natural, pero además se masifique la instalación de gas domiciliario.
En minería, el litio es un elemento que se convierte en una segura alternativa para la creación de fuentes de empleo y la generación de recursos económicos para el desarrollo nacional.
En el importante análisis de la situación reinante se reconoce la necesidad de acudir a fuentes de financiamiento para cubrir las millonarias inversiones que requerirán las diferentes etapas de explotación del litio hasta llegar a la fase de industrializar esa materia prima y convertirla en la fuerza motriz que requerirán los vehículos de nueva generación a pilas y sin combustibles.
La explotación de hierro en el Mutún es otra de las alternativas que en el orden de la minería se proyecta para la presente gestión, toda vez que se allanan los problemas que confronta la empresa india Jindal Steel y que en su convenio de inversiones tiene previsto desembolsar recursos para encarar la fase de la siderurgia hasta convertir el hierro en acero.
La idea está planteada de ese modo, pero es relevante también la proyección que existe para encarar otro proyecto de envergadura como la de exportar energía eléctrica luego de la instalación de plantas termo o hidroeléctricas que podrán producir en mediano plazo unos 5.000 kilovatios de energía eléctrica de los cuales 2.000 KV servirán para cubrir la demanda interna y los 3.000 KV restantes serán ofertados para la exportación.
Lo que se ha venido explicando en repetidas ocasiones parece que recién toma “cuerpo” en la programación gubernamental ya que preocupaba saber que en el país hay un potencial reconocido de recursos minerales y sólo se explota una mínima parte de éstos por la falta de capitales para encarar programas de exploración, cuantificación de yacimientos y su respectiva explotación para cumplir las metas de crecimiento productivo que hagan viable la recuperación de divisas y regalías que favorezcan al estado y las regiones.
No es posible entender aún en la coyuntura presente cuál es la causa para seguir demorando la aplicación de medidas concretas, debidamente analizadas para convertirlas en instrumentos legales que nos permitan a los bolivianos disfrutar de los réditos que produzca la explotación de nuestras riquezas naturales y de la energía producida en nuestro propio territorio.
La minería de manera permanente ha contribuido al sostenimiento de la economía nacional y lo ha hecho mediante impuestos y regalías que se han pagado en forma constante aunque su destino no ha servido propiamente para reactivar el sector.
El gobierno de Evo Morales en los cuatro últimos años ha recibido más recursos que los registrados en el periodo del 2002 al 2005 que sólo fueron de 56 millones de dólares, en tanto que en su gobierno del 2006 al 2009 todos por concepto del Impuesto Complementario Minero (ICM) incluyendo un reajuste de alícuota que en el último periodo lo hizo más rentable para el Estado, se recaudaron 439 millones de dólares, beneficiándose directamente las regiones aunque con menos retorno para los inversionistas.
Se aclaró que el ICM es una contribución tributaria de control prefectural que se calcula sobre las actividades mineras clasificadas al mismo tiempo como las de prospección y exploración, explotación, concentración, fundición y refinación además de la comercialización de minerales y metales.
Bajo esas prerrogativas es importante que se aplique de una buena vez una política minera de atracción de capitales respaldado la misma con elementos jurídicos que garanticen las inversiones y al mismo tiempo las operaciones en los yacimientos que sean verificados y autorizados para su explotación.
Hay un nuevo ministro de minería cuya experiencia administrativa no se conoce, pero que está obligado a tomar decisiones urgentes que su antecesor las postergó durante toda la gestión, aún sabiendo de los beneficios que reporta la minería en materia social, especialmente empleo y el rédito para el Estado y las regiones.
Si el Mandatario apunta a que el nuevo Estado sea eje de la economía y se encare una verdadera revolución energética es de esperar que por lo menos en lo que a minería corresponda no se dilate más tiempo la aplicación de un conjunto de medidas que siendo parte de una Ley Minera, respondan a las exigencias de competitividad para atraer capitales y desarrollar millonarios proyectos como los del litio, la otra parte del Mutún, el uranio y otros minerales.
