Aunque los datos no son uniformes de acuerdo a las versiones del vice ministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, por un lado y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), por otro, se estima que desde la gestión del 2014 se revirtieron al Estado entre 400 a 500 concesiones mineras improductivas.
En la segunda semana de mayo, el vice ministro de área Gualberto Hochkofler señaló que entre enero del 2014 y marzo del año en curso, el Gobierno revirtió a favor del Estado boliviano unas 522 concesiones mineras privadas consideradas improductivas, lo que significó el 65% de un total de 793 áreas otorgadas que fueron inspeccionadas. Se entiende que hay un saldo de 271 concesiones que no fueron consideradas para entrar en el proceso. Se añade en el informe que en el primer trimestre de este año, se revirtieron 54 concesiones mineras improductivas de un total de 128 áreas inspeccionadas.
Los distritos de Potosí y Oruro son los que tienen más concesiones revertidas de acuerdo al detalle del vice ministro de política minera. En el caso de Potosí se mencionan 119 áreas se encontraban en Potosí (47,6%), 48 fueron afectadas en Oruro (19,2%); en La Paz fueron 46 las áreas sin trabajo (18,4%); además de 19 en Chuquisaca y 18 en Cochabamba.
La autoridad señaló que en el proceso de "inspecciones" se cumplieron normas apropiadas a la situación para verificar si se realizaban tareas de prospección y exploración en algunas concesiones mineras o en otras tareas ya de explotación, el caso de perforaciones, profundidad y frecuencia, estableciéndose de ese modo si existían trabajos regulares, con personal de trabajo y evitando algunos factores de improvisación de labores en contadas circunstancias.
Para evitar malos entendidos se cumplió la normativa que dispone la verificación de las actividades mineras, tarea a cargo del vice ministerio de política minera a través del uso de procedimientos técnicos operativos y definidos por la autorización del sector.
MEDIDAS DE CONTINGENCIA
El vice ministro Gualberto Hochