Además de Glencore, hay 6 demandas por la nacionalización

El procurador del Estado, Héctor Arce, informó ayer que además del inicio de arbitraje con la compañía suiza Glencore por la reversión de las plantas de fundición de estaño y antimonio en Vinto y la recuperación del control del Centro Minero de Colquiri, su despacho atiende seis procesos más por la nacionalización de empresas y recursos naturales entre 2004 y 2012. Remarcó que esos casos no son "nada que pueda quitarnos el sueño”.

"Son seis procesos internacionales en curso. Se llegó a acuerdos con 11 empresas, pero seis procesos están siendo atendidos por la Procuraduría”, dijo Arce.

La autoridad explicó que la demanda más antigua es la iniciada por la empresa chilena Quiborax por la reversión de concesiones mineras en 2004. El segundo caso está relacionado con el arbitraje iniciado por South American Silver por la nacionalización del yacimiento minero Mallku Kota. La Procuraduría también atiende la demanda interpuesta por la empresa española Abertis por la confiscación de sus acciones en tres aeropuertos.

Arce añadió que otro caso pendiente es el de la india Jindal Steel, que demandó al Estado por el cobro de los 18 millones de dólares que depositó como garantía de inversión en el Mutún. "Hay un par de demandas menores que están paralizadas”, continuó el Procurador.

El fin de semana, la Procuraduría emitió un comunicado de prensa en el que informó que respondió a la notificación de arbitraje iniciado por la suiza Glencore.

"En su respuesta, el Estado boliviano hizo notar las circunstancias dudosas, bajo la que activos estratégicos del patrimonio nacional, como las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto y el Centro Minero Colquiri fueron enajenados y traspasados a compañías mineras bolivianas, que eran de propiedad o estaban vinculadas al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada”, se lee en el comunicado.

"Asimismo, el Estado boliviano llamó la atención sobre el momento en que la suiza Glencore supuestamente habría adquirido dichos activos, que estaban en manos de empresas bolivianas”, añade el documento.