Hay que entender que el sistema cooperativo como hecho social, es producto de un planteamiento solidario basado en la cooperación mutua, en el esfuerzo de un grupo de personas (socios) que se benefician en iguales condiciones de los réditos que se obtengan por prestación de servicios u otras características de ofrecer soluciones a necesidades humanas, sociales, de salud o educación, en fin de alternativas que tienen que ver estrictamente con un modo de vida en función a esfuerzos y beneficios iguales.
Muchas son las cooperativas que se han organizado en el país, se menciona un registro mayor a seis mil de éstas organizaciones, para brindar servicios de agua, energía eléctrica, financieras en rubros de vivienda, negocios, telecomunicaciones y otros rubros, en los que ciudadanos "asociados" activan la doctrina cooperativa que dispone el cumplimiento de obligaciones iguales y el usufructo por igual del producto material que genere la cooperativa. Por el crecimiento de algunas de estas organizaciones se reglamentó la opción de tener funcionarios con sueldos, en estricto cumplimiento de normas laborales vigentes, lo que permite por supuesto la sindicalización de tales empleados en las cooperativas. Algo muy importante es señalar que las cooperativas surgen por decisión de personas con ideales y necesidades afines, no por obligaciones o presiones, en las que imperan otros fines, no precisamente los de cooperación solidaria.
RELOCALIZACIÓN
MINERA
En el caso de las cooperativas mineras hay que retroceder en el tiempo y ubicar el problema en lo que sucedió el año 1985 cuando el gobierno de turno, presionado por la inestabilidad económica, además del duro bajón del precio de los minerales, se ve obligado a dictar el famoso Decreto Supremo 21060, estableciendo una nueva política económica nacional, en la que se incluyó el mal llamado proceso de "relocalización" de miles de trabajadores mineros que prácticamente son despedidos ante el cierre forzoso de las minas de Comibol, imposibilitadas de trabajar con precios de minerales que estaban "por el suelo".
Una primera reacción de los mineros despedidos fue incorporarse en algunos sectores de actividad comercial, fue cuando empezó a crecer el transporte público con la incorporación de minis y taxis de los ex mineros. Por otro lado las indemnizaciones que cobraron los mineros retirados, se convirtieron en capitales para mover el negocio del contrabando y el incipiente comercio informal.
Pero entre esos y otros despedidos de las minas, quedaba la esperanza de mantener de "algún modo" las actividades mineras de algunas minas que la Comibol las dejó fuera de servicio. Debían conformarse sociedades comerciales para formalizar un tipo de contratos para el arrendamiento de áreas que la estatal minera, en algunos casos aún no había explotado y que los mineros conocían de su posible rendimiento.
Encontraron la fórmula más apropiada de organizarse y siguiendo algún consejo, conformaron las cooperativas mineras como solución a la exigencia de la Comibol de arrendar sus parajes a "sociedades comerciales". Las primeras cooperativas comenzaron sus actividades y en su "flamante conformación" sin fines de lucro y de cooperación solidaria, se multiplicó la aparición de centenares de cooperativas mineras, favorecidas desde entonces con algunas medidas que las eximían del pago de ciertos impuestos y rebajas en otros, para dar movimiento a un sistema que incumplió la Comibol y que era la "relocalización" y que en el nuevo sistema permitía generar ciertas fuentes laborales, en el rubro de la minería nacional.
LA FUERZA
COOPERATIVA
Con el paso del tiempo el sistema cooperativo minero se consolidó y se convirtió en una fuerza especial, gravitando incluso en las actividades políticas del país, cuando el sector ejerció presión para el logro de ciertos beneficios que fue concedido en función a cierta "reciprocidad" de atenciones, de ahí que el cooperativismo minero se multiplicó mostrando un avance innegable en su conglomerado que suma miles de afiliados en todo el país, con mayor afluencia en el sector occidental y desde hace poco en la zona paceña con el establecimiento de cooperativas auríferas de alto movimiento productivo y cierta rentabilidad que ha colocado a La Paz, en el segundo lugar de movimiento económico minero después de Potosí y antes de Oruro.
Pero todo este movimiento tienen otras connotaciones especiales y es que la modificación de algunas normas en el sistema ha generado rechazos entre los cooperativistas mineros, pese a que en los hechos siguen siendo los únicos beneficiados (en el caso minero) al habérselos eximido de obligaciones tributarias que son pagadas por todas las empresas mineras del país. Hay tres impuestos que pagan todos los productores mineros inclusive del sector estatal, se trata de las regalías mineras que fluctúan entre el 1 y el 7%, en función a volúmenes de producción y la calidad del mineral; luego se establece el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) que corresponde al 25% sobre las utilidades netas anuales y además una alícuota adicional del 12,5% al impuesto de las utilidades de cada empresa minera, indefectiblemente, de la minería privada, incluyendo la chica, las metalúrgicas en general y las del Estado, mientras que las cooperativas mineras sólo pagan las regalías y un monto consistente en el 1% sobre el valor de la producción neta, en calidad de alquiler o arrendamiento de las concesiones que explotan. Lo que muestra un factor inequitativo en materia de impuestos, que no se justifica, considerando que el objeto del negocio en todos los sectores es la extracción y comercialización de la riqueza minera.
En esas circunstancias "especiales", las cooperativas mineras se han dedicado a la extracción de minerales de manera irracional, según lo observaron técnicos mineros, además del reclamo de los mineros asalariados que denuncian una forma de explotación irracional de la riqueza minera a cargo de cooperativistas convertido en "cuentapropistas" que trabajan sin controles técnicos y son parte de la depredación del sistema y de la afectación al medio ambiente, al no cumplir las normativas que se exigen a los otros subsectores mineros.
Algo que también se ha considerado irregular es que las cooperativas mineras se dieron modos para convertirse en una especie de intermediarias entre la Comibol y empresas privadas, para explotar las concesiones otorgadas a las cooperativas. Esta posibilidad de negocio ha sido aclarada en niveles oficiales, recordándose que nuestra Constitución Política, no admite que empresas o cooperativas puedan firmar contratos "extras" con empresas privadas, nacionales o extranjeras, para explotar nuestros recursos naturales. Este asuntico, se incluyó recientemente en el pliego petitorio de los cooperativistas en conflicto.
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