De un tiempo al presente la injerencia del coloso asiático en las economías de varios países de la región sudamericana es notable por la concesión de millonarios préstamos destinados a "emprendimientos productivos", especialmente de tipo industrial, carreteras u otros que tienen que ver con la explotación de recursos naturales estratégicos.
Las operaciones que han realizado los estrategas financieros de la China, abarcan varios países latinoamericanos y según los observadores, algunos del área "de influencia bolivariana", el caso de Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, en base a convenios especiales y parecidas características que eliminan las licitaciones públicas y operan más bien por "invitación directa", incluyendo la modalidad de "llave en mano", que facilita desembolsos crediticios y agilita la firma de contratos que en algunos casos es parte importante de las necesidades regionales para encarar proyectos estructurales.
Sin embargo, en las negociaciones de "gobiernos" porque algunas empresas chinas son gubernamentales, se establecen ciertas condiciones que aseguran la participación de estas compañías en los proyectos, lo que significa asegurar también la "asistencia" de personal asiático en los emprendimientos que se concretan y se focalizan en la explotación de recursos naturales, hidrocarburos, energía y minería o instalaciones de industria pesada, en las que el personal chino resulta imprescindible, en función de dirección y asesoramiento.
Con esas condiciones, lo que resulta claro, es que los créditos chinos se convierten en operaciones "condicionadas" y como las han calificado de "atadas" por sus implícitas exigencias de prestar dinero, pero participar de algún modo en el negocio, con personal y por supuesto con maquinarias, equipos y hasta materiales "Made in China".
En el caso de nuestro país, el bullado caso de la CAMC ha levantado mucha polvareda, varios contratos han sido observados, otros están siendo investigados, en algunos se vislumbran problemas y en pocos las cosas pueden ser legalizadas, esa es la situación que preocupa, puesto que en dos megaproyectos de la minería boliviana, están comprometidos intereses chinos. El caso de los recursos evaporíticos para explotación de litio, operación que está en marcha y por otro la explotación del hierro del Mutún y su industrialización, contrato no consolidado porque la adjudicataria china debe comprobar su solvencia legal y financiera con una certificación que demoraban en otorgarle las autoridades chinas.
Sea cual fuese la modalidad de contratos, es necesario que nuestras autoridades asuman responsablemente su rol de celosos vigilantes y defensores de la propiedad nacional, de nuestros recursos y los intereses colectivos que deben ser resultado de ejecutar dos de los más grandes proyectos mineros nacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario