En las últimas semanas se registra un inusitado movimiento en el sector de la minería estatal, para la que se buscan soluciones financieras y técnicas que le permitan subsistir pese al bajón de los precios internacionales.
Se han propuesto programas de contingencia para paliar la crisis, los asalariados comprendiendo la difícil situación, especialmente en Huanuni, han decidido jugar una carta especial como la rebaja en algunos bonos, no en salarios, para reducir el déficit vigente, medida que además será acompañada con la disminución del monto de salarios que sobrepasen los 25 mil bolivianos, ese monto será el tope que regirá en adelante en la estatal minera.
El momento actual es crítico para el sector considerando que deben ser definidas estrategias y una política clara para impulsar o como insistimos en este suplemento "reactivar" la minería en general que no logra alcanzar los niveles ideales para su propio sostenimiento y además que garanticen utilidades que en el Erario Nacional se convierten en divisas para mejorar nuestra economía.
Lo importante es que en los altos niveles del Gobierno, especialmente en el gabinete, se reconozca la importancia de movilizar la minería como el segundo rubro, más firme que otros, en la proyección económica nacional, toda vez que en algunos años más declinará la producción de hidrocarburos y del gas, instancia para la que deben prepararse los grandes proyectos mineros, que sustituirán por un largo periodo los ingresos que necesita el país para seguir creciendo.
Los expertos hablan de etapas ineludibles que deben cumplirse para llegar a los objetivos mayores por ejemplo de la industrialización de nuestros minerales, los que ahora se exportan sólo como concentrados en una proporción del 80 por ciento, eso significa que el 20 % restante se vende como metálicos con cierto valor agregado que resulta ínfimo en la proyección del fortalecimiento de la minería.
Hay que reiterar que no todo saldrá de la noche a la mañana, tendrán que pasar meses y años para establecer nuevos yacimientos de alta productividad, tomando en cuenta que los proyectos rendidores, ejemplo San Cristóbal, demoró 10 años en su preparación, adecuación y la explotación de los minerales prospectados, Ese es el panorama real y frío de la nueva minería, la que debe reemplazar a los casi agotados yacimientos que también se explotan desde tiempos inmemoriales, como el Cerro Rico de Potosí, o el caso patético de Huanuni, que dicen podrá soportar una explotación intensiva por lo menos ocho años más y prolongar su vida útil si se encuentran nuevos yacimientos que le permitan diversificar su producción mineral.
En este proceso el tiempo es determinante y es mucho el que se está perdiendo por falta de una política "agresiva", pero debidamente respaldada por estudios profesionales que definan el nuevo rumbo de nuestra minería, priorizando los proyectos elementales de prospección y exploración de yacimientos, pero ya no en la forma tradicional y casi artesanal, sino con la aplicación de tecnología de punta, asesoramiento especializado y suficiente financiamiento para cumplir metas de una verdadera transformación minera.
Hay otro pero?y es que para desarrollar un esquema, próximo al expuesto, se necesitan normativas concretas que garanticen todo tipo de operaciones, pero lo más importante que permitan mover inversiones, nacionales y extranjeras para encarar grandes emprendimientos que serán parte de la reactivación minera que debe garantizar una adecuada provisión de materia prima para dar el salto a la otra fase de transformación de nuestros concentrados en metálicos cuyo valor agregado mejorará el rendimiento económico exportable, pero sobre todo creará una fuente de materia prima, para encarar la verdadera transformación minero - metalúrgica, que dará paso a nuevas industrias de múltiples accesorios y lo que es más importante, generando miles de empleos seguros.
El asunto es quién encamina todo este proceso. La respuesta sería Comibol, pero no como está actualmente, sino totalmente renovada y mejor decirlo como han planteado los mineros asalariados, absolutamente reestructurada, situación que según se sabe está en proceso, pero demorando un tiempo mayor al previsto, si se trata de cambiar y alcanzar de paso el salvataje del sector. Una tarea que exige inmediatez, pero paralelamente eficiencia, calidad y seguridad de parte de todos los responsables del cambio en la entidad minera estatal que tenga toda la capacidad para proyectar y desarrollar proyectos de magnitud, hasta llegar a las fundiciones, aprovechando las circunstancias que puedan promoverse con inversionistas privados, extranjeros y nacionales, que accedan a las iniciativas del Estado, en formas especiales de contrato, riesgo compartido u otras formas en las que primen seguridades y garantías de operabilidad.
Aquí es preciso puntualizar por enésima vez, que hace falta la aplicación de la Ley Minera 535, aprobada en mayo del año pasado y que sigue esperando una adecuada reglamentación y su listado de obligaciones tributarias (impositivas), que deberán cumplir todos los sectores ligados a la actividad, sin contemplaciones y más bien con sentido de equidad en función a volúmenes de producción.
Hay que cambiar el sentido monoproductor de materias primas, dinamizando con seriedad los planes de exploración que sean necesarios para definir nuevos yacimientos de minerales.
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