“Las propuestas, sobre todo en asuntos impositivos convertirán a Bolivia en un país altamente riesgoso como para invertir en minería. Se esmeraron en mostrar análisis comparativos de los diferentes tratamientos impositivos en materia minera que se aplican en países vecinos, con los cuales tenemos que competir para la atracción de capitales, demostrando que la pretensión de elevar la carga impositiva hasta casi un 70%, sería una medida totalmente suicida.
No teniendo argumentos válidos como para refutar las cifras, el representante gubernamental acudió al concepto de que la futura actividad minera deberá estar supeditada a la “licencia social”. Argumentando que una mayor carga impositiva a la industria minera sería suficiente para contar con la etérea “aceptación social”. Insistió en que una mayor participación estatal en los beneficios era una condición “sine qua non”. Pero no supo reconocer que los beneficios futuros posiblemente se esfumarían, por falta de inversión en exploración.
Uno de los expositores, insistió en la necesidad de priorizar el componente de exploración minera, pero no supo sustentar dicha opinión, con sugerencias pragmáticas de cómo o con que financiamiento se debería priorizar la actividad de exploración.
El representante del sector cooperativista, mantuvo la posición de que su sector estaba siendo “desatendido” por el Gobierno, manteniendo la posición rentista tradicional, con la que el cooperativismo minero pretende monopolizar lo poco que aun le queda a la depauperada Comibol, en términos de áreas de trabajo y de equipos e ingenios mineros.
El invitado extranjero expuso el panorama minero en el Perú, demostrando una vez mas, el tremendo abismo que existe en el desarrollo de la actividad minera entre los dos países, esencialmente similares en su potencial geológico-minero, como Bolivia y Perú. Demostró con cifras contundentes como la inversión extranjera en minería contribuyo al desarrollo económico de su país y alerto sobre el peligro de “estrangular” las inversiones con cargas impositivas irracionales.
A pesar de la elevada calidad de las intervenciones y de lo contundente de los argumentos presentados ante una nutrida audiencia de mineros de todos los sectores, parecería que todo el esfuerzo de AMCHAM fue otro esfuerzo vano y que de nada servirán las opiniones emitidas no los debates engendrados. La presente administración esta equivocando el camino, con las medidas tendientes a solucionar males consuetudinarios; es a todas luces claro que en este caso “el remedio será peor que la enfermedad”.
El pretender desarrollar una actividad de alto riesgo como lo es la exploración minera, ofreciendo solo una participación minoritaria a quien arriesgue todo el capital y contribuya con toda la tecnología, es simple y llanamente una utopía. Todos esta en pleno acuerdo en la necesidad de una reforma al régimen impositivo minero a fin de rectificar ciertas distorsiones, sobre todo en tiempos donde los precios de los minerales son altos, pero, estas reformas no pueden o por lo menos no deben ser irracionales, al extremo de arriesgar las escasas inversiones actuales ni ahuyentar las posibles inversiones futuras. No querer escuchar las voces de alerta sobre las pretendidas medidas, de otorgar al estado un control casi monopólico de la industria es simplemente ignorar una realidad. La industria minera boliviana, inevitablemente tiene que competir en los mercados internacionales; forzosamente requiere de nuevas inversiones y de modernizar su tecnología. Pero, con las medidas propuestas por la presente administración, no conseguirá hacerlo en un nivel adecuado.
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