La preocupación fue expresada por el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Fernando Dehne, afirmando que la política de gobierno afecta, en el tema de minería, a la industria nacional legalmente establecida y genera inseguridad jurídica, al extremo que los propietarios de las empresas aplicarán un cierre obligado de operaciones y el consiguiente despido masivo de trabajadores.
"La adopción de medidas por las autoridades del sector de minería son precipitadas, inconsultas y no reflejan un buen trabajo, porque lejos de favorecer a la industria nacional, compiten de forma desleal con los empresarios bolivianos, al internar en forma temporal el sulfato de cobre bajo el sistema Ritex, incluso burlando el pago de impuestos y otras obligaciones que rigen para nuestras industrias", dijo Dehne.
Aseguró que resulta difícil competir con precios del producto que internan temporalmente al país para evitar el pago de impuestos, porque el kilo de sulfato de cobre de producción nacional cuesta Bs. 15, mientras que el ruso llega a Bs. 12, sin tomar en cuenta el impuesto y otros gastos, que se quiere evitar bajo la modalidad del Régimen de Importación Temporal, en el caso de que una vez utilizado el sulfato de cobre "se convierta en subproducto" para su reexportación.
EMPRESA EN
COROCORO
Dehne dijo que la situación se agrava cuando autoridades de la gubernamental Comibol quieren instalar una planta para producir sulfato de cobre en Corocoro, sin considerar que en Bolivia hay varias industrias que trabajan con su mínima capacidad para no despedir a sus trabajadores, porque pueden producir 400 toneladas mes y apenas llegan a 50 por la baja demanda.
Esa política es atentatoria a la industria nacional que goza de protección del Estado, pero se prefiere comprar sulfato de cobre ruso y se pretende crear la competencia desleal con una empresa estatal, cuando más bien las autoridades deben rehabilitar empresas mineras para generar empleos y no dejar en la calle a los trabajadores del sector privado, indicó el presidente de la FEPO.
Anunció que la FEPO en coordinación con el Comité de Defensa del Desarrollo Industrial de Oruro que integran el Comité Cívico de Oruro, Universidad Técnica de Oruro, Federación Departamental de Trabajadores Fabriles, las cámaras de Industriales de Huajara, Exportadores, Comercio, Minería, Despachantes de Aduana, juntas vecinales y otras instituciones locales, asumirán defensa de las industrias instaladas en Oruro para evitar su cierre como anunciaron recién ejecutivos de Procel, empresa perjudicada con la suspensión de la producción de ácido sulfúrico y ahora del sulfato de cobre, por errores que cometen autoridades del sector minero-metalúrgico en el país .
DESARROLLO
PRODUCTIVO
El presidente de los Empresarios Privados señaló como objetivos del sector, apoyar al desarrollo, crecimiento y avance económico y social de Oruro, a fin de consolidar una matriz productiva que permita contar con mayor número de industrias, la diversificación plena de las materias primas y la generación de empleos para combatir de forma decidida la migración de los orureños a partir de nuevos emprendimientos que supongan más bien la otorgación de facilidades para invertir y vivir en una región con futuro.
Para garantizar el desarrollo del departamento estamos diseñando proyectos de impacto que permitan proyectar a Oruro hacia una situación de importancia en el contexto nacional, para superar la situación de pobreza y pobreza extrema que hay en áreas deprimidas y de mayor pobreza, por ausencia de políticas públicas, dijo Dehne.
El mayor propósito del sector empresarial es tener una participación activa en el diseño de Políticas Públicas destinadas a garantizar el desarrollo productivo a partir de una estrategia y propuesta integral para desarrollar el departamento con proyección hacia el año 2050, para ser la principal región productiva, con economía sólida y además zona de integración y desarrollo.
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