⇒Nota de Redacción: Por la importancia que reviste la entrevista efectuada en la Revista Reporte Energía, al Ing. geólogo Dionisio Garzón, ex ministro de Minería y Metalurgia, sobre el futuro de la minería nacional, es que nos permitimos reproducir su contenido, sin comentario de nuestra parte, pero valorando la importancia de conceptos en un tema muy delicado y que tiene que ver con el futuro económico de nuestro país.
¿Cuál es la perspectiva para el sector minero en Bolivia este 2017?
Venimos de un auge económico que tuvo su cúspide entre 2008 y 2011 y cuya declinación no acaba de revertirse. El valor de las exportaciones del país que habían tenido (según datos del INE y del Ministerio del ramo) un valor máximo en 2012 de algo más de $us 11.700 millones, en 2015 alcanzó los $us 8,300 millones (MM) y en la gestión pasada y con datos a noviembre solo $us 6.661 MM con una declinación de cerca al 20% respecto de similar periodo de 2015.
El aporte en impuestos del sector minero que había tenido en 2011 un máximo, en cifras redondas, de $us 259 MM, en 2015 solo alcanzó a 78 MM; las regalías mineras en concordancia con lo anterior, que en 2010 significaban para el Estado $us 167 MM, en 2014 solo fueron de $us 163 MM y algo menos en 2015. Por consiguiente se mantiene un comportamiento declinante de la minería del país que se mimetiza en algunos casos con un leve aumento del volumen de producción sobre todo de zinc y plata de los grandes proyectos privados y con el leve repunte del valor del estaño que en la gestión pasada tuvo un promedio de más de 9 $us/libra.
La perspectiva para 2017 es entonces, de mantenimiento de este comportamiento si no se ponen en marcha los proyectos estatales de Uyuni, Mutún, las refinerías de metales base, Mallku Khota, Corocoro y otros menores.
¿Cuáles serán sus principales retos y oportunidades que se presentará en este sector?
El reto principal es subir el nivel de inversión en nuevos proyectos y en las operaciones actuales. En la década el nivel máximo de inversión en el sector fue de $us 520 MM en 2008, de los cuales $us 478 MM eran inversión privada para la puesta en marcha de San Cristóbal y otros proyectos grandes (San Bartolomé y San Vicente). En 2015 la inversión en el sector fue de $us 367,6 MM similar a los $us 346 MM del 2006, las cifras de la gestión pasada serán aún menores. La inversión estatal llegó a $us 187,6 MM en 2015, la privada a $us 180 MM. Estas cifras de inversión son muy bajas si se quiere aumentar el portafolio de proyectos y esto es un reto para 2017 y años siguientes.
Las oportunidades para el país son muy pocas, no hay nuevos proyectos de alguna importancia pero, tenemos un interesante potencial en mineralización aurífera que lamentablemente ahora está controlada por la minería informal (cooperativas y pequeñas empresas) en toda la cadena productiva y de comercialización; sin embargo y como lo hemos postulado siempre, es hora de que el Estado asuma el control de esta cadena. De hacerlo se abrirá un abanico de oportunidades para la implementación de operaciones de explotación racional de estos recursos auríferos. Paralelamente deberíamos focalizar los esfuerzos en la exploración y evaluación del potencial de minerales y metales del grupo del platino y de las "tierras raras", cuyo valor de mercado justifica el esfuerzo y puede llevar a una diversificación de la producción minera en el mediano plazo.
¿De qué dependerá su reactivación y mejores resultados para este 2017 en el país?
Principalmente de la adecuación de la Ley de Minería y Metalurgia (Ley 535 de 28 de Mayo de 2014) a las necesidades del sector, de manera particular en lo que hace a derechos mineros, uso del suelo y del agua, fuentes de financiamiento y acceso a la banca y bolsas de valores para fines de aval de financiamiento en base a derechos y reservas de mineral. La "camisa de fuerza" que significan las actuales restricciones al respecto, impide la llegada de nuevas inversiones como se ha visto en la década precedente y aún después de la promulgación de la ley sectorial.
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