La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), otrora la principal empresa estatal por la generación de divisas para el Erario Nacional, pasó por diversas circunstancias en su vida institucional, manejada en ciertos periodos bajo reglas más políticas que técnicas, favoreciendo intereses circunstanciales y extremando condiciones de explotación para nutrir algunos capitales o para cubrir los gastos generados por abierta corrupción en los altos niveles de gobernabilidad atrabiliaria.
En buenos tiempos se exportaron grandes volúmenes de concentrados y las ganancias percibidas cayeron en cuentas o en cajas políticas, ya que al no existir normas claras los fuertes ingresos de la minería, fueron derrochados y no sirvieron para el crecimiento del sector.
La política minera de años pasados fue poco previsora, no se aprovechó en fortalecer a la estatal minera cuando el flujo de ingresos era expectante y el potencial de algunos yacimientos permitía exportaciones considerables aunque las mismas siempre producían inequitativos ingresos, porque nuestros recursos naturales carecían de valor agregado, en cambio los compradores separaban varios minerales y lograban utilidades adicionales de los procesos de fundición, con doble beneficio para sus cuentas y una pobre utilidad para las arcas del Estado nacional.
Un proceso revolucionario entre el final de los años 60 y el comienzo de los 70, estableció la creación de la primera Empresa Nacional de Fundición de estaño con lo que se avanzó un paso importantísimo hacia la liberación económica del país, empezando a exportar estaño metálico con valor agregado y con garantía de alta calidad del producto, encontrando amplio mercado en las grandes industrias del exterior. Sin embargo de tal emprendimiento no se han hecho otros de la misma magnitud, salvando el más reciente de la puesta en marcha del costoso horno Ausmelt, que mejoró el rendimiento del complejo metalúrgico de Oruro.
SOPORTE FINANCIERO
Mejorar el sistema productivo minero requiere incentivos económicos, que en el caso de la minería estatal se destinará a mina Huanuni, algo al distrito de Corocoro, se financiará la instalación de la refinadora de zinc que se ubicará en predios de la fundición de Oruro, completando un cuadro de acciones que de cumplirse en tiempos previstos, puede dar satisfacciones a la Comibol, incluso antes de que concrete su reestructuración.
En criterio del nuevo presidente de la Comibol, hay comprometido un "flujo de caja" para mover 300 millones de dólares que significará asegurar la oferta del Gobierno de impulsar la producción minera en las empresas estatales, caso de Huanuni, Corocoro, que deben ser reacondicionadas para mejorar su rendimiento, en tanto que Colquiri y la fundición de Vinto, tendrán un soporte para ampliar y mejorar sus instalaciones.
Se hace necesario concluir el proceso de reestructuración de la Comibol, para que las actividades inmediatas de la "empresa de empresas" se conviertan en parte de las operaciones de exploración y explotación minera, disponiendo un presupuesto de inversión y un gasto corriente que impulse la dinámica en los proyectos dependientes de la Comibol. Un flujo operativo de 30 millones de dólares, abrirá la opción administrativa de una renovada Comibol, aspecto que parece constituir una condición elemental para que en el futuro se pueda acceder sin trabas al flujo económico de los anunciados 300 millones de dólares.
El problema actual está en recuperar el tiempo perdido, más de dos ejecutivos estuvieron inmersos en el proceso y el tercero que llega, se supone con mayores posibilidades de efectuar el cambio, dada su experiencia en el ministerio y en el directorio de la Comibol, pueden ser factores determinantes para completar un programa que seguramente estaba "entrabado" por falta de condiciones colaterales, como las financieras y las que se enmarcan en la cuestión de mando y respaldo consiguiente para reconducir la administradora de contratos en una entidad responsable de ejecutar la política minera y metalúrgica del país, que se supone está encarpetada en el Ministerio de Minería y Metalurgia, MMM.
APLICACIÓN
DE LA LEY 535
La Ley de Minería y Metalurgia 535, fue promulgada en Oruro el 28 de mayo de 2014, en la Gobernación por el Presidente en ejercicio Álvaro García Linera el encargado de dar vigencia al instrumento que determinaría el impulso a la minería boliviana, que justamente tropieza aún con problemas debido a la falta de normativas apropiadas para una renovación del estancado y burocrático sistema administrativo de los organismos que manejan aún la estrategia productiva minera.
A poco más de dos meses para que se cumplan tres años de la promulgación de la Ley 535, carece de reglamentación y no ha sido complementada con el detalle imprescindible que fija y regula la aplicación de tributos para todos los operadores mineros, transacciones sobre la materia y la salvaguarda que debe existir para garantizar las inversiones nacionales o extranjeras en proyectos mineros que deben concretarse para activar algunos sectores estratégicos, como el litio en los salares de Uyuni y Coipasa, o el hierro en el Mutún, además de otros emprendimientos que resulten favorables a los intereses del país y que no pueden concretarse precisamente porque no hay "claras reglas de juego".
El presidente de la Comibol, con referencia al sistema normativo legal, demandó la vigencia plena de la Ley Minera, también mencionó la Ley de Empresas Públicas, se entiende para facilitar el desenvolvimiento de la estatal minera que deberá tener "tuición directa" sobre sus empresas y desarrollar todo el proceso al que se someterá la cadena productiva del sector minero.
El MMM es cabeza sectorial y por lo mismo la responsabilidad de sus ejecutivos debe dirigirse al cumplimiento de metas para desarrollar una estrategia primero legal, luego técnica y finalmente con amplio respaldo financiero, para "reactivar nuestra minería" y avanzar con mayor celeridad hacia el crecimiento de la industria metalúrgica, parte vital para independizar la economía boliviana sujeta a la presión e interés de los importadores de nuestras materias primas.
La Ley 535 debe ser actualizada, si es necesario, reglamentada y complementada en el tiempo más breve posible, de lo que se trata es de establecer condiciones favorables para que funcionen todos los proyectos de la minería y metalurgia de nuestro país, con la mayor aproximación en inversiones a las que se disponen para trabajar la exploración y explotación de hidrocarburos. Es cuestión de equidad y sentido práctico, se trata de recursos naturales no renovables.
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