Análisis del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) sobre este inconcluso encuentro de la minería nacional que concentró la atención de todos los subsectores, pero que terminó abruptamente con el abandono de una mayoría de delegados y participantes.
ENTRETELONES
“El Primer Seminario Nacional Minero que se celebró a mediados de agosto en Potosí, fue abruptamente interrumpido por el abandono de delegados de la minería mediana, chica y cooperativizada. El abandono se produjo una vez que el Ministro de Minería Luis Alberto Echazú hizo la presentación del Anteproyecto de Ley de la Minería, documento que fue rechazado por los subsectores.
Los delegados indicaron que el citado proyecto de ley fue elaborado de manera unilateral por el gobierno que pretende concentrar todo el poder económico minero en la Comibol, avasallando los derechos de los verdaderos operadores de la minería.
En el mismo seminario y luego del abandono, se esperaba que los disidentes presenten sus propuestas para ser considerados en el anteproyecto de la nueva ley de minería y de esta manera hacer que se reinicien las deliberaciones. Situación que no ocurrió. El seminario prosiguió desarrollando el programa de la agenda, pero con la participación de delegados de otras organizaciones sociales como juntas vecinales, municipios, campesinos, etc.
Horas mas tarde, en una reunión celebrada en la Prefectura de Potosí, el Ministro de Minería informó que será modificado el anteproyecto de ley que introduce cambios en el Código de Minería (presentado en el Seminario nacional) para cuyo fin se comprometió a suscribir un documento con los sectores disidentes y elaborar un nuevo anteproyecto que tome en cuenta el criterio de los sectores interesados.
Entre las observaciones que se formularon al anteproyecto de ley de minería y metalurgia está la referida a la anulación de las concesiones como espacio de trabajo en manos privadas ya que el gobierno quiere que todas las áreas mineras sean de propiedad del Estado.
Se rechaza la forma de trabajo en minería por la vía de contratos entre Comibol y los productores privados ya que ello podría dar lugar a altos niveles de corrupción e inviabilizar las actividades productivas.
Los disidentes consideran atentatoria la continuidad de las operaciones mineras subir los tributos y a la vez obligar que el 51 por ciento de las utilidades netas sean para el Estado. Asimismo cuestionan la intención de anular los actuales contratos con las cooperativas mineras para suscribir otros nuevos otorgando un alto porcentaje de las ganancias a favor del gobierno.
Finalmente observaron el hecho de que las autoridades quieran otorgar un alto poder a las comunidades y pueblos originarios ya que no solo tendrán derecho a veto sino también podrán quedarse con las minas que sean cuestionadas”.
La Patria
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