Hasta fines del pasado mes de febrero, un 61 por ciento de los responsables de actividades mineras del país, entre estos empresarios privados, en mayor número y también los cooperativistas mostraron su interés por cumplir las determinaciones de "adecuación de derechos mineros", esto significa que de 6.500 operadores mineros, 4.000 ya entraron en la fase de socialización del proyecto, recogiendo los datos necesarios e instrucciones para proceder en tiempos establecidos a la migración de los contratos, para habilitar legalmente sus operaciones.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), oficializó que ese proceso de "socialización" se cumple en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en los que se realizaron hasta 40 talleres de instrucción, habiendo sido beneficiados más de 4.000 actores productivos mineros, que trabajan en ciudades capitales, intermedias y algunas comunidades con recursos mineros.
Para conocimiento de los interesados, según la AJAM, la adecuación de derechos mineros es el proceso por el cual, las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), ex concesiones mineras y contratos de arrendamiento se adecuarán al nuevo marco normativo a través de la suscripción de contratos administrativos mineros con la estatal AJAM, en cumplimiento de la Resolución Ministerial 0294/2016 referida a la adecuación de derechos mineros a contratos administrativos mineros. Dicha R.M. tiene como base la Ley 845 promulgada en octubre de 2016, la que modifica la Ley 535 de Minería y Metalurgia y la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros.
Para conocimiento de los "actores mineros", la disposición legal busca restablecer el derecho que tiene la Comibol sobre las áreas que cedió a las cooperativas mineras a través de contratos de arrendamiento. Tiene por objeto revertir las áreas sobre las cuales las cooperativas mineras tengan vigentes contratos con empresas mineras privadas nacionales o extranjeras, además de controlar y fiscalizar a las cooperativas mineras del país. Hay que recordar que el cambio se origina como consecuencia del conflicto entre el Gobierno y las cooperativas mineras que se produjo en agosto del año pasado en la localidad de Panduro.
Los plazos están corriendo y todo el proceso deberá culminar el año 2019, según estima la AJAM.
LO QUE HACE LA COMIBOL
En versión oficial del ejecutivo de la estatal minera, la Comibol migrará 12 contratos de asociación a contratos de explotación minera que tiene suscritos con operadores privados, entre estos- como referencia- el convenio existente con la transnacional Empresa Minera Manquiri en la jurisdicción de Potosí. Al respecto la autoridad de Comibol aclaró que "no habrá reversión de áreas, en el caso de esos operadores privados porque migrarán de contratos de asociación a contratos de explotación minera".
La autoridad de Comibol, aclaró que se trata de 12 contratos de arrendamiento con operadores privados, en algunos casos con empresas transnacionales, como el caso de Panamerican Silver, Manquiri y otras. Se determinó un plazo de 60 días para la conciliación de esos contratos, pero una aserie de circunstancias han impedido que se trabaje sobre el asunto en los meses de enero y febrero, por lo mismo es necesario ampliar ese periodo para regularizar el tema de los derechos mineros, ya que existe "una relación fluida con las mineras privadas" para discutir asuntos económicos y las condiciones de nuevos contratos.
Lo que se asegura es que el proceso de migración de contratos se cumplirá en plazos definidos, pues para la Comibol es importante establecer el flujo de caja que tendrá la entidad para sus futuras operaciones.
Un detalle importante, pero relacionado con las cooperativas mineras, es que existe un periodo de conciliación de cuentas con las cooperativas mineras antes de pasar a la fase de migración de sus contratos. El asunto más claro es que varias cooperativas tienen cuentas pendientes con la estatal minera, por diferentes conceptos, el caso de alquileres impagos por arrendamiento, deudas por la compra de equipos, alquiler de materiales, entre otros, situaciones que deberán ser aclaradas, para avanzar en la adecuación de nuevos contratos. Las empresas y cooperativas que con deudoras a la Comibol, no podrán migrar a los nuevos contratos, afirmó el titular de Comibol, añadiendo que "además para acceder a nuevos contratos, las organizaciones mineras deben presentar un plan de trabajo y demostrar su capacidad financiera para desarrollarlo".
Las cosas han cambiado y las disposiciones que fueron aprobadas en septiembre pasado tienen su efecto a tiempo de cumplirse normativas de adecuación, proceso en el que entran operadores privados y cooperativas, unos con más posibilidades de cumplir las normas, otros con dificultades propias de la ausencia de asesoramiento y tecnología.
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