El Ministerio de Minería afirma que las reglas de juego para las inversiones no están del todo claras. No obstante, indica que se dan señales de que los capitales extranjeros serán respetados y trabajarán en un marco legal estable en un futuro próximo.
El viceministro de Minería, Pedro Mariobo, dijo que el proceso de cambio que vive Bolivia “está destinado a establecer nuevas reglas para que inversionistas y Gobierno estén seguros de cumplirlas”. Desde el punto de vista del secretario ejecutivo de la Asociación de Mineros Medianos, Marco Antonio Calderón, y del ex ministro de Minería Jorge Espinoza, los avasallamientos, la inseguridad jurídica, la elevada presión tributaria —aprobada en noviembre del 2007— y la modificación del Código de Minería son factores que impiden la captación de nuevas inversiones.
Con la aprobación de la ley 3787, el Gobierno incrementó la presión tributaria sobre el sector minero privado, al subir de 25 a 37,5 por ciento el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Según la Fundación Milenio, “la norma se asegura de aumentar el tributo a todos, menos a cooperativistas e informales”.
Espinoza añadió que otro factor que inviabiliza las inversiones en el sector extractivo, es la declaratoria de todo el territorio nacional como reserva fiscal. “Se modifica la Ley de Minería de manera inconstitucional, con un decreto para declarar a Bolivia reserva fiscal que ha paralizado todo el sistema de concesiones”.
Advirtió que a esta lista de factores negativos, se debe sumar la incertidumbre de los términos que incorporara el nuevo texto constitucional. “Si se aprueba indicando que todos los recursos naturales pertenecen a todos los bolivianos y que la Comibol se hará cargo de los contratos, es que todas las concesiones tendrán nuevos plazos para renovar su relación ya no con el Estado sino con la Comibol”. Por eso, indicó, nadie está invirtiendo en el país.
El viceministro de Minería, Pedro Mariobo, dijo que el proceso de cambio que vive Bolivia “está destinado a establecer nuevas reglas para que inversionistas y Gobierno estén seguros de cumplirlas”. Desde el punto de vista del secretario ejecutivo de la Asociación de Mineros Medianos, Marco Antonio Calderón, y del ex ministro de Minería Jorge Espinoza, los avasallamientos, la inseguridad jurídica, la elevada presión tributaria —aprobada en noviembre del 2007— y la modificación del Código de Minería son factores que impiden la captación de nuevas inversiones.
Con la aprobación de la ley 3787, el Gobierno incrementó la presión tributaria sobre el sector minero privado, al subir de 25 a 37,5 por ciento el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Según la Fundación Milenio, “la norma se asegura de aumentar el tributo a todos, menos a cooperativistas e informales”.
Espinoza añadió que otro factor que inviabiliza las inversiones en el sector extractivo, es la declaratoria de todo el territorio nacional como reserva fiscal. “Se modifica la Ley de Minería de manera inconstitucional, con un decreto para declarar a Bolivia reserva fiscal que ha paralizado todo el sistema de concesiones”.
Advirtió que a esta lista de factores negativos, se debe sumar la incertidumbre de los términos que incorporara el nuevo texto constitucional. “Si se aprueba indicando que todos los recursos naturales pertenecen a todos los bolivianos y que la Comibol se hará cargo de los contratos, es que todas las concesiones tendrán nuevos plazos para renovar su relación ya no con el Estado sino con la Comibol”. Por eso, indicó, nadie está invirtiendo en el país.
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