jueves, 5 de febrero de 2009

Japón comienza gestiones para explotar el litio

Un legislador, un funcionario de la Cancillería y ejecutivos de las empresas Sumitomo y Mitsubishi se reunieron el lunes y martes con los ministros de Minería y Relaciones Exteriores a fin de analizar la posibilidad de explotar el litio del Salar de Uyuni.

El ministro consejero de la Embajada de Japón en Bolivia, Hayime Naganuma, calificó a los encuentros como “muy importantes para profundizar las relaciones bilaterales” entre ambos países.

El diplomático confirmó que uno de los temas abordados en la oportunidad se refirió a la posibilidad de que ambos gigantes industriales nipones exploten el recurso mineral no metálico.

Naganuma explicó que todavía no existen proyectos específicos japoneses para desarrollar esta tarea.

Los japoneses se reunieron el domingo con los colonos del norte de Santa Cruz.

Un artículo publicado recientemente por el New York Times da cuenta de que, según el Instituto Geológico de Estados Unidos, se pueden extraer alrededor de 5,4 millones de toneladas de litio en Uyuni, en comparación con tres millones en Chile, 1,1 millón en China y 410.000 en Estados Unidos.

Según el rotativo neoyorkino, existe un frenético empeño por construir la próxima generación de autos híbridos o eléctricos y “casi la mitad del litio del mundo, el mineral clave para impulsar a los motores, está en Bolivia”.

El litio es, además, el componente básico para la fabricación de baterías de celulares de nueva generación.

Entrevistado por ese medio, Francisco Quisbert, dirigente de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur de Bolivia (FRUTCAS), dijo que “sabemos que Bolivia puede llegar a ser la Arabia Saudita del litio. Nosotros somos pobres, pero no somos campesinos estúpidos. El litio puede ser de Bolivia, pero también es nuestra propiedad”.

La Constitución aprobada el domingo 25 establece que “los recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros son de carácter estratégico para el país” y que “la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada”.

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