Súbditos brasileños supuestamente se han apoderado de la zona de La Gaiba y de tierras adyacentes para explotar los recursos naturales, especialmente los minerales y la madera, que llevan a su país sin ningún control, según denunció la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Germán Busch, dirigida por Himer Roca Maciel.
De acuerdo con este dirigente, en la zona hay empresas brasileñas que están explotando níquel, uranio y piedras semipreciosas, sin ninguna fiscalización por parte del Estado boliviano, pues incluso un puesto militar desplazado en las inmediaciones de La Gaiba fue abandonado por las Fuerzas Armadas, por lo que ahora la zona es tierra de nadie, donde impera la fuerza de ‘matones armados’ que protegen los intereses de los brasileños. Los campesinos, encabezados por Roca, denunciaron que ya existen antecedentes de agresiones y amedrentamiento contra ellos, debido a la acción fiscalizadora que hacen por defender los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos.
“Tenemos un mapa del precámbrico que fue resultado de un estudio hecho por una empresa británica, en el que se demuestra que hay grandes cantidades de hierro, níquel y uranio. Estos yacimientos incluso también fueron descubiertos por campesinos, que al extraer piedras semipreciosas se toparon con yacimientos de uranio en la parte de La Gaiba”, afirmó Roca.
El dirigente campesino dijo que los brasileños tienen incluso la protección de ‘palos blancos bolivianos’ que figuran de dueños de propiedades agrícolas, pero que en realidad los capitales pertenecen a los extranjeros, y que el fin no es la agricultura, sino extraer los minerales.
Asimismo, un informe del Ministerio de Minería de mayo del año pasado, que fue solicitado por el Comité Cívico del municipio de El Carmen Rivero Torres, indica que entre Santo Corazón y El Carmen, la empresa brasileña Votorantim Metais Bolivia SA. tiene 19 concesiones mineras. Estos datos están registrados por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Para esta organización campesina, las concesiones mineras abarcan una superficie de aproximadamente 75.000 hectáreas.
Roca dijo que estas áreas entregadas a los brasileños están dentro del perímetro de los 50 kilómetros de la frontera nacional, lo que está prohibido por las leyes bolivianas.
“Los empresarios de Brasil han puesto sus ojos en la provincia Germán Busch por la gran riqueza que existe, tanto en la cuestión de minería, piedras preciosas, la biodiversidad, maderas de primera calidad y sus recursos naturales, peces y aves”, dijo Roca, a tiempo de lamentar que esos recursos no están beneficiando a las comunidades campesinas e indígenas que hay en el área de La Gaiba, Rincón del Tigre, Santo Corazón y El Carmen Rivero Torres, entre otras localidades.
“Nosotros somos los dueños de esos recursos naturales, no estamos en contra de que los empresarios vengan a invertir, pero nosotros también tenemos el derecho de participar en estos recursos. ¿Qué comunidades se están desarrollando con estas concesiones mineras? Ninguna. Viven en la extrema pobreza, no hay beneficio”, señaló este dirigente.
Roca añadió que tiene información proporcionada por algunos geólogos de que el Ministerio de Minas de Brasil tiene consignada la zona de La Gaiba como de estudio de la reserva de níquel de Mato Groso.
“Estamos preocupados por que el Gobierno nos atienda, que no seamos la Bolivia clandestina donde no llega nadie”, se quejó.
Por su parte, el viceministro de Minería, Pedro Mariobo, dijo que el Gobierno tiene información de que efectivamente están sucediendo estas irregularidades en la zona de La Gaiba, incluso con la explotación irracional de oro en algunas partes del precámbrico.
Apuntó que esta explotación ilegal de oro también se está produciendo en la zona de Araras, en Beni y Pando. Mariobo indicó que una comisión de ese ministerio ya se desplazó a esos lugares amazónicos para investigar.
En el caso de La Gaiba dijo que es necesario documentarse un poco más sobre estas denuncias y que posteriormente se debe conformar una comisión interministerial para ver qué acciones se pueden tomar en este asunto, ya que el tema igualmente le compete al Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario.
A su vez, el diputado Víctor Mena, miembro del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, sostuvo que ya conoce alguna información de lo que está aconteciendo en La Gaiba y que gestionará que una comisión del Congreso y del Gobierno lleguen hasta el lugar a objeto de levantar un informe, pues consideró que esta situación no debe avanzar más.
