La minería es un negocio que implica una serie de alternativas y que puede presentarse con muy buenas perspectivas, pero asimismo puede cambiar el curso de su proyección cuando menos se espera, por tanto además como saben los productores mineros de vasta experiencia, es un negocio de riesgo.
En realidad cualquier emprendimiento conlleva riesgos, unos más que otros, pero en el caso específico de la minería, esa situación se patentiza en varias situaciones que son parte de la cotidiana actividad y que pueden desesperar a los expertos mineros. El caso de fallas en tareas de prospección puede significar que se “pierda una veta”. La inseguridad en el entorno de una mina implica riesgos colectivos y si a ese panorama se la añade falta de garantías para inversiones y desarrollo de planes, la situación es mucho más compleja lo que se convierte en incertidumbre y puede derivar en absoluta inseguridad.
La minería chica es la más proclive a sufrir cualquier falla de seguridad en el desarrollo de sus proyectos, situación que se agrava al no contar con adecuado respaldo financiero que no está previsto en el esquema minero nacional, aunque se aprovecha la coyuntura actual para plantear que en la nueva Ley Minera se disponga la creación de un ente financiero minero para impulsar las operaciones mineras chicas y medianas, dadas las facilidades que desde el frente oficial se han dispuesto para la minería estatal y para la cooperativizada.
Hablar en el tiempo actual de la minería como negocio, estando al frente para su tratamiento un proyecto de ley, es aventurar opiniones al no saberse todavía cuál será el contenido de la normativa, sus ventajas y desventajas, sus riesgos y sus aciertos en materia de incentivar al sector privado, que en realidad es el siempre arriesga, sabiendo que el negocio minero, implica inversiones y un largo proceso de adecuación antes de ingresar en la fase de producción, rendimiento y recuperación de inversiones. Un ejemplo, el caso de San Cristóbal que tardó 10 años en preparar la mina antes de comenzar a producir.
Los proyectos mineros son así, incluso los más modestos, pasando por los de mediana estructura y más aún aquellos que se vislumbran en el país, como los mega proyectos de la gran minería, el caso del Mutún, el litio de los salares y posiblemente más adelante el estratégico proyecto del uranio.
La minería por tanto es un negocio para cualquier emprendedor, sea privado o estatal, por consiguiente merece garantizarse con una buena ley que sin ser restrictiva en ciertas condiciones, sea más bien el factor atractivo a las grandes inversiones, que no pueden eludirse, aún así lo supongan algunas autoridades que todavía piensan con la estreches egoísta de querer abarcar sin medida en algunos rubros que necesariamente, en otros países se han abierto a todas las opciones posibles, que en materia de inversiones tienen muchas gradaciones y están sujetas a las reglas de juego que disponen los gobiernos para alentar sus grandes proyectos.
La minería es un negocio, desde el ángulo que se la vea, por tanto, las regulaciones que se dicten para su desarrollo deben ser asequibles, de fácil aplicación pero al mismo tiempo de sólidas garantías para su ejecución.
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