El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró ayer en contacto con los medios de comunicación, que el trasfondo de las demandas que presentaron las cooperativas mineras al Gobierno esconden la exigencia de una “privatización camuflada”, es decir entregar yacimientos a capitales externos.
De acuerdo al Ministro de Gobierno, el fondo de la exigencia de los mineros cooperativistas es suscribir contratos con transnacionales y entregar yacimientos al capital externo, pero también dentro del pliego de peticiones, está más concesiones para el sector.
En entrevista con medios estatales, Romero recordó que el pliego petitorio de las cooperativas mineras exige más privilegios para el sector, como cero aranceles para la importación de maquinaria y equipos, subvención estatal en el consumo eléctrico, eliminar las obligaciones medioambientales y ampliar sus áreas de trabajo para poder suscribir contratos de asociación con empresas extrajeras.
“¿Qué nos están diciendo en última instancia?. Quiero más áreas mineras para las cooperativas eximidas del régimen impositivo, sin obligaciones ambientales, con arancel cero, para la importación de maquinarias y equipos, con redes eléctricas con tarifa diferenciadas, o sea subvencionada por el Estado, para suscribir un contrato de asociación y entregárselo a una empresa trasnacional”, informó.
A su juicio, se quiere “camuflar” a las empresas trasnacionales bajo el formato de cooperativas, que actualmente es un sector privilegiado, tomando en cuenta que está exento de las obligaciones tributarias, “porque en teoría es cooperación solidaria de sus miembros sin fines de lucro”.
Con el cumplimiento de sus demandas –sostuvo Romero– las cooperativas dejarían de ser una entidad de cooperación sin fines de lucro para convertirse en una entidad que camufla a empresas trasnacionales, otorgándoles todas sus libertades y privilegios tributarios para que compañías extranjeras vengan y exploten la riqueza boliviana, pagando jugosas rentas a los cooperativistas.
“Quieren utilizar el maquillaje del cooperativismo para entregar los recursos a las empresas trasnacionales”, insistió.
DINAMITA
Por otro lado, en el marco de la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, Carlos Romero informó que está prohibido el uso de dinamitas en protestas sociales, como ocurrió en el bloqueo de caminos que impulsaron días atrás los cooperativistas mineros.
El artículo 51 de Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivo señala que está prohibida el porte o portación y de explosivos y otros materiales relacionados, aun teniendo la licencia de autorización, en los siguientes casos: a) Reuniones sociales y actos públicos o privados de cualquier naturaleza; y e) manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines.
Explicó que aunque se haya eliminado el Decreto Supremo que prohibía explícitamente el uso de explosivos en protestas, aún está vigente la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, que recogió algunas cláusulas de la norma eliminada, como la prohibición del uso de la dinamita contra personas en movilizaciones sociales.
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