Ahora venden tierra a los menonitas
Por la tercera sección municipal de la provincia Germán Busch, El Carmen Rivero Torres, últimamente han aparecido decenas de familias menonitas que están comprando tierras fiscales sin la intervención del Gobierno, sino que algunos potentados agrícolas de la zona se apropian de estos terrenos para negociarlos, afirmó Himer Roca, secretario ejecutivo de los campesinos de esa región chiquitana.
Este negocio ilegal, según Roca, comenzó con los brasileños, que adquirieron presuntamente de manera fraudulenta tierras nacionales con la complicidad de ciudadanos bolivianos, entre ellos se señala a autoridades locales.
Aparte de ello, también hay una explotación irracional de los recursos piscícolas de las lagunas La Gaiba y Mandioré, pues se ha visto a pescadores brasileños que ingresan y se llevan toneladas de pescado, en detrimento de los intereses del país. Roca hizo un llamado a las autoridades para que se hagan presentes en la zona y además se agilice el saneamiento de tierras, proceso con el que se identificarán “los actos ilegales en los que han incurrido brasileños y sus palos blancos bolivianos”.
El representante campesino recordó que la comisión gubernamental que estuvo en 2006, a la cabeza del entonces ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, suscribió un compromiso en la comunidad del Rincón del Tigre, pero que todo quedó en buenas intenciones. Por su parte el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que está al tanto de lo que sucede en ese lado de la frontera con Brasil y aseguró que se agilizará el proceso de saneamiento de tierras en la zona.
Piden que se reparen daños ambientales
Las comunidades de Yacuses y de Palmito han solicitado a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que se las tome en cuenta en la mitigación y compensación de los daños ambientales que está provocando la construcción de la carretera bioceánica entre Santa Cruz de la Sierra y Arroyo Concepción.
Los pobladores de ambas comunidades solicitan que también la ABC realice obras con parte de los $us 26,5 millones que se han destinado para cubrir estos impactos ambientales y sociales que afectan a estas poblaciones. Dirigentes cívicos y campesinos, como Simón Roca, de Yacuses, e Hilario Egüez, de Palmito, advierten con el bloqueo y paralización de las obras en la zona.
De acuerdo con este dirigente, en la zona hay empresas brasileñas que están explotando níquel, uranio y piedras semipreciosas, sin ninguna fiscalización por parte del Estado boliviano, pues incluso un puesto militar desplazado en las inmediaciones de La Gaiba fue abandonado por las Fuerzas Armadas, por lo que ahora la zona es tierra de nadie, donde impera la fuerza de ‘matones armados’ que protegen los intereses de los brasileños. Los campesinos, encabezados por Roca, denunciaron que ya existen antecedentes de agresiones y amedrentamiento contra ellos, debido a la acción fiscalizadora que hacen por defender los recursos naturales que pertenecen a todos los bolivianos.
“Tenemos un mapa del precámbrico que fue resultado de un estudio hecho por una empresa británica, en el que se demuestra que hay grandes cantidades de hierro, níquel y uranio. Estos yacimientos incluso también fueron descubiertos por campesinos, que al extraer piedras semipreciosas se toparon con yacimientos de uranio en la parte de La Gaiba”, afirmó Roca.
El dirigente campesino dijo que los brasileños tienen incluso la protección de ‘palos blancos bolivianos’ que figuran de dueños de propiedades agrícolas, pero que en realidad los capitales pertenecen a los extranjeros, y que el fin no es la agricultura, sino extraer los minerales.
Asimismo, un informe del Ministerio de Minería de mayo del año pasado, que fue solicitado por el Comité Cívico del municipio de El Carmen Rivero Torres, indica que entre Santo Corazón y El Carmen, la empresa brasileña Votorantim Metais Bolivia SA. tiene 19 concesiones mineras. Estos datos están registrados por el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Para esta organización campesina, las concesiones mineras abarcan una superficie de aproximadamente 75.000 hectáreas.
Roca dijo que estas áreas entregadas a los brasileños están dentro del perímetro de los 50 kilómetros de la frontera nacional, lo que está prohibido por las leyes bolivianas.
