El tema que nos ocupa hoy seguramente que se ha convertido en un dolor de cabeza para el actual Gobierno, puesto que todo el pueblo potosino está preocupado por la estructura del legendario Cerro Rico del “photojsi” -como dijera Diego Huallpa allá por el Siglo XVI, cuando una vertiente argentífera brotó del suelo-, habiendo sido la mejor conquista efectuada por la corona de España y que durante siglos se constituyó en el emporio de riquezas de la Europa de entonces.
Decimos que hoy se constituye en un dolor de cabeza para el Gobierno, pero debemos considerar de la misma manera para los potosinos, porque no se trata simplemente de conservar la estructura del Cerro Rico de Potosí, sino de incursionar en el conocimiento de cómo se atrevieron a adjudicar sus riquezas a consorcios extranjeros, en cuya conducta estuvieron comprometidas autoridades de la Comibol residual, ministros de Minería, políticos acostumbrados a enajenar nuestros recursos naturales, etc., de manera que se pueda hacer una prognosis de lo que pueda ocurrir a futuro, tal como van las cosas, a partir de la intervención de los sectores cívicos potosinos, mientras que los sectores políticos nada dicen sobre esta problemática, donde se huele que hubo “diezmos”, de los que nadie se salva, por ser la época institucionalizada de los mismos.
Se conoce, por informaciones de técnicos potosinos, que el contrato entre Comibol y la Empresa Minera “Manquiri”, para la explotación de minerales en aquel monumento nacional, fue producto de la inversión de capitales europeos y americanos, en el que intervinieron no solamente las autoridades de Comibol junto a dirigentes de las cooperativas mineras de aquella región, sino también políticos que comprometieron sus influencias para hacer posible ese emprendimiento, sin tener en cuenta que se estaba conspirando en contra de la estructura piramidal del Cerro Rico de Potosí. Por aquel contrato la Prefectura del Departamento de Potosí estaría percibiendo regalías mensuales en el orden de los $us. 600.000.-, así como la Municipalidad de Potosí en el orden de los $us. 400.000.- mensuales.
Pero por el simple hecho de la percepción de esas regalías, que con absoluta seguridad no están siendo aprovechadas en tareas del desarrollo, no se debe destruir su estructura que está en actual peligro, y es lógico que las instituciones cívicas asuman la defensa de la misma, de modo que no es pertinente que se pretenda endilgar que el tema tendría carácter político partidario, cuando no cívico.
Lo lamentable es que no se vislumbra solución, porque en medio se encuentra vigente un contrato entre el Estado y la inversión privada de una transnacional. Lo único que correspondería es el análisis de aquel documento a la luz del derecho, para conocer a ciencia cierta los antecedentes de tamaña determinación gubernamental, a sus responsables directos e indirectos, porque a través de ello se podrá diseñar una solución que satisfaga a ambas partes.
Sin embargo, es necesario que el Gobierno asumiendo su responsabilidad inicie la tarea de establecer un diagnóstico del problema y que anticipadamente vaya pensando en una posible indemnización, a partir de una nacionalización de aquel emprendimiento, así como socializar el tema con los mineros cooperativistas, que tienen mucho que ver con los antecedentes de aquel contrato, quienes tienen la obligación de someterse a dicha solución que conlleve al mantenimiento de su Monumento Nacional.
De no ser así, anticipamos que Potosí estaría frente a una catástrofe de gran magnitud, y en el futuro se tendría que revisar inclusive lo que actualmente tiene el Escudo Nacional. Por eso es que nos atrevemos a llevar este mensaje a los hermanos potosinos, aun a riesgo de no ser escuchados por aquellos responsables de un posible magnicidio (El Diario Net).
Decimos que hoy se constituye en un dolor de cabeza para el Gobierno, pero debemos considerar de la misma manera para los potosinos, porque no se trata simplemente de conservar la estructura del Cerro Rico de Potosí, sino de incursionar en el conocimiento de cómo se atrevieron a adjudicar sus riquezas a consorcios extranjeros, en cuya conducta estuvieron comprometidas autoridades de la Comibol residual, ministros de Minería, políticos acostumbrados a enajenar nuestros recursos naturales, etc., de manera que se pueda hacer una prognosis de lo que pueda ocurrir a futuro, tal como van las cosas, a partir de la intervención de los sectores cívicos potosinos, mientras que los sectores políticos nada dicen sobre esta problemática, donde se huele que hubo “diezmos”, de los que nadie se salva, por ser la época institucionalizada de los mismos.
Se conoce, por informaciones de técnicos potosinos, que el contrato entre Comibol y la Empresa Minera “Manquiri”, para la explotación de minerales en aquel monumento nacional, fue producto de la inversión de capitales europeos y americanos, en el que intervinieron no solamente las autoridades de Comibol junto a dirigentes de las cooperativas mineras de aquella región, sino también políticos que comprometieron sus influencias para hacer posible ese emprendimiento, sin tener en cuenta que se estaba conspirando en contra de la estructura piramidal del Cerro Rico de Potosí. Por aquel contrato la Prefectura del Departamento de Potosí estaría percibiendo regalías mensuales en el orden de los $us. 600.000.-, así como la Municipalidad de Potosí en el orden de los $us. 400.000.- mensuales.
Pero por el simple hecho de la percepción de esas regalías, que con absoluta seguridad no están siendo aprovechadas en tareas del desarrollo, no se debe destruir su estructura que está en actual peligro, y es lógico que las instituciones cívicas asuman la defensa de la misma, de modo que no es pertinente que se pretenda endilgar que el tema tendría carácter político partidario, cuando no cívico.
Lo lamentable es que no se vislumbra solución, porque en medio se encuentra vigente un contrato entre el Estado y la inversión privada de una transnacional. Lo único que correspondería es el análisis de aquel documento a la luz del derecho, para conocer a ciencia cierta los antecedentes de tamaña determinación gubernamental, a sus responsables directos e indirectos, porque a través de ello se podrá diseñar una solución que satisfaga a ambas partes.
Sin embargo, es necesario que el Gobierno asumiendo su responsabilidad inicie la tarea de establecer un diagnóstico del problema y que anticipadamente vaya pensando en una posible indemnización, a partir de una nacionalización de aquel emprendimiento, así como socializar el tema con los mineros cooperativistas, que tienen mucho que ver con los antecedentes de aquel contrato, quienes tienen la obligación de someterse a dicha solución que conlleve al mantenimiento de su Monumento Nacional.
De no ser así, anticipamos que Potosí estaría frente a una catástrofe de gran magnitud, y en el futuro se tendría que revisar inclusive lo que actualmente tiene el Escudo Nacional. Por eso es que nos atrevemos a llevar este mensaje a los hermanos potosinos, aun a riesgo de no ser escuchados por aquellos responsables de un posible magnicidio (El Diario Net).
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