Hasta hace algunas décadas, en Bolivia prácticamente no se siguió ningún tipo de política para un cierre adecuado de las faenas mineras, tal es así que después de varios años los pasivos ambientales generados por la minería estatal, privada grande, mediana o pequeña se constituyen en verdaderos focos de contaminación, muchas veces ubicados cerca o en las mismas zonas urbanas de centros poblados e incluso ciudades importantes.
La actividad minera en general y por sus características propias, produce varios impactos en el entorno físico y social en todas sus etapas, tanto durante el reconocimiento geológico, la prospección, la exploración, como en la explotación, el beneficio y el cierre de la operación a la conclusión de su vida útil.
Las razones que pueden llevar al cierre y abandono temporal o permanente de determinada operación minera son diversas, entre las cuales se pueden mencionar:
Bajo precio de los metales, constituye un alto riesgo para la minería chica y la pequeña minería, ya que estas no tienen la capacidad de compensar el menor precio con mayor volumen y/o no tienen el respaldo financiero suficiente para enfrentar la crisis.
Recursos geológicos finitos, esta es una realidad con la que se enfrentan todos los proyectos mineros. No obstante que siempre existe la posibilidad de que a través de actividades de exploración se encuentren nuevos recursos que alarguen la vida útil del proyecto original, tarde o temprano los recursos se agotarán llevando al inevitable cierre de la mina.
Mala gestión empresarial, este aspecto puede conducir al proyecto minero a una crisis administrativa y/o una crisis financiera.
A nivel de cierre y restauración, las exigencias de la legislación ambiental están definidas en el reglamento de las actividades mineras, RAAM (Reglamento Ambiental para Actividades Mineras). Sin embargo, estas exigencias difieren según los tipos de actividades mineras.
Es importante hacer notar que la planificación inicial de la explotación minera tomando en cuenta labores de mitigación de los impactos ambientales, paralelos a las actividades de explotación permite reducir enormemente los gastos correspondientes al cierre y restauración. Por tanto, independientemente del uso posterior que se pueda dar a los terrenos afectados por la actividad minera en la zona, un adecuado proceso de cierre permitirá:
• La restauración de la producción biológica del suelo.
• La reducción y control de la erosión.
• La estabilización de los terrenos.
• La protección de los recursos hídricos y
• La integración paisajística.
Tras finalizar la vida útil de una operación minera, se pone en marcha el plan de abandono y cierre de la misma. Este plan incluye desde el desmantelamiento y demolición de aquellas instalaciones que no vayan a cumplir ninguna función y pueden suponer una alteración o llegar a provocar accidentes, hasta el acondicionamiento de las zanjas o fosas excavadas en la última etapa y depósitos de estériles, con vistas a eliminar posibles fuentes de contaminación de las aguas, riesgos de accidentes, etc. En esta etapa final se realizan los últimos trabajos de recuperación al tiempo que se inician las labores de seguimiento y control propias de la fase post-operacional.
Justamente para limitar los costos y la complejidad de las labores de cierre y restauración, es que se recomienda planificar, disponer el presupuesto necesario y ejecutar las tareas de mitigación ya durante el período de explotación y no dejar todas las actividades de cierre para el final de la operación. De esta manera se baja considerablemente el presupuesto para el cierre final y se simplifican enormemente las actividades de restauración de toda el área trabajada.
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