La lámpara del guardatojo de Juvenal Amarillo, de 50 años, se asoma en la oscuridad de la bocamina Virtus, en el cerro Pata Amayapampa, en la localidad potosina del mismo nombre. Unos minutos después aparece el rostro iluminado de ese hombre que lleva 38 años en los socavones, boca abajo, sudoroso, extenuado.
Ataviado con un casco, overol y botas con punta de acero, arrastra un carro a ruedas lleno de rocas; dos de sus compañeros le ayudan a empujarlo. Esa travesía les tomó cerca de media hora y la repiten al menos dos veces al día. Al igual que ellos, otros 278 obreros extraen el oro por sus propios medios, de forma artesanal, cual si fueran mineros cooperativistas.
Trasladan las rocas en volquetas. El destino son ingenios rústicos, ubicados a la vera del río Wirquicocha. Allí las muelen con la esperanza de encontrar el metal, ya que ese yacimiento guarda una rica reserva aurífera. Pero hace un año y cinco meses su situación era otra. Dependían de la empresa Minera Nueva Vista, subsidiaria de la firma LionGold Corp. de Singapur (propiedad de la australiana Castlemaine Goldfields), que compró en 2012 el 100% de las acciones a la australiana Republic Gold Limited (RGL), a la que pagó $us 7 millones. Son un total de 37 concesiones en 2.892 hectáreas.
Los trabajadores aseguran que percibían un sueldo mensual de aproximadamente Bs 5.000, aunque el Gobierno aclara que el promedio llegaba a Bs 3.000. Aportaban a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), recibían atención médica de la Caja Nacional de Salud (CNS), entre otros beneficios sociales, rememora Juan Condori Marcani, secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Amayapampa. Sin embargo, todo ello se esfumó cuando los operadores de esa firma desaparecieron sin decir nada, sin dejar rastro.
“No solo que abandonaron (el proyecto) sino que huyeron del país”, denuncia el ministro de Minería y Metalurgia, René Navarro. ¿Por qué? Es una interrogante que todavía no tiene respuesta, empero, el Ejecutivo tiene una hipótesis: lavado de dinero. LionGold se fue adeudando a los obreros aproximadamente $us 7 millones en sueldos y otras prestaciones sociales, contabilizando las obligaciones que heredó de otras concesionarias desde 2007.
En el tiempo que estuvo gastó al menos $us 13 millones, sin contar los $us 7 millones que pagó por la concesión. Todo esto sin extraer, ni producir un solo gramo de oro en dos años.
Con la salida de la compañía, la mina Amayapampa lleva paralizada 22 años, tiempo en el que ninguna de las cinco empresas extranjeras que compró las acciones pudo reactivarla. El proyecto no se materializó, se convirtió en uno “fantasma”. La Compañía Explotadora de Minas SA (CEMSA) fue la última en producir el metal en cantidades industriales.
En 1994 transfirió sus derechos a Da Capo Resources Ltda., que estuvo hasta 1996. Fue a finales de ese año, casi al acabar el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que Amayapampa fue el epicentro de un conflicto que derivó en la matanza de ocho personas en esa población y de otras tres en Llallagua.
El hecho quedó grabado en la historia del país como la “Masacre de Navidad”. Luego vinieron otras tres firmas. Hasta que LionGold echó raíces en la veta del municipio Chayanta, de la provincia Rafael Bustillo.
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