Cinco comunidades de la provincia Nor Lípez (suroeste) del departamento de Potosí podrían ser afectadas por la extracción de 50 mil metros cúbicos día (MCD) de las reservas de agua de la región que son usadas para el procesamiento de minerales de la empresa San Cristóbal.
Los impactos de las actividades de la empresa minera San Cristóbal en el medio ambiente fueron presentados en diciembre en el estudio “Minando el Agua”. El documento elaborado por el hidrogeólogo Robert Moran fue financiado por el municipio de Colcha K, el Centro de Estudios Superiores Universitarios de la UMSS (CESU) y el Fondo de Becas Verdes Globales de Estados Unidos.
“Según el estudio de impacto ambiental, de cuatro a cinco comunidades de esa región (Nor Lípez) podrían ser afectadas por esta explotación”, afirmó a La Razón el investigador del CESU, Carlos Crespo.
De acuerdo con datos del estudio ambiental, San Cristóbal extraía (en diciembre) entre 42.000 y 50.000 MCD de aguas subterráneas para aprovisionar su industria; niveles de extracción que podrían incrementarse hasta la finalización de las actividades de la mina. “Hoy estarían explotando hasta 50 mil MCD”, resaltó el investigador del CESU, a tiempo de agregar que “la preocupación que tenemos es por el grave impacto que puede producir sobre el ecosistema”.
Las posibles poblaciones afectadas por la extracción de aguas son: San Cristóbal, Kulpina K y Vila Vila, entre otras. La firma MSC, propietaria de la mina, trasladó a algunos pobladores “directamente afectados por sus actividades” a otras regiones o “ha hecho otro tipo de compensaciones”, dijo Crespo.
El agua de la superficie, explicó, está interconectada mediante filtraciones con aguas subterráneas. De continuar con el bombeo de estas aguas, se corre el peligro de secar el agua superficial dejando sin este recurso a los pobladores que se dedican a la producción agropecuaria y agrícola. “Varias fuentes del entorno a la concesión —ojos de agua— ya desaparecieron”, dijo el investigador. El pasado 9 de marzo, el dirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud, Samuel Llanque, aseguró en conferencia de prensa en Cochabamba que “la contaminación” de las actividades de la mina afectan a al menos 1.000 familias de las comunidades que viven en el área de influencia de San Cristóbal.
La mina de explotación a cielo abierto es uno de los yacimientos de zinc, plomo y plata más grandes del mundo. Está ubicada en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí, a 500 km al sur de La Paz y a 90 km al sudoeste de Uyuni. El informe señala que “los organismos responsables de los datos de control y seguimiento de San Cristóbal y otras empresas no cuentan con el personal ni los recursos adecuados para llevar a cabo una revisión técnica adecuada de los informes presentados durante la fase de operación y menos aún para obtener datos propios de campo e interpretarlos”.
Hasta el cierre de esta edición, este medio intentó comunicarse con el ministro de Minería, José Pimentel, pero la autoridad se encontraba en una reunión. Hoy podría pronunciarse sobre el tema.
ESTADO NO EXIGE PAGO POR AGUA
CONCESIÓN
Las leyes bolivianas sobre minería y uso de aguas son extremadamente débiles, lo cual alienta a las compañías mineras a expropiar toda el área disponible en las regiones de concesión, dice el estudio.
IMPORTE
El informe señala que a las compañías mineras no se les exige pagar por ninguna forma de precio de mercado por el agua que usan, lo cual promueve a su vez acumulación de agua escasa en perjuicio de los campesinos, los dueños de ganado, las municipalidades y otros usuarios de este recurso.
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