Los "caza minas" tienen en su poder cientos de concesiones mineras que equivalen a miles de hectáreas de yacimientos mineralizados, aspecto al que el Gobierno pretende poner fin.
El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro Miranda, informó ayer que detectaron cientos de áreas de engorde en los que los titulares de las concesiones mineras subarriendan estas y consiguen, de esa manera, beneficios económicos con una mínima inversión.
"En Tupiza estamos haciendo la reversión de unas áreas que necesita una cooperativa para la instalación de un ingenio y un dique de colas. Ellos identificaron el área, pero el titular les pidió alquiler por la misma. Se hizo una investigación y esa persona no tiene ninguna actividad minera, pero posee como 75 cuadrículas que equivalen como a 1.800 hectáreas", detalló el ministro potosino.
Navarro anunció que el Gobierno aplicará la caducidad para ese caso y todos aquellos en los que no existe consolidada la función económica social y que estén siendo usadas para generar beneficios económicos al margen de la ley.
Ese es el caso de algunas cooperativas mineras de Potosí que trabajan en yacimientos que están en manos de los denominados "caza minas" que en el pasado concretaron derechos sobre concesiones que equivalen a miles de hectáreas con la finalidad expresa de especular con ellas y en ningún momento tienen previsto desarrollar labores de extracción de cargas o instalación de ingenios.
MIGRACIÓN
La Ley de Minería y Metalurgia establece que los operadores mineros tendrán que migrar los contratos con la finalidad de evitar los procesos de expeculación para que logren la titularidad sobres las áreas mineras y no tengan que seguir pagando a especuladores.
El ministro explicó que la migración establece el cumplimiento de requisitos básicos que permitirán respetar los derechos de los verdaderos actores productivos mineros, pero afectará a quienes no desarrollan labores productivas.
El titular de minería asistió ayer a una reunión con los mineros medianos, a quienes explicó la necesidad de consolidar la migración de contratos y se abrió la posibilidad de ampliar los plazos; más no el incumplimiento de alguna exigencia.
Leyes obligan explotar la concesión
“Los recursos minerales, cualquiera sea su origen o forma de presentación existentes en el suelo y subsuelo del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano; su administración corresponde al Estado con sujeción a lo previsto en la presente Ley”, establece la Ley de Minería y Metalurgia.
Dicha norma dice que por la naturaleza no renovable de la riqueza minera, la importancia de su explotación para la economía nacional y por ser fuente primordial de generación de recursos fiscales y fuentes generadoras de empleo y trabajo, los recursos minerales y las actividades mineras son de carácter estratégico, de utilidad pública y necesidad estatal.
La función económica social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular. Cuando no se cumpla la función económica social las concesiones serán revertidas a dominio del estado, indica la norma legal.
“Hemos detectado cientos de áreas de engorde, los titulares subarriendan las mismas".
César Navarro Miranda - MINISTRO DE MINERÍA
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