Actividad minera limitada

Al hacer un recuento del desarrollo de las actividades mineras en el país, nos encontramos con una serie de problemas que por supuesto interfieren de manera especial los planes del sector estatal y de "rebote" tocan a la minería privada, que observa con incertidumbre la serie de hechos que generan más dudas que soluciones a los problemas productivos del sector.

Para empezar diremos que la Ley de Reversión de Concesiones Mineras entrará en vigor en un plazo calculado entre 90 y 180 días, para la aprobación de su reglamento, de acuerdo a la estimación del viceministro de Política Minera, Eugenio Mendoza. Hay que recordar que la Ley 403 dictada en septiembre pasado tiene el propósito de restituir al Estado los derechos mineros de áreas que no tienen operaciones ni inversiones.

Los expertos en la materia, comentan que la aplicación de la Ley de Reversión de Derechos Mineros ahondará la crisis de la minería nacional y la falta de inversiones, pues se trata de una norma que se constituye en un retroceso para el sector minero, más cuando el 2 (dos) por ciento del potencial mineralógico nacional se encuentra bajo concesión y si se da lugar a una reversión a favor del Estado se reducirá al 1 (uno) por ciento, cuando más del 40 por ciento del país cuenta con importantes reservas mineralógicas, en opinión del geólogo Guillermo Cortez.

Sobre este tema se manifiesta una opinión que realmente conduce al análisis más serio de la actividad minera, si se cuestiona el desarrollo minero y se habla de recuperación (áreas) Recuperar en qué sentido, porque decir ahora que es del Estado – es lo menos positivo – sabiendo que el Estado con la Comibol tiene miles de cuadrículas que justamente son ociosas, no son trabajadas, por con siguiente no se puede esperar trabajo allí donde no hay seguridad, no hay capital, no hay inversión apuntan los expertos. Este aspecto que es sumamente sensible debe mover a las autoridades del MMM a explicar claramente el proceso de la "reversión de concesiones", pero no sólo en función de mencionar la cantidad de áreas revertidas, sino y de manera especial cuánto se invertirá y cómo se procederá para hacerlas superficies activas y productivas, de lo contrario la ley en cuestión suena más a una actitud política que parecería destinada a favorecer a un sector minero, el menos apropiado, para rendir en beneficio del propio Estado.

En lo que corresponde a la empresa minera estatal, la Comibol, los datos son poco halagüeños pues resulta que en ocho meses de la presente gestión sólo ejecutó un 17 por ciento del presupuesto asignado especialmente para exploración minera. El valor aprobado fue de 36,64 millones de bolivianos para la gestión anual y lo que se ejecutó apenas llega a 6,37 millones. Los distritos de Potosí, La Paz, Santa Cruz y Oruro se consignan entre los que tendrían planes exploratorios, empero por lo menos en el caso local es manifiesta la retardación en efectuar uno o más planes de prospección y exploración minera, pues a tiempo de justificar la inversión se habló de 9,55 millones de bolivianos y en Oruro el gasto fue sólo de 822.313 bolivianos, ni siquiera un millón.

Hay muchos otros problemas que están interfiriendo en los planes mineros y merecen ser resueltos para abrir la senda productiva sin dificultades. Se supone que tales soluciones estarán en la nueva ley minera.