Observaciones y declaraciones de ejecutivos del sector minero chico privado e inclusive de algunos dirigentes de las cooperativas mineras muestran mucha preocupación por la falta de seguridad jurídica y respeto a las concesiones mineras, cuando varias de éstas han sido avasalladas y todavía no se ha dispuesto su restitución a los propietarios perjudicados.
Se menciona el hecho de existir otras formas de inseguridad, como el “juqueo” que persiste en Huanuni y altera la producción de ese importante distrito, la comercialización de minerales a través de negocios irregulares conocidos como “rescatistas” del mineral ilegalmente obtenido, la falta de garantías para operar en algunas “concesiones” mineras por constante hostigamiento de campesinos que arguyen la propiedad de las tierras y desconocen los alcances de la transitoriedad y uso de “propiedades mineras”.
Hay contradicciones cuando desde el Ministerio de área se asegura que en el texto de la nueva Constitución no existe ninguna referencia a la “reversión” de las propiedades mineras y al mismo tiempo se menciona que “se respetan las concesiones preconstituidas, las que no serán revocadas al haber cumplido con todos los requisitos como el pago de patentes y regalías”. Empero la realidad es otra, cuando pese al cumplimiento de esas medidas y la existencia de disposiciones legales de respaldo no se dice nada sobre el futuro de las mismas, sabiendo que en el mismo documento se da fuerza a la propiedad de tierra y territorio, suficiente argumento para que persista la inseguridad, de acuerdo al criterio de empresarios de la minería privada.
“Que no se consigne específicamente la reversión de concesiones, no es ninguna seguridad para que tal cosa no ocurra”, lo interesante para los productores mineros sería que exista un capítulo especial que garantice el derecho al uso de las concesiones, sin peligro de avasallamiento y con pleno respeto a la propiedad privada, es decir mina, infraestructura, maquinaria y equipos, también viviendas y bienes de los empresarios y trabajadores.
Lo que está en la nueva CPE “es que no habrán más concesiones ociosas de algunos productores mineros, porque la nueva norma exige que cualquier concesión cumpla una función económica social” según aseveró el Ministro de Minería Luís Alberto Echazú.
Bajo esta alternativa para los mineros privados, especialmente “chicos”, la situación se presenta muy delicada asumiendo que tampoco se aclara el extremo vigente de “ociosidad” de una concesión, que posiblemente no esté operando precisamente por la presión ilegal que ejercen campesinos de una determinada comunidad, en una concesión en litigio u obligadamente paralizada para evitar el despojo o destrucción de bienes.
El Ministro de Minería aclara que los productores mineros podrán incrementar su producción porque las concesiones mineras se van a transformar “en contratos de operación y explotación directamente con la Comibol”, añadiendo que “el verdadero productor minero tiene ahora más oportunidad de trabajar mediante un contrato con Comibol, hoy no puede porque hay un dueño que lo único que hace es pagar la patente y tiene el derecho de definir sobre ella aunque no produzca. Ahora no va a ser así porque tiene (la concesión) que cumplir también una función económica social.
Ante la preocupación de ejecutivos de la Cámara de Minería de Oruro, de los Exportadores o la Cámara Nacional de Industrias, sobre la falta de claridad en el proyecto pertinente que ya fue aprobado y que por efecto puede perjudicar a los mineros privados, el titular de minería asegura que otorga “garantías al sector (minero) privado e impulsa mediante la Comibol la actividad minera en el país NO permitiendo que existan concesiones ociosas, según publica el diario oficialista Cambio.
Por lo expuesto las dudas no han sido despejadas, al contrario, se acentúa la incertidumbre en un importante sector de la producción nacional minera. La incógnita sin despejar es ¿hay garantías para las concesiones mineras y seguridades para su operabilidad?, con la explicación del Ministro sobre la “ociosidad “de concesiones, nadie sabe cómo se aplicará la medida. (Uru-Not).
Se menciona el hecho de existir otras formas de inseguridad, como el “juqueo” que persiste en Huanuni y altera la producción de ese importante distrito, la comercialización de minerales a través de negocios irregulares conocidos como “rescatistas” del mineral ilegalmente obtenido, la falta de garantías para operar en algunas “concesiones” mineras por constante hostigamiento de campesinos que arguyen la propiedad de las tierras y desconocen los alcances de la transitoriedad y uso de “propiedades mineras”.
Hay contradicciones cuando desde el Ministerio de área se asegura que en el texto de la nueva Constitución no existe ninguna referencia a la “reversión” de las propiedades mineras y al mismo tiempo se menciona que “se respetan las concesiones preconstituidas, las que no serán revocadas al haber cumplido con todos los requisitos como el pago de patentes y regalías”. Empero la realidad es otra, cuando pese al cumplimiento de esas medidas y la existencia de disposiciones legales de respaldo no se dice nada sobre el futuro de las mismas, sabiendo que en el mismo documento se da fuerza a la propiedad de tierra y territorio, suficiente argumento para que persista la inseguridad, de acuerdo al criterio de empresarios de la minería privada.
“Que no se consigne específicamente la reversión de concesiones, no es ninguna seguridad para que tal cosa no ocurra”, lo interesante para los productores mineros sería que exista un capítulo especial que garantice el derecho al uso de las concesiones, sin peligro de avasallamiento y con pleno respeto a la propiedad privada, es decir mina, infraestructura, maquinaria y equipos, también viviendas y bienes de los empresarios y trabajadores.
Lo que está en la nueva CPE “es que no habrán más concesiones ociosas de algunos productores mineros, porque la nueva norma exige que cualquier concesión cumpla una función económica social” según aseveró el Ministro de Minería Luís Alberto Echazú.
Bajo esta alternativa para los mineros privados, especialmente “chicos”, la situación se presenta muy delicada asumiendo que tampoco se aclara el extremo vigente de “ociosidad” de una concesión, que posiblemente no esté operando precisamente por la presión ilegal que ejercen campesinos de una determinada comunidad, en una concesión en litigio u obligadamente paralizada para evitar el despojo o destrucción de bienes.
El Ministro de Minería aclara que los productores mineros podrán incrementar su producción porque las concesiones mineras se van a transformar “en contratos de operación y explotación directamente con la Comibol”, añadiendo que “el verdadero productor minero tiene ahora más oportunidad de trabajar mediante un contrato con Comibol, hoy no puede porque hay un dueño que lo único que hace es pagar la patente y tiene el derecho de definir sobre ella aunque no produzca. Ahora no va a ser así porque tiene (la concesión) que cumplir también una función económica social.
Ante la preocupación de ejecutivos de la Cámara de Minería de Oruro, de los Exportadores o la Cámara Nacional de Industrias, sobre la falta de claridad en el proyecto pertinente que ya fue aprobado y que por efecto puede perjudicar a los mineros privados, el titular de minería asegura que otorga “garantías al sector (minero) privado e impulsa mediante la Comibol la actividad minera en el país NO permitiendo que existan concesiones ociosas, según publica el diario oficialista Cambio.
Por lo expuesto las dudas no han sido despejadas, al contrario, se acentúa la incertidumbre en un importante sector de la producción nacional minera. La incógnita sin despejar es ¿hay garantías para las concesiones mineras y seguridades para su operabilidad?, con la explicación del Ministro sobre la “ociosidad “de concesiones, nadie sabe cómo se aplicará la medida. (Uru-Not).
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