El Legislativo debe aprobar unos 2.200 contratos mineros

Al menos 2.200 nuevos contratos administrativos mineros deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) advierte que puede haber retrasos y prevé evitar que las operaciones sean ilegales.

La información corresponde al director jurídico de la AJAM, José Encinas, quien explicó a La Razón que de los 2.200 contratos que deben aprobarse, 1.200 estaban en manos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) desde 2008, para el otorgamiento de derechos mineros, y que los restantes 1.000 son nuevas solicitudes que vienen desde el 2 de febrero de la presente gestión.

“Ahora tenemos un nuevo procedimiento de otorgación de derechos (mineros) que es mucho más completo. Además de dar este paso de consulta previa, se analiza un plan de trabajo y finalmente se fija un contrato que va a establecer condiciones claras del funcionamiento de este actor productivo y el contrato va a ser aprobado por la Asamblea Legislativa”, explicó tras indicar que con la nueva Ley de Minería y Metalurgia, los contratos deben ser aprobados por esta instancia.

Para que no exista retraso en la aprobación de los acuerdos, Encinas dijo que se reunió con miembros del Comité de Minería de la Cámara de Diputados para pedirles que elaboren un procedimiento de aprobación de este sector, ya que el que tienen es solo para el referido a los contratos del área de hidrocarburos.

Para evitar que haya operaciones mineras ilegales y mientras dure el proceso de aprobación de contratos mineros en la Asamblea, se propuso al Gobierno que apruebe un decreto con la figura del perdón minero.

“Mediante esa figura se podría otorgar un permiso transitorio a las personas que estén trabajando en este momento y que cumplen una serie de requisitos, para que se les dé una autorización, mientras dure su trámite, porque no nos olvidemos que la aprobación puede tardar un año”, acotó.

Con esta medida, el funcionario señaló que se incentiva la producción minera para que los operadores realicen sus trámites para una explotación legal, añadió.