En una de sus primeras intervenciones como Mandatario reelecto en Bolivia, Evo Morales anunció que en la nueva gestión dará impulso a la una etapa de industrialización de los recursos naturales que poseemos como el gas y el petróleo, se cambiará la matriz energética para que la población haga uso masivo del gas natural, pero además se masifique la instalación de gas domiciliario.
En minería, el litio es un elemento que se convierte en una segura alternativa para la creación de fuentes de empleo y la generación de recursos económicos para el desarrollo nacional.
En el importante análisis de la situación reinante se reconoce la necesidad de acudir a fuentes de financiamiento para cubrir las millonarias inversiones que requerirán las diferentes etapas de explotación del litio hasta llegar a la fase de industrializar esa materia prima y convertirla en la fuerza motriz que requerirán los vehículos de nueva generación a pilas y sin combustibles.
La explotación de hierro en el Mutún es otra de las alternativas que en el orden de la minería se proyecta para la presente gestión, toda vez que se allanan los problemas que confronta la empresa india Jindal Steel y que en su convenio de inversiones tiene previsto desembolsar recursos para encarar la fase de la siderurgia hasta convertir el hierro en acero.
La idea está planteada de ese modo, pero es relevante también la proyección que existe para encarar otro proyecto de envergadura como la de exportar energía eléctrica luego de la instalación de plantas termo o hidroeléctricas que podrán producir en mediano plazo unos 5.000 kilovatios de energía eléctrica de los cuales 2.000 KV servirán para cubrir la demanda interna y los 3.000 KV restantes serán ofertados para la exportación.
Lo que se ha venido explicando en repetidas ocasiones parece que recién toma “cuerpo” en la programación gubernamental ya que preocupaba saber que en el país hay un potencial reconocido de recursos minerales y sólo se explota una mínima parte de éstos por la falta de capitales para encarar programas de exploración, cuantificación de yacimientos y su respectiva explotación para cumplir las metas de crecimiento productivo que hagan viable la recuperación de divisas y regalías que favorezcan al estado y las regiones.
No es posible entender aún en la coyuntura presente cuál es la causa para seguir demorando la aplicación de medidas concretas, debidamente analizadas para convertirlas en instrumentos legales que nos permitan a los bolivianos disfrutar de los réditos que produzca la explotación de nuestras riquezas naturales y de la energía producida en nuestro propio territorio.
La minería de manera permanente ha contribuido al sostenimiento de la economía nacional y lo ha hecho mediante impuestos y regalías que se han pagado en forma constante aunque su destino no ha servido propiamente para reactivar el sector.
El gobierno de Evo Morales en los cuatro últimos años ha recibido más recursos que los registrados en el periodo del 2002 al 2005 que sólo fueron de 56 millones de dólares, en tanto que en su gobierno del 2006 al 2009 todos por concepto del Impuesto Complementario Minero (ICM) incluyendo un reajuste de alícuota que en el último periodo lo hizo más rentable para el Estado, se recaudaron 439 millones de dólares, beneficiándose directamente las regiones aunque con menos retorno para los inversionistas.
Se aclaró que el ICM es una contribución tributaria de control prefectural que se calcula sobre las actividades mineras clasificadas al mismo tiempo como las de prospección y exploración, explotación, concentración, fundición y refinación además de la comercialización de minerales y metales.
Bajo esas prerrogativas es importante que se aplique de una buena vez una política minera de atracción de capitales respaldado la misma con elementos jurídicos que garanticen las inversiones y al mismo tiempo las operaciones en los yacimientos que sean verificados y autorizados para su explotación.
Hay un nuevo ministro de minería cuya experiencia administrativa no se conoce, pero que está obligado a tomar decisiones urgentes que su antecesor las postergó durante toda la gestión, aún sabiendo de los beneficios que reporta la minería en materia social, especialmente empleo y el rédito para el Estado y las regiones.
Si el Mandatario apunta a que el nuevo Estado sea eje de la economía y se encare una verdadera revolución energética es de esperar que por lo menos en lo que a minería corresponda no se dilate más tiempo la aplicación de un conjunto de medidas que siendo parte de una Ley Minera, respondan a las exigencias de competitividad para atraer capitales y desarrollar millonarios proyectos como los del litio, la otra parte del Mutún, el uranio y otros minerales.
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