El Estado boliviano busca reponer los gastos de operación que realicen las empresas en el sector minero. El Ministerio de Minería propone crear el incentivo de costos recuperables con el fin de atraer nuevas inversiones extranjeras.
En la actualidad sólo se aplica al área de hidrocarburos.
La propuesta, a la que tuvo acceso este medio, está incluida en el Plan Sectorial de Desarrollo Minero Metalúrgico 2015-2019, documento preliminar que es difundido en las direcciones e instituciones dependientes de Minería.
"El esquema de costos recuperables tiene potencial para ser aplicado en el sector minero”, se argumenta en el plan.
El informe agrega que se requiere un estudio para cuantificar la rentabilidad de la inversión total bajo distintos tipos de asociación, establecidos en la Ley 535 de Minería y Metalurgia.
"Es necesaria una revisión a detalle de la normativa relacionada. Desde un punto de vista de incentivos, se muestra que este esquema permite atraer inversión con flujos continuos en el tiempo”, se argumenta en el documento.
En el sector petrolero
Se enfatiza que en el caso del sector petrolero los costos recuperables permitieron crear incentivos a la inversión extranjera en hidrocarburos.
Son los gastos que repone YPFB a las empresas petroleras privadas por los recursos ejecutados en explotación y producción. Luego, los activos pasan a poder de la estatal petrolera.
Para devolver los costos que presentan las empresas, previamente YPFB encarga auditorías, reconoce los gastos que requieren las firmas para asegurar su trabajo cotidiano como, por ejemplo, el pago de los servicios de energía, agua y alquiler de oficinas. También se incluyen costos de servicios de explotación, de personal, de administración, seguros de materiales y otros.
La situación minera en el país
En la actualidad, Bolivia percibe ingresos de las operaciones privadas de las empresas mineras Pan American Silver, Manquiri, San Cristóbal y Sinchi Wayra. En los últimos años las firmas extranjeras invirtieron aproximadamente más de 2.220 millones de dólares.
Los recursos fueron destinados a la prospección, exploración y explotación en la cadena minera.
Pan American Silver opera en la mina subterránea de plata-zinc de San Vicente, en Potosí, que tiene 15 concesiones, según el informe de su página web.
Manquiri apostó por el proyecto San Bartolomé, que consiste en la producción de lingotes de plata a partir de la remoción y procesamiento de pallacos, desmontes y otros materiales que están en las laderas del Cerro Rico de Potosí.
La mina de San Cristóbal opera a cielo abierto, utiliza equipo y maquinaria de última generación. La compañía japonesa invirtió 1.800 millones de dólares en el desarrollo del reservorio de plata ubicado en Potosí.
En el caso de la suiza Glencore, su subsidiaria en el país Sinchi Wayra, realiza la prospección y explotación de las minas Bolívar y Porco.
El planteamiento
Trabajo La pasada semana, el Ministerio de Minería comenzó a difundir el Plan Sectorial de Desarrollo Minero-Metalúrgico (PSDMM) 2015-2019, en el que se proyecta una inversión de 5.613 millones de dólares para impulsar 104 proyectos y programas mineros.
Destino De acuerdo con el detalle de política sectorial, los mayores recursos se dirigirán a la ampliación de reservas mineras en el país con 2.501,26 millones de dólares; le siguen la promoción de inversiones e implementación de nuevos proyectos mineros (1.114,30 millones de dólares) y la mejora de productividad y eficiencia (352,50 millones de dólares), seguidos de otros. Apenas 10 cuentan con una fuente de financiamiento.
Punto de vista
Dionisio Garzón Exministro de Minería
La inversión en minería es de mayor riesgo
Desde el punto de vista económico, los costos recuperables son un sistema que se usa en diversos países y sobre todo en el sector de hidrocarburos; para el caso de la minería se recomendó en el pasado como una forma de atraer inversiones.
Aunque el esquema difiere con aquél de hidrocarburos, ya que los flujos de capital en la etapa de exploración son radicalmente de mayor riesgo en el caso minero. Además, la seguridad jurídica juega un papel importante en un país donde los avasallamientos de minas y proyectos mineros son frecuentes. Esto quita efectividad a cualquier esfuerzo que pretenda atraer inversiones.
Una vez que se empieza a operar un proyecto minero el control de las reservas requiere de una permanente inversión, que no se da en hidrocarburos donde una vez descubierto un depósito, el flujo operativo es menos complicado. En el pasado, para atraer más inversiones se permitía la doble compensación de los gastos en exploración, lo cual dio pie a un elevado grado de burocracia y corrupción en algunos casos.
Sin embargo, creo que la idea es buena; cualquier esfuerzo en el sentido de hacer más atractivo al país es importante, pero, todo depende de armar un esquema que además de incentivos, asegure seguridad jurídica a las inversiones, estabilidad tributaria y opciones de financiamiento.
Lo cual con la nueva Ley 535 es imposible en base a los derechos mineros reconocidos y la prohibición de usar esos derechos o las reservas descubiertas, como fuente de financiamiento en las bolsas de valores o en bancos especializados.
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