El directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) pidió al Ministerio de Minería gestionar la suspensión inmediata de sus funciones a Wálter Chávez, presidente de esa entidad, y designó interinamente en su lugar a Guillermo Dalence.
El directorio, reunido el viernes pasado, emitió una resolución en la que indica que Chávez no cumplió con la presentación del informe de gestión, lo que motivó su suspensión temporal en tanto se conozcan los resultados de la auditoría técnica y económica instruida por el directorio.
El presidente de la ESM está acusado de hacer contrataciones y destituir personal sin autorización del directorio, instancia que no fue convocada durante tres meses.
El directorio no tiene atribución para suspenderlo, sólo ejerce labores de fiscalización y de darle poder para actos administrativos, pero hubo actitudes realizadas sin conocimiento ni consentimiento del directorio, según indicó el ex ministro de Minería y actual vicepresidente de la ESM, Guillermo Dalence.
“Se hizo la reunión a pedido de las autoridades de Santa Cruz. Las instituciones estaban alarmadas porque no hay avances ni hubo convocatorias al directorio desde octubre del año pasado, por eso la Comibol convocó y el viernes nos reunimos en La Paz”, explicó Dalence.
La resolución, fechada el 15 de febrero de 2008, está firmada por José Guillermo Dalence, Rodolfo López, Freddy Beltrán, Alfredo Contreras Paz, Luis Alberto Soliz, Mario Molina y Leonardo Camacho, entre otras firmas ilegibles.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Antonio Tudela, dijo que es evidente la ‘dejadez’ y mencionó, a modo de ejemplo, que hasta la fecha no se han delimitado las 5.200 hectáreas que corresponden a la Jindal y que deben ser saneadas.
El dirigente cívico lamentó que “la esperanza de todo el oriente para su desarrollo, particularmente de la región de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, no se haga realidad hasta el presente por esta serie de hechos”.
Al ser consultado el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, indicó que tenía problemas para escuchar porque estaba conduciendo por la carretera y pidió que lo llamen más tarde, pero no hubo señal.
A inicios de 2007, el Gobierno creó la ESM para firmar, junto con la Comibol, el contrato de riesgo compartido con la empresa india Jindal Steel&Power por el desarrollo industrial del yacimiento de hierro Mutún, en Santa Cruz.
El 30 de noviembre pasado, el presidente, Evo Morales, promulgó la ley que autoriza el contrato para explotar el 50% del yacimiento y que contempla la inversión de $us 2.100 millones en ocho años para construir una planta que produzca 1,7 millones de toneladas/año de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas/año de acero laminado.
La ley se promulgó tras un largo y politizado proceso que empezó con un concurso público -que Jindal se adjudicó en junio de 2006- y prosiguió con largas negociaciones sobre ciertos detalles del contrato que, tras dar botes durante un par de meses en el Congreso, finalmente fue aprobado.
EL DEBER intentó comunicarse con Wálter Chávez y con el ministro de Minería, Alberto Echazú, pero sus teléfonos estaban desconectados. Se espera conocer hoy su versión.
«Hay serias denuncias»
Guillermo Dalence / Vicepresidente de la ESM
- ¿Por qué piden la suspensión de Wálter Chávez?
- El viernes emitimos una resolución en la que se solicita una auditoría interna para tomar las medidas que el caso aconseje, y le retiramos nuestra confianza al ingeniero Chávez porque recibimos serias denuncias contra él por algunas actitudes administrativas.
- ¿Por qué decidieron retirar su confianza?
- Principalmente, el presidente no puede desarrollar actividades sin autorización del directorio. Por ejemplo, se le debe dar poder para que abra una cuenta bancaria, pero no sucedió así, sólo le otorgamos un poder para que firme el contrato de riesgo compartido con Jindal.
- ¿De dónde provienen las denuncias?
- Hay varias cartas que provienen del personal que él contrató y que trabajó con él de junio a diciembre.
El directorio, reunido el viernes pasado, emitió una resolución en la que indica que Chávez no cumplió con la presentación del informe de gestión, lo que motivó su suspensión temporal en tanto se conozcan los resultados de la auditoría técnica y económica instruida por el directorio.
El presidente de la ESM está acusado de hacer contrataciones y destituir personal sin autorización del directorio, instancia que no fue convocada durante tres meses.
El directorio no tiene atribución para suspenderlo, sólo ejerce labores de fiscalización y de darle poder para actos administrativos, pero hubo actitudes realizadas sin conocimiento ni consentimiento del directorio, según indicó el ex ministro de Minería y actual vicepresidente de la ESM, Guillermo Dalence.
“Se hizo la reunión a pedido de las autoridades de Santa Cruz. Las instituciones estaban alarmadas porque no hay avances ni hubo convocatorias al directorio desde octubre del año pasado, por eso la Comibol convocó y el viernes nos reunimos en La Paz”, explicó Dalence.
La resolución, fechada el 15 de febrero de 2008, está firmada por José Guillermo Dalence, Rodolfo López, Freddy Beltrán, Alfredo Contreras Paz, Luis Alberto Soliz, Mario Molina y Leonardo Camacho, entre otras firmas ilegibles.
El presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Antonio Tudela, dijo que es evidente la ‘dejadez’ y mencionó, a modo de ejemplo, que hasta la fecha no se han delimitado las 5.200 hectáreas que corresponden a la Jindal y que deben ser saneadas.
El dirigente cívico lamentó que “la esperanza de todo el oriente para su desarrollo, particularmente de la región de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, no se haga realidad hasta el presente por esta serie de hechos”.
Al ser consultado el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, indicó que tenía problemas para escuchar porque estaba conduciendo por la carretera y pidió que lo llamen más tarde, pero no hubo señal.
A inicios de 2007, el Gobierno creó la ESM para firmar, junto con la Comibol, el contrato de riesgo compartido con la empresa india Jindal Steel&Power por el desarrollo industrial del yacimiento de hierro Mutún, en Santa Cruz.
El 30 de noviembre pasado, el presidente, Evo Morales, promulgó la ley que autoriza el contrato para explotar el 50% del yacimiento y que contempla la inversión de $us 2.100 millones en ocho años para construir una planta que produzca 1,7 millones de toneladas/año de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas/año de acero laminado.
La ley se promulgó tras un largo y politizado proceso que empezó con un concurso público -que Jindal se adjudicó en junio de 2006- y prosiguió con largas negociaciones sobre ciertos detalles del contrato que, tras dar botes durante un par de meses en el Congreso, finalmente fue aprobado.
EL DEBER intentó comunicarse con Wálter Chávez y con el ministro de Minería, Alberto Echazú, pero sus teléfonos estaban desconectados. Se espera conocer hoy su versión.
«Hay serias denuncias»
Guillermo Dalence / Vicepresidente de la ESM
- ¿Por qué piden la suspensión de Wálter Chávez?
- El viernes emitimos una resolución en la que se solicita una auditoría interna para tomar las medidas que el caso aconseje, y le retiramos nuestra confianza al ingeniero Chávez porque recibimos serias denuncias contra él por algunas actitudes administrativas.
- ¿Por qué decidieron retirar su confianza?
- Principalmente, el presidente no puede desarrollar actividades sin autorización del directorio. Por ejemplo, se le debe dar poder para que abra una cuenta bancaria, pero no sucedió así, sólo le otorgamos un poder para que firme el contrato de riesgo compartido con Jindal.
- ¿De dónde provienen las denuncias?
- Hay varias cartas que provienen del personal que él contrató y que trabajó con él de junio a diciembre.
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