La minería en caída libre

El vicepresidente García Linera ha confirmado que todos los sectores mineros sufren una drástica disminución de ingresos: los ingresos de la minería privada -que aporta más de la mitad del valor las exportaciones de minerales bajaron 50% (de $us 2.800 a $us 1.400), en tanto que las pérdidas en el sector cooperativo alcanzan un 32%; siendo éste el sector más afectado por la caída de los precios, al punto que sus operaciones se hacen insostenibles, y muchas cooperativas deben abandonar la actividad minera.La minería estatal, por su parte, reporta una disminución de 21% en sus ingresos, aunque las pérdidas en este sector podrían ser más graves, dado el cuantioso déficit de la empresa Huanuni.

Curiosamente, el ministro César Navarro ha sugerido que los trabajadores de Huanuni contribuyan "voluntariamente" con el 20% de sus salarios, durante 10 meses, para paliar la situación deficitaria de la empresa. Se sabe, también, que Comibol recurre desde hace meses a préstamos de algunas empresas mineras privadas, a fin de cancelar la planilla salarial y cubrir otros gastos de funcionamiento.

Por cierto, las cifras anteriores son muy elocuentes acerca de la dimensión de la crisis que golpea a la minería boliviana, y pese a que la información oficial no incluye los datos de desempleo en las zonas mineras. Estos últimos, según reportes periodísticos, alcanzan ya niveles inquietantes, presagiando el advenimiento de un período de inestabilidad y agitación social.

¿Y QUÉ HACE EL GOBIERNO FRENTE A LA CRISIS MINERA?

Literalmente nada. Tal vez no se puede decir que en esferas de gobierno no haya preocupación por los problemas de la minería, pero lo que resulta alarmante es la pasividad gubernamental: ninguna política seria, ningún plan coherente, ni siquiera medidas aisladas pero efectivas; únicamente anuncios y promesas, que más parecen aprestos para salir del paso. Tal es el caso del reiterado anuncio de una inyección de $us 70 millones en Huanuni, y que sería mejor que no se concretara porque sería dilapidar dinero en proyectos sin sentido y en una empresa en bancarrota. Y, desde luego, los subsidios que las cooperativas le arrancan al gobierno, siempre que pueden, pero que sólo sirven para apagar momentáneamente incendios.

Da la impresión de que los responsables de la política minera y económica no terminan por asumir la magnitud de la debacle minera, que si bien se dispara con la caída de los precios, tiene raíces más profundas ligadas con la sequía de inversiones y la baja productividad y competitividad de las actividades mineras.

No sabemos si la inacción de las autoridades proviene de la ilusión -ingenua- en que la depresión de los precios está pronta a revertirse o simplemente es un reflejo la impotencia de un gobierno atrapado en su propia demagogia y prácticamente rehén de las presiones de los sindicatos y cooperativas, que no le permiten sincerar la política minera con la realidad de la contracción severa del mercado de minerales y, mucho menos, marcar un nuevo rumbo de racionalidad y de ajustes y reformas necesarias, tal como lo vienen haciendo otros países de la región.

Precisamente, la respuesta de las pocas empresas mineras privadas que subsisten en Bolivia, consiste en reducir costos y buscar mejoras de productividad, lo que conlleva un esfuerzo de inversión pero restringido a eso, que no es lo mismo que invertir en nuevos proyectos de desarrollo minero, y mucho menos en exploración. Esto último hace mucho que no ocurre en Bolivia. Por si fuera poco, las empresas soportan un irracional aumento del costo laboral que amenaza con paralizar las operaciones mineras e incluso, con asfixiarlas.

LA PREOCUPACIÓN DE OTROS PAÍSES: ATRAER INVERSIÓN

Cuando la lucha por captar inversiones es tenaz y encarnizada, en todo el mundo, lo que hay cada vez más es un esfuerzo inusitado de los gobiernos de América Latina por desarrollar políticas eficaces de promoción de inversiones. De hecho, el último país que intenta ponerse al día en materia de impuestos competitivos es el Ecuador, que en la conferencia mundial de minería en Toronto ("Prospector & Developers Association of Canada"), en este mes de marzo, ha anunciado medidas como la reducción de la participación estatal en los impuestos mineros (el governmenttake), la anulación de la retención del 5% a las remesas de dividendos, la devolución del impuesto al Valor Agregado, y también la disminución de las bases de cálculo del impuesto a las ganancias extraordinarias, con lo cual ya sólo aplica una tasa de 22% de Impuesto a las Utilidades.

A principios de este año, en Argentina, el nuevo gobierno de Mauricio Macri anunció la eliminación del impuesto del 10% sobre el valor exportado de minerales -medida aplicada por el gobierno kirchnerista precedente-. Dicho anuncio, sumado a la eliminación del impuesto a las reservas mineras, constituye una fuerte señal de que la Argentina se encamina a revertir la caída de las inversiones mineras y que su propósito es hacer de la minería un sector económico con oportunidades y con mayor competitividad, aplicando un sistema impositivo mucho más acorde al nivel de los impuestos que se pagan en Perú, Chile, Colombia, Brasil y México.

BOLIVIA CON LA TRIBUTACIÓN MÁS ONEROSA

Mientras otros gobiernos adoptan rebajas impositivas para atraer inversiones mineras, el gobierno boliviano se obstina en mantener-más por razones ideológicas que prácticas- un régimen impositivo oneroso e incompatible con el mundo minero de hoy. Véase el cuadro siguiente:

No es pues casual que Bolivia figure en el ranking mundial de minería como uno de los países peor valorados, con una percepción muy negativa de la política minera así como de los sistemas legal y tributario. Pero no solo eso. Como es lógico, la recaudación de impuestos y regalías mineras no cesa de disminuir, y así seguirá ocurriendo mientras la actividad minera continúe contraída y a medida en que la crisis se profundice más y más.

Aparentemente a nuestras autoridades les cuesta aceptar que la fiesta ha concluido, y que es hora de sacudirse de la resaca, para hacer lo que antes no se hizo.

Vistos los cambios que se suceden en la región, uno se pregunta cuánto más habrá que esperar en Bolivia para rectificar un estado de cosas que se ha demostrado sobradamente equivocado, y en consecuencia para poner en práctica las medidas que el sentido común aconseja. Esto es, ofrecer garantías firmes de estabilidad contractual y de protección a las inversiones, de impuestos razonables y competitivos, de costos laborales sostenibles, de reglas claras en la relación de las empresas con las comunidades rurales, de decisiones de política minera suficientemente juiciosas y legítimamente concertadas.