En estas condiciones es muy difícil prever operaciones mineras que permitan garantizar mínima rentabilidad, lo que hace necesaria la opción de acudir a un soporte extraordinario, que debe implementar y disponer el Gobierno para que la minería en déficit compense sus debilidades productivas.
En el caso del estaño, se ha presentado una mínima coyuntura favorable a las posibilidades de compensar los costos de producción y el retorno económico por la venta de concentrados, debido a un leve asenso en el precio de la libra fina (LF) del estaño, que en el momento más crítico de su bajón llegó a 6,5 $us LF haciendo imposible mantener tareas de explotación. En las últimas semanas, la LF de estaño pasó de los 7, 75 $us, haciendo posible con muchas restricciones el sostenimiento de actividades extractivas, especialmente en el sector estatal y con mayor ventaja en el caso de las cooperativas y la pequeña minería, éstas últimas con menos gastos al no tener "cargas sociales" fuera de su línea de equilibrio.
Un hecho evidente es que las exportaciones mineras han sufrido una caída que en promedio llegó al 50 por ciento, en el sector productivo privado, mientras que el mismo efecto es más demoledor en el sector estatal donde por lo menos un 70% es el cálculo del perjuicio en tales actividades, mientras que para las cooperativas el mismo efecto es mayor al 30% y en un parámetro algo mayor se debaten los mineros chicos.
Como se puede ver, el conjunto de la minería boliviana ésta en conflicto y sólo salva sus actividades regularmente la minería privada, pero con una rebaja de hasta 50% de sus ingresos regulares, lo que se salva con planes especiales de mayor producción y un ajuste sistemático en sus costos de operación, aspectos que no pueden aplicarse lamentablemente, en los otros sectores mineros.
De la teoría a la práctica
Todo el último tiempo, más de año y medio, se pasó en una campaña de anuncios para impulsar proyectos mineros particularmente en el sector estatal y de manera preferencial disponiéndose medidas de "contingencia" para la Empresa Minera Huanuni (EMH), la más afectada por la bajada de precios, debido a las fuertes obligaciones que debe cumplir en materia social con casi 4.000 trabajadores, lo que no sucede por ejemplo en mina Colquiri, empresa estatal en la que se logran utilidades y se mantiene a flote la responsabilidad productiva.
Es con ese ejemplo que demuestra la vigencia de un sistema inequitativo que altera cualquier proyección de unificar un plan general para impulsar la minería estatal, con medidas generales que permitan nivelar los costos de operación, los planes de mayor inversión, mejoramiento tecnológico generalizado y seguridades de mejorar el funcionamiento de toda la cadena productiva minera del Estado.
Muchos son los anuncios sobre el uso de millones de dólares con destino a varios "planes de desarrollo minero", desde querer triplicar las reservas de minerales calculadas actualmente en 313 millones de toneladas y en un periodo de cinco años elevarlas a 1.060 millones de toneladas. Un emprendimiento de tono optimista, pero no más de eso, tomando en cuenta que pese a reiterados anuncios aún no se puede encarar técnica y ordenadamente los trabajos de prospección y exploración minera de nuevos yacimientos.
Lo que pasa es que al no existir una verdadera estructura técnica y administrativa para delinear las actividades mineras, difícilmente se pueden tomar decisiones que apunten objetivamente a cumplir ciertas metas de reactivación minera, tomando en cuenta que al dejar pasar el tiempo y pensando en que cinco años por delante no serán suficientes para imponer un verdadero proyecto productivo minero metalúrgico, la situación de la minería sigue estancada
Expertos opinan
En pasados días algunos analistas han dedicado algún tiempo al análisis de la situación, coincidiendo en que "hay un estado de crisis en la minería" y señalando algunas opciones para salir del paso en la difícil coyuntura de los precios bajos.
La solución más práctica tendría que ser la de incentivar la producción minera en la mayoría de los centros dependientes de Comibol, especialmente en Huanuni, pero en esa mina, no duda cabe, tiene que ser con un soporte extraordinario que si bien ya lo aprobó el Gobierno, ahora debe ser desembolsado y utilizado de manera correcta en los fines más atingentes, pagar deudas para reabrir la provisión de insumos, con lo que se sostendrán las limitadas operaciones de extracción de minerales, el resto casi con seguridad servirá para cubrir la todavía "abultada" planilla social que sigue siendo la carga más pesada para esa empresa.
Es un hecho que existen algunas empresas interesadas en invertir en la minería boliviana, pero tal parece que en todo caso la visión está dirigida a nuevos proyectos mineros, pues nadie quiere cargar con residuos de explotación minera en yacimientos casi agotados, por tanto será importante que entre los nuevos planes de prospección y exploración minera se consideren los intereses de algunos inversionistas, que incluirán en su operación tecnología de punta, un factor que facilitará la cuantificación de nuevos yacimientos.
Entre las opiniones muy prácticas y reales, hay otras que saltan esquemas y si bien se plantean para circunstancias futuras no son propicias para ser aplicadas en la instancia presente, cuando las papas queman, lo primero que hay que hacer es salir de la crisis, mejorando los volúmenes de concentrados y aunque no se quiera, seguir vendiéndolos, en tanto se pase a la fase de convertirlos en metales, un proceso de mucho tiempo y muy fuertes inversiones.
Un buen plan de ejecución tiene un orden de cumplimiento en prioridades y en este caso, amerita la reestructuración de la Comibol, la reglamentación de la Ley 535, para garantizar inversiones y el cumplimiento de las medidas anunciadas.
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