“Los empresarios de Brasil han puesto sus ojos en la provincia Germán Busch por la gran riqueza que existe, tanto en la cuestión de minería, piedras preciosas, la biodiversidad, maderas de primera calidad y sus recursos naturales, peces y aves”, dijo Roca, a tiempo de lamentar que esos recursos no están beneficiando a las comunidades campesinas e indígenas que hay en el área de La Gaiba, Rincón del Tigre, Santo Corazón y El Carmen Rivero Torres, entre otras localidades.
“Nosotros somos los dueños de esos recursos naturales, no estamos en contra de que los empresarios vengan a invertir, pero nosotros también tenemos el derecho de participar en estos recursos. ¿Qué comunidades se están desarrollando con estas concesiones mineras? Ninguna. Viven en la extrema pobreza, no hay beneficio”, señaló este dirigente.
Roca añadió que tiene información proporcionada por algunos geólogos de que el Ministerio de Minas de Brasil tiene consignada la zona de La Gaiba como de estudio de la reserva de níquel de Mato Groso.
“Estamos preocupados por que el Gobierno nos atienda, que no seamos la Bolivia clandestina donde no llega nadie”, se quejó.
Por su parte, el viceministro de Minería, Pedro Mariobo, dijo que el Gobierno tiene información de que efectivamente están sucediendo estas irregularidades en la zona de La Gaiba, incluso con la explotación irracional de oro en algunas partes del precámbrico.
Apuntó que esta explotación ilegal de oro también se está produciendo en la zona de Araras, en Beni y Pando. Mariobo indicó que una comisión de ese ministerio ya se desplazó a esos lugares amazónicos para investigar.
En el caso de La Gaiba dijo que es necesario documentarse un poco más sobre estas denuncias y que posteriormente se debe conformar una comisión interministerial para ver qué acciones se pueden tomar en este asunto, ya que el tema igualmente le compete al Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario.
A su vez, el diputado Víctor Mena, miembro del Comité de Minería de la Cámara de Diputados, sostuvo que ya conoce alguna información de lo que está aconteciendo en La Gaiba y que gestionará que una comisión del Congreso y del Gobierno lleguen hasta el lugar a objeto de levantar un informe, pues consideró que esta situación no debe avanzar más.
Ahora venden tierra a los menonitas
Por la tercera sección municipal de la provincia Germán Busch, El Carmen Rivero Torres, últimamente han aparecido decenas de familias menonitas que están comprando tierras fiscales sin la intervención del Gobierno, sino que algunos potentados agrícolas de la zona se apropian de estos terrenos para negociarlos, afirmó Himer Roca, secretario ejecutivo de los campesinos de esa región chiquitana.
Este negocio ilegal, según Roca, comenzó con los brasileños, que adquirieron presuntamente de manera fraudulenta tierras nacionales con la complicidad de ciudadanos bolivianos, entre ellos se señala a autoridades locales.
Aparte de ello, también hay una explotación irracional de los recursos piscícolas de las lagunas La Gaiba y Mandioré, pues se ha visto a pescadores brasileños que ingresan y se llevan toneladas de pescado, en detrimento de los intereses del país. Roca hizo un llamado a las autoridades para que se hagan presentes en la zona y además se agilice el saneamiento de tierras, proceso con el que se identificarán “los actos ilegales en los que han incurrido brasileños y sus palos blancos bolivianos”.
El representante campesino recordó que la comisión gubernamental que estuvo en 2006, a la cabeza del entonces ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, suscribió un compromiso en la comunidad del Rincón del Tigre, pero que todo quedó en buenas intenciones. Por su parte el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo que está al tanto de lo que sucede en ese lado de la frontera con Brasil y aseguró que se agilizará el proceso de saneamiento de tierras en la zona.
Piden que se reparen daños ambientales
Las comunidades de Yacuses y de Palmito han solicitado a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que se las tome en cuenta en la mitigación y compensación de los daños ambientales que está provocando la construcción de la carretera bioceánica entre Santa Cruz de la Sierra y Arroyo Concepción.
Los pobladores de ambas comunidades solicitan que también la ABC realice obras con parte de los $us 26,5 millones que se han destinado para cubrir estos impactos ambientales y sociales que afectan a estas poblaciones. Dirigentes cívicos y campesinos, como Simón Roca, de Yacuses, e Hilario Egüez, de Palmito, advierten con el bloqueo y paralización de las obras en la zona.
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