miércoles, 14 de enero de 2009

El empresariado privado sugiere un conjunto de medidas prácticas para impulsar la minería


El empresariado privado del país reconoce la importancia de la minería y su condición generadora de divisas para el sostenimiento de la economía nacional y consiguientemente formula un conjunto de interesantes sugerencias para poder enfrentar la crisis de los precios bajos.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que se reunió a mediados del mes pasado, analizó la crisis minera y decidió proponer soluciones con un conjunto de medidas entre las que sobresalen la urgente diversificación de las economías regionales de los distritos mineros para hacer frente al coyuntural descenso en los precios internacionales.

El principal ejecutivo de la CEPB, Don Gabriel Dabdoub (GD) formuló declaraciones a Perspectiva Minera (PM) sobre el delicado asunto de la minería y su futuro, proponiendo acciones prácticas pero con decisión y voluntad política.

PM.- La caída de los precios internacionales de minerales encuentra a Bolivia desprevenida, sin políticas en minería y sin medidas de protección, el efecto puede ser muy perjudicial, qué opina el ejecutivo del empresariado nacional.

GD.- Lo que es claro no nos hemos preparado como país para asumir una crisis después de una bonanza de precios internacionales que permitirían tener un crecimiento sostenible… hoy las cosas han cambiado la historia del país debido a la caída del precio de los minerales que afecta la economía nacional y vemos preocupados que no existe una agenda económica sino una política que afecta muy profundamente a Oruro porque se observa que no existe un plan minero que haga frente al problema de los precios.

PM.- Si no hay un plan minero adecuado se deberá recurrir a un salvataje de emergencia que evite desocupación y la debacle minera, será posible salvar la minería en esas condiciones?

GD.- En estos momentos se observa que han habido promesas del gobierno que nunca se han cumplido, inclusive se está hablando de dar recursos especiales tanto a Yacimientos como a la minería, pero la preocupación es lógica, de dónde van a salir esos recursos, posiblemente sean excedentes que han quedado por la no ejecución de presupuestos en las prefecturas, las alcaldías y también del Tesoro Nacional que son cerca de 2.400 millones de dólares, pero al final de cuentas nosotros (los empresarios) estamos convencidos que puede hacerse un plan, pero no sólo con una visión de una de las partes, el sector público; tiene que trabajarse con el sector minero que es el que sabe de las soluciones que eviten el impacto negativo que ya se siente en Oruro y Potosí, particularmente con el desempleo.

PM.- La ausencia de una política minera nacional ha provocado una serie de hechos adversos en el sector, especialmente en inversiones, ¿qué significa este hecho en materia económica en el país?

GD.- Primero hay que reconocer que este año vamos a cerrar con un PIB del 5.5% y hay que preguntarnos de dónde venía ese crecimiento y la respuesta es lógica viene del sector más importante que es el exportador y en el mismo está la minería que en el primer semestre y todavía con buenos precios para los minerales ha permitido aportar al crecimiento del país, tenemos que reconocer que ese 5.5% baja en el segundo semestre y con la caída de los precios de minerales ha cambiado el escenario y eso debe movernos a pensar seriamente en una política minera muy clara en base a lo que significa la importancia de la minería, pero la misma si no tiene un plan económico de sustento para enfrentar los precios bajos y hacer de la minería un factor sostenible en el tiempo, entonces tendremos menos aportes y reducción de regalías para el desarrollo de la economía de toda Bolivia.

PM.- En la propuesta del nuevo texto de la CPE hay algunas restricciones en el orden económico y en especial afectando al sistema productivo minero lo que ocasionará un factor negativo en el país, qué opina el empresariado privado?.

GD.- El empresariado nacional ha trabajado con mucha transparencia sobre el texto de la nueva CPE pero dejando que cada departamento asuma su rol sobre lo que cree y quiere de la nueva constitución, sin embargo ya hay departamentos que han asumido por el No, pero por una razón clara y precisa, por ejemplo Potosí, Oruro, Santa Cruz, Chuquisaca y otros que van por el No, lo que no refleja o significa atender sus propias necesidades y resulta que la minería en la nueva constitución no está garantizada, lo que significa la propiedad privada…más aún va en contra y le pone trabas a un desarrollo minero cuando más bien debería facilitar su crecimiento. Lo que observamos claramente es que en el texto de reforma a la Constitución, no hay nada que favorezca a la minería, no hay propiedad privada asegurada a pesar que el Gobierno dice pero se demuestra claramente como se ve recientemente que no hay ningún respeto por la propiedad privada, aunque en la Constitución vigente, es un delito el avasallamiento.

PM.- El panorama no es halagüeño para la minería, hay algunas propuestas del empresariado privado para enfrentar la crisis, quiere reflejarlas en ésta entrevista para conocimiento general.

GD.- En el último encuentro que sostuvimos en La Paz, la propuesta principal para mejorar el sector minero es que cada región debe diversificar su economía, luego castigar los avasallamientos, ajustar los tributos y finalmente obtener incentivos para la exploración minera. Se sugiere también que tanto Oruro como Potosí generen valor agregado a su producción, como ejemplo, el hierro forjado, la metalmecánica, la orfebrería y para ello es importante que el Gobierno facilite las inversiones y abra más mercados de exportación.

Al cerrar la entrevista con el ejecutivo de la CEPB, rescatamos preocupaciones que son realmente factores negativos para los planes del

desarrollo minero. Hay necesidad de que se restituyan las propiedades intervenidas y que se devuelvan las concesiones arrebatadas permitiendo de ese modo preservar miles de empleos que dependen de las operaciones mineras.

En el hecho tributario, los empresarios sugieren revisar la política tributaria evitando cargas exageradas a las utilidades que llegan hasta el 37.5%, lo que ahuyenta inversiones y reduce cualquier perspectiva de trabajo. Finalmente en coincidencia con los directos responsables de la producción minera, se insiste en la obtención de financiamientos de fomento, en condiciones favorables para reactivar de manera práctica el sistema productivo de la minería boliviana.

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