Al cierre de actividad regular de la jornada de lunes 6 de diciembre y justo en el plazo que corría, para la migración de concesiones a contratos con el Estado se dictó el Decreto Supremo (D.S.) 0726, promulgado en horas de la noche para que surta efecto a partir de la fecha, retrasando el proceso de adecuación de las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos, que en adelante y hasta que se aprueben las normas de cada sector específico se denominarán Autorizaciones Transitorias Especiales.
El D.S. 0726 ya en vigencia, establece en su único artículo, lo siguiente: “A partir de la aprobación del presente decreto, las CONCESIONES MINERAS, las de recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y de servicios básicos otorgadas con anterioridad al 06 de diciembre del 2010, se adecúan al ordenamiento constitucional vigente, transformándose automáticamente en Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) en tanto se realice su migración de acuerdo a la normativa sectorial a emitirse”.
Se entiende por la instrucción contenida en el D.S. pertinente se deberá en adelante esperar – sin fecha fija - la aprobación de los instructivos que se aplicarán en cada sector, proceso que seguramente demorará cierto tiempo sabiéndose que hasta el mismo lunes 6 diciembre, no se había presentado en la Asamblea Constitucional, ningún documento que requiera aprobación, como el caso de las migraciones mineras, que justamente feneció en la fecha de acuerdo a la disposición transitoria octava de la Constitución Política del Estado
De momento, se neutraliza la incertidumbre existente ante un vacío legal para el funcionamiento de las concesiones mineras, pues el D.S. que en realidad se esperaba, aunque también se mencionó la posibilidad de tener una “ley corta” sobre la materia, subsana la deficiencia y será cuestión de algún tiempo más conocer en detalle los instructivos para que cerca de nueve mil concesiones por pertenencia o cuadrícula pasen a la modalidad de contratos.
El ministro del ramo José Pimentel, confirmó que “esas concesiones (9.000) llegaron a su fin en la actividad minera y migrarán a contratos, pero temporalmente son “autorizaciones transitorias especiales” y corresponden absolutamente a todos los sectores mineros, incluyendo el sistema estatal y las cooperativas.
GARANTÍAS
Algo importante en la disposición transitoria y en vigor, es la aclaración que formuló la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, asegurando que “la aprobación de la norma garantiza los derechos adquiridos de los concesionarios”. Para fundamentar la aclaración, rescatamos también la declaración del Ministro de Autonomías, Carlos Romero quién dijo que “la migración de las concesiones a contratos mineros no significa la pérdida de los derechos adquiridos por los operadores mineros, con el objetivo de evitar futuros avasallamientos”.
Frente a la promulgación del D.S. surgió una primera solicitud oficial, planteada a través del Ministro de Minería y que se originó en el Comité Boliviano de los Productores de Antimonio, cuyo ejecutivo, el industrial minero Mario Mariscal Morales solicita al Gobierno las garantías necesarias y la seguridad jurídica correspondiente para los operadores mineros privados, de manera que sus inversiones, capitales, equipos y maquinarias no aparezcan en riesgo en el periodo que deberá esperarse para que se dicten las normas oficiales. Al contrario apuntó Mariscal Morales, que el sector privado de la minería tiene el objetivo de aumentar los ingresos económicos del país, mediante los aportes impositivos.
En todo caso otros actores de la actividad minera privada, señalan que no debe demorarse mucho tiempo en debatir y consensuar las normas que referidas a la actividad minera deben aplicarse en la anunciada Ley Minera, con el objeto de no mantener “un vacío que además es factor de incertidumbre” en todas las operaciones mineras del país.
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