No es una sorpresa saber que en niveles gubernamentales se ignoran ciertas normas legales para el desarrollo de varias actividades. Los que incumplen las normas son generalmente altos funcionarios de Estado, si no parlamentarios, viceministros y hasta otros de bajo nivel en la escala de la asignación de cargos, esos que no importa quién los ostentan con exagerada prepotencia.
Se da el caso que sin atribuir de manera directa a ejecutivos del Ministerio de Minería o quién sabe sólo de la Comibol, se incumplieron algunas normas que para empresarios de la minería privada no pueden postergarse, especialmente si se trata de la puesta en marcha de proyectos mineros con fuerte inversión que generalmente esperan por mucho tiempo la famosa “licencia ambiental”.
Esa especie de autorización legal para emprender proyectos mineros de cualquier envergadura, no fueron oportunamente tramitados para proyectos mineros como de Coro Coro donde ya se producen láminas de cobre y sin la pertinente licencia ambiental. Otro tanto ocurre con la planta piloto de Uyuni para el futuro tratamiento de las salmueras en pos de carbonato de litio.
Lo cierto es que en nuestro país, muchas operaciones mineras se cumplen sin esos requisitos que de algún modo obligan a tomar previsiones para cuidar el medio ambiente, el hecho es que las corrientes “ambientalistas” del tiempo actual movilizan a ciertas organizaciones a estar pendientes de esos trámites para tener justificativo de su preocupación “medio ambiental”.
Las condiciones actuales sin embargo tienen otro matiz y es que se trata de la intervención de los comunarios en defensa de su hábitat, sus cultivos y la salud de sus familiares, por supuesto con justificada preocupación, pero activada en grado de emergencia por las corrientes exógenas y respaldadas internamente por las propias reglas de juego aprobadas por el Gobierno en la Constitución, aunque todavía no debidamente reglamentadas.
Aquí se presenta el doble problema, cumplir con la Ley del Medio Ambiente en toda su extensión y de manera general, pero además establecer condiciones propicias para que los comunarios de varias regiones donde se desarrollan actividades mineras, entiendan claramente los valores intrínsecos del uso del suelo y el subsuelo, las condiciones más propicias para garantizar inversiones mineras y obtener recaudos de alto valor financiero para el TGN y las regiones o ceder a las presiones de los sectores comunitarios, a los avasallamientos y la violencia que altera las garantías que exigen las operaciones mineras.
Nadie puede estar en contra de las comunidades agrarias, la minería no es enemiga de esos sectores también productivos, pero hay que poner cada cosa en su lugar, establecer prioridades y asumir responsabilidades, de manera que minería y agropecuaria puedan desarrollarse paralelamente, en base a planes debidamente elaborados para sustentar la minería y que ésta a su vez permita el desarrollo de las tareas normales de nuestros comunarios, sin que estos tengan la necesidad de invadir, atropellar o avasallar la propiedad minera en pos de trabajo.
El Gobierno tiene la necesidad urgente de reglamentar la parte correspondiente al uso de la tierra, de manera que la nueva Constitución no sea motivación para generar problemas entre bolivianos, mineros y agricultores.
Las “licencias ambientales”, deben normar el cuidado del medio ambiente, pero garantizando la seguridad jurídica que necesitan los emprendimientos mineros y también las operaciones petroleras en el país.
Se da el caso que sin atribuir de manera directa a ejecutivos del Ministerio de Minería o quién sabe sólo de la Comibol, se incumplieron algunas normas que para empresarios de la minería privada no pueden postergarse, especialmente si se trata de la puesta en marcha de proyectos mineros con fuerte inversión que generalmente esperan por mucho tiempo la famosa “licencia ambiental”.
Esa especie de autorización legal para emprender proyectos mineros de cualquier envergadura, no fueron oportunamente tramitados para proyectos mineros como de Coro Coro donde ya se producen láminas de cobre y sin la pertinente licencia ambiental. Otro tanto ocurre con la planta piloto de Uyuni para el futuro tratamiento de las salmueras en pos de carbonato de litio.
Lo cierto es que en nuestro país, muchas operaciones mineras se cumplen sin esos requisitos que de algún modo obligan a tomar previsiones para cuidar el medio ambiente, el hecho es que las corrientes “ambientalistas” del tiempo actual movilizan a ciertas organizaciones a estar pendientes de esos trámites para tener justificativo de su preocupación “medio ambiental”.
Las condiciones actuales sin embargo tienen otro matiz y es que se trata de la intervención de los comunarios en defensa de su hábitat, sus cultivos y la salud de sus familiares, por supuesto con justificada preocupación, pero activada en grado de emergencia por las corrientes exógenas y respaldadas internamente por las propias reglas de juego aprobadas por el Gobierno en la Constitución, aunque todavía no debidamente reglamentadas.
Aquí se presenta el doble problema, cumplir con la Ley del Medio Ambiente en toda su extensión y de manera general, pero además establecer condiciones propicias para que los comunarios de varias regiones donde se desarrollan actividades mineras, entiendan claramente los valores intrínsecos del uso del suelo y el subsuelo, las condiciones más propicias para garantizar inversiones mineras y obtener recaudos de alto valor financiero para el TGN y las regiones o ceder a las presiones de los sectores comunitarios, a los avasallamientos y la violencia que altera las garantías que exigen las operaciones mineras.
Nadie puede estar en contra de las comunidades agrarias, la minería no es enemiga de esos sectores también productivos, pero hay que poner cada cosa en su lugar, establecer prioridades y asumir responsabilidades, de manera que minería y agropecuaria puedan desarrollarse paralelamente, en base a planes debidamente elaborados para sustentar la minería y que ésta a su vez permita el desarrollo de las tareas normales de nuestros comunarios, sin que estos tengan la necesidad de invadir, atropellar o avasallar la propiedad minera en pos de trabajo.
El Gobierno tiene la necesidad urgente de reglamentar la parte correspondiente al uso de la tierra, de manera que la nueva Constitución no sea motivación para generar problemas entre bolivianos, mineros y agricultores.
Las “licencias ambientales”, deben normar el cuidado del medio ambiente, pero garantizando la seguridad jurídica que necesitan los emprendimientos mineros y también las operaciones petroleras en el país.
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