Junto a los hidrocarburos, no después, la minería debe considerarse como el elemento más importante en la generación de empleos y en el sostenimiento de la economía nacional, sus excedentes en materia económica permiten que el Erario Nacional tenga un soporte de beneficio distribuible en todo el país.
La minería desde siempre esperó un impulso financiero para la realización de grandes, medianos y hasta emprendimientos chicos, con la presencia en el ámbito empresarial de la minería de un sector numeroso que lo conforman los cooperativistas organizados y que de momento son beneficiarios directos del apoyo estatal que no va a otros subsectores.
Grandes proyectos mineros han tenido que tentar inversiones externas y lo han logrado a través de una serie de convenios que años atrás tenían un respaldo directo del Estado pero que ha ido cambiando en función de medidas estatales circunscritas a los lineamientos políticos del sistema vigente, lo que significa en el presente, admitir las variables que serán introducidas por efecto de la nueva Constitución y las reglas de juego que definirá el nuevo Código Minero
En la actualidad están vigentes convenios que datan inclusive de una década atrás y que no hace mucho ingresaron en su fase de explotación tras un largo periodo de adecuación técnica en el caso de infraestructura, dotación de energía eléctrica, vías de acceso y otros detalles mientras que en el plano social se demoró la instalación de “nuevas comunidades” para los vecinos que se sentían afectados por las operaciones mineras. Es el caso de San Cristóbal, San Vicente o San Bartolomé en Potosí, fue ejemplo en Oruro, el caso de Inti Raymi que construyó una villa completa para alojar a todos los comunarios de la población más cercana a la operación minera.
Lo que mencionamos es una parte de lo que significa invertir en minería, en la proporción de capitalizar una operación, demorar bastante tiempo en habilitarla y luego encarar la fase de producción y recuperación, pero además la de generar recursos para el Estado y las regiones donde se realizan operaciones mineras de cualquier magnitud, en todos los casos siempre hay rédito positivo que deja la minería.
Años atrás un estudioso de la actividad minera planteó la necesidad de aplicar un modelo que permita sostenibilidad en las inversiones mineras, de manera tal que la misma mantenga las mejores relaciones entre empresas y las comunidades próximas a éstas, a través del desarrollo de proyectos municipales en los que se consideren la atención de aspiraciones regionales, incluyendo aspectos de salud, educación e infraestructura en todos los campos necesarios para el desarrollo de una determinada zona, este hecho rescatado de una propuesta de investigación ha servido para conciliar criterios entre los inversionistas de la minería mediana y los comunarios de varias poblaciones.
Este modelo de asistencia sostenida en el orden social significa cambiar el modus vivendi de los comunarios, dejar algunas costumbres “ancestrales” para incorporarse a una nueva dinámica de desarrollo comunitario que sólo puede dar la minería en función a su capacidad de inversión y planificación técnica de sus operaciones en lugares donde las costumbres permitían vivir con muchas restricciones sólo de las actividades tradicionales agropecuarias.
El punto neurálgico del momento es reconocer la importancia de la actividad minera y otorgarle todas las facilidades para su desarrollo sabiendo que los beneficios están a “vuelta de esquina” asegurando perspectivas halagüeñas para las regiones, comunidades y para el país en conjunto.
Hay que completar el proceso con el cumplimiento de normas estrictas en función de la Ley de Medio Ambiente, asegurando particularmente el cuidado de la naturaleza para las generaciones futuras, tal el sentido de garantizar la salud de trabajadores, sus familiares y el entorno civil de la operación minera.
Buenas operaciones mineras con fuentes de empleo permanentes, con seguridad industrial y cuidado ambiental, con respaldo jurídico y garantía legal son complementos ideales para encarar un proceso de activación minera que se ajuste a las exigencias del presente y se prolongue en la dimensión de un proceso sustentable y beneficioso a la comunidad nacional.
Los desafíos del presente exigen cambios para hacer de la minería una actividad competitiva que asegure inversiones para prolongar y ampliar los proyectos más rendidores en todos los subsectores del ramo.
(Agencia URU)
La minería desde siempre esperó un impulso financiero para la realización de grandes, medianos y hasta emprendimientos chicos, con la presencia en el ámbito empresarial de la minería de un sector numeroso que lo conforman los cooperativistas organizados y que de momento son beneficiarios directos del apoyo estatal que no va a otros subsectores.
Grandes proyectos mineros han tenido que tentar inversiones externas y lo han logrado a través de una serie de convenios que años atrás tenían un respaldo directo del Estado pero que ha ido cambiando en función de medidas estatales circunscritas a los lineamientos políticos del sistema vigente, lo que significa en el presente, admitir las variables que serán introducidas por efecto de la nueva Constitución y las reglas de juego que definirá el nuevo Código Minero
En la actualidad están vigentes convenios que datan inclusive de una década atrás y que no hace mucho ingresaron en su fase de explotación tras un largo periodo de adecuación técnica en el caso de infraestructura, dotación de energía eléctrica, vías de acceso y otros detalles mientras que en el plano social se demoró la instalación de “nuevas comunidades” para los vecinos que se sentían afectados por las operaciones mineras. Es el caso de San Cristóbal, San Vicente o San Bartolomé en Potosí, fue ejemplo en Oruro, el caso de Inti Raymi que construyó una villa completa para alojar a todos los comunarios de la población más cercana a la operación minera.
Lo que mencionamos es una parte de lo que significa invertir en minería, en la proporción de capitalizar una operación, demorar bastante tiempo en habilitarla y luego encarar la fase de producción y recuperación, pero además la de generar recursos para el Estado y las regiones donde se realizan operaciones mineras de cualquier magnitud, en todos los casos siempre hay rédito positivo que deja la minería.
Años atrás un estudioso de la actividad minera planteó la necesidad de aplicar un modelo que permita sostenibilidad en las inversiones mineras, de manera tal que la misma mantenga las mejores relaciones entre empresas y las comunidades próximas a éstas, a través del desarrollo de proyectos municipales en los que se consideren la atención de aspiraciones regionales, incluyendo aspectos de salud, educación e infraestructura en todos los campos necesarios para el desarrollo de una determinada zona, este hecho rescatado de una propuesta de investigación ha servido para conciliar criterios entre los inversionistas de la minería mediana y los comunarios de varias poblaciones.
Este modelo de asistencia sostenida en el orden social significa cambiar el modus vivendi de los comunarios, dejar algunas costumbres “ancestrales” para incorporarse a una nueva dinámica de desarrollo comunitario que sólo puede dar la minería en función a su capacidad de inversión y planificación técnica de sus operaciones en lugares donde las costumbres permitían vivir con muchas restricciones sólo de las actividades tradicionales agropecuarias.
El punto neurálgico del momento es reconocer la importancia de la actividad minera y otorgarle todas las facilidades para su desarrollo sabiendo que los beneficios están a “vuelta de esquina” asegurando perspectivas halagüeñas para las regiones, comunidades y para el país en conjunto.
Hay que completar el proceso con el cumplimiento de normas estrictas en función de la Ley de Medio Ambiente, asegurando particularmente el cuidado de la naturaleza para las generaciones futuras, tal el sentido de garantizar la salud de trabajadores, sus familiares y el entorno civil de la operación minera.
Buenas operaciones mineras con fuentes de empleo permanentes, con seguridad industrial y cuidado ambiental, con respaldo jurídico y garantía legal son complementos ideales para encarar un proceso de activación minera que se ajuste a las exigencias del presente y se prolongue en la dimensión de un proceso sustentable y beneficioso a la comunidad nacional.
Los desafíos del presente exigen cambios para hacer de la minería una actividad competitiva que asegure inversiones para prolongar y ampliar los proyectos más rendidores en todos los subsectores del ramo.
(Agencia URU)
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