Que hay indecisiones para desarrollar grandes proyectos mineros, es evidente, tanto así que sabiendo del potencial de recursos naturales que posee nuestro país es poco lo que realmente se hace para potenciarnos y definir una línea política que de manera sostenida impulse la minería, pero en su conjunto y no solo aquella que por factores sociales como las cooperativas, reciba el apoyo que en realidad debería ser parejo para todos los sectores desde la minería chica hasta la mediana y la tecnológicamente moderna que funciona con grandes inversiones.
El caso por ejemplo de establecer claramente hasta dónde pueden comunarios de una región alterar planes de la minería, que en su generalidad con más o menos gente significa socialmente salvar el déficit de fuentes de empleo. Los avasallamientos no están prohibidos específicamente, sólo restringidos por las condiciones adversamente políticas que han generado entre los inversionistas.
Otro caso que se presenta y está latente es el de Potosí, la ciudad imperial, cuya riqueza quieren seguir explotando miles de trabajadores mineros pero a riesgo de alterar la forma cónica de la fabulosa montaña de plata, que según entendidos en la materia tiene aún mucha riqueza en sus entrañas. La difícil solución ya ha enfrentado a dirigentes cívicos y mineros, se trata de cuidar por un lado la estética del cerro reconocido como Patrimonio de la Humanidad, pero por otra parte y al margen de cualquier visión apocalíptica sobre la estabilidad del gigante depósito de plata los mineros quieren sacarle lo más que puedan en tanto no se desmorone el monumento histórico nacional.
El caso de Huanuni y su río contaminado, las aguas de otras minas menores que afectan la cuenca del sector y dañan el ecosistema es otra preocupación que pone en vilo a las autoridades de la minería nacional, que como si fuera poco no terminaron de tramitar la denominada “licencia ambiental” que es un requisito imprescindible para las operaciones mineras y que en la visión política coincidente con algún artículo de la Constitución viene a ser una especie de “licencia social” que da “alas” a los grupos comunitarios para oponerse a las operaciones mineras.
Aunque se mencionen grandes proyectos, como los del Mutún, ya en marcha con algunas dificultades legales, o el caso del litio incipiente aún en su futuro industrial, lo cierto es que los sectores mineros están reclamando una política minera debidamente esbozada, técnicamente adecuada a la realidad nacional y lo más importante reglamentada en sus mínimos detalles para evitar que se produzcan inconvenientes sobre el tema tierras y concesiones, seguridad jurídica y garantías de operación que abran nuevas alternativas a muchos inversionistas que de momento observan el panorama político que vivimos en Bolivia y que se aclarará --de cualquier modo-- en el último mes de este año. La minería mientras tanto está en capilla.
El caso por ejemplo de establecer claramente hasta dónde pueden comunarios de una región alterar planes de la minería, que en su generalidad con más o menos gente significa socialmente salvar el déficit de fuentes de empleo. Los avasallamientos no están prohibidos específicamente, sólo restringidos por las condiciones adversamente políticas que han generado entre los inversionistas.
Otro caso que se presenta y está latente es el de Potosí, la ciudad imperial, cuya riqueza quieren seguir explotando miles de trabajadores mineros pero a riesgo de alterar la forma cónica de la fabulosa montaña de plata, que según entendidos en la materia tiene aún mucha riqueza en sus entrañas. La difícil solución ya ha enfrentado a dirigentes cívicos y mineros, se trata de cuidar por un lado la estética del cerro reconocido como Patrimonio de la Humanidad, pero por otra parte y al margen de cualquier visión apocalíptica sobre la estabilidad del gigante depósito de plata los mineros quieren sacarle lo más que puedan en tanto no se desmorone el monumento histórico nacional.
El caso de Huanuni y su río contaminado, las aguas de otras minas menores que afectan la cuenca del sector y dañan el ecosistema es otra preocupación que pone en vilo a las autoridades de la minería nacional, que como si fuera poco no terminaron de tramitar la denominada “licencia ambiental” que es un requisito imprescindible para las operaciones mineras y que en la visión política coincidente con algún artículo de la Constitución viene a ser una especie de “licencia social” que da “alas” a los grupos comunitarios para oponerse a las operaciones mineras.
Aunque se mencionen grandes proyectos, como los del Mutún, ya en marcha con algunas dificultades legales, o el caso del litio incipiente aún en su futuro industrial, lo cierto es que los sectores mineros están reclamando una política minera debidamente esbozada, técnicamente adecuada a la realidad nacional y lo más importante reglamentada en sus mínimos detalles para evitar que se produzcan inconvenientes sobre el tema tierras y concesiones, seguridad jurídica y garantías de operación que abran nuevas alternativas a muchos inversionistas que de momento observan el panorama político que vivimos en Bolivia y que se aclarará --de cualquier modo-- en el último mes de este año. La minería mientras tanto está en capilla.
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