Definitivamente los empresarios de la minería nacional, chicos y medianos porque aún no hay un registro de “grandes”, deberán cumplir la denominada “migración” de sus contratos que hasta ahora les asegura la tenencia de una cantidad de tierras para explotación de recursos naturales y que rige bajo el denominativo de “concesiones mineras”.
Lo importante es saber que “se respetarán los derechos preconstituidos”, lo que significa que “a nadie se le desconocerá que tiene propiedad minera bajo régimen de pertenencia o cuadrículas lo que le permitirá seguir trabajando dentro sus concesiones”, pero se establece que en el lapso de un año deben migrar a contratos firmados por el Estado, a través de la Comibol”.
Hay algo que aclarar para tomar en cuenta la vigencia del año de plazo y es que una disposición transitoria contenida en la nueva Constitución Política del Estado que se aprobó el pasado mes de enero señala que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico”. Se añade un corto párrafo aclarando que “la migración en ningún caso supone desconocimiento de los derechos adquiridos”. Puede ser la seguridad para los industriales mineros del país que mantienen dudas sobre el derecho propietario de las concesiones y sus inversiones.
LA GRAN CONTRADICCION
Los mismos documentos que se utilizan para mencionar procesos de migración de contratos enfatizan en el caso de las cooperativas mineras, las mismas que están excluidas de la disposición por su “carácter productivo social” que se contempla en un artículo transitorio.
Los empresarios mineros se preguntan al respecto si el trabajo que desarrollan con inversiones y creación de fuentes de empleo no tiene también un “carácter productivo y social”, pues se encuadra exactamente en ese objetivo y por tanto debería merecer similar trato que el sector cooperativo.
Es más en el caso de la minería mediana la solución surge en las diversas formas de contratos que rigen en algunas concesiones en las que se reconoce el sistema de arrendamiento, en otras el riesgo compartido y hasta una suerte de convenio mixto, pero igualmente priorizando el efecto productivo social.
Las cosas pueden quedar sin mayores problemas, si evidentemente desde el Ministerio de Minería y Metalurgia se garantiza “que ninguna operación corra riesgo y en ese marco se negociará contrato por contrato de manera adecuada” sin poner en riesgo concesiones e inversiones, que sería lo ideal.
Bajo éstas características, la aplicación de medidas y su cumplimiento en el tiempo de un año podría mantener tranquilos a los industriales mineros, que además reclaman la atención financiera de sus emprendimientos.
Lo importante es saber que “se respetarán los derechos preconstituidos”, lo que significa que “a nadie se le desconocerá que tiene propiedad minera bajo régimen de pertenencia o cuadrículas lo que le permitirá seguir trabajando dentro sus concesiones”, pero se establece que en el lapso de un año deben migrar a contratos firmados por el Estado, a través de la Comibol”.
Hay algo que aclarar para tomar en cuenta la vigencia del año de plazo y es que una disposición transitoria contenida en la nueva Constitución Política del Estado que se aprobó el pasado mes de enero señala que “en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico”. Se añade un corto párrafo aclarando que “la migración en ningún caso supone desconocimiento de los derechos adquiridos”. Puede ser la seguridad para los industriales mineros del país que mantienen dudas sobre el derecho propietario de las concesiones y sus inversiones.
LA GRAN CONTRADICCION
Los mismos documentos que se utilizan para mencionar procesos de migración de contratos enfatizan en el caso de las cooperativas mineras, las mismas que están excluidas de la disposición por su “carácter productivo social” que se contempla en un artículo transitorio.
Los empresarios mineros se preguntan al respecto si el trabajo que desarrollan con inversiones y creación de fuentes de empleo no tiene también un “carácter productivo y social”, pues se encuadra exactamente en ese objetivo y por tanto debería merecer similar trato que el sector cooperativo.
Es más en el caso de la minería mediana la solución surge en las diversas formas de contratos que rigen en algunas concesiones en las que se reconoce el sistema de arrendamiento, en otras el riesgo compartido y hasta una suerte de convenio mixto, pero igualmente priorizando el efecto productivo social.
Las cosas pueden quedar sin mayores problemas, si evidentemente desde el Ministerio de Minería y Metalurgia se garantiza “que ninguna operación corra riesgo y en ese marco se negociará contrato por contrato de manera adecuada” sin poner en riesgo concesiones e inversiones, que sería lo ideal.
Bajo éstas características, la aplicación de medidas y su cumplimiento en el tiempo de un año podría mantener tranquilos a los industriales mineros, que además reclaman la atención financiera de sus emprendimientos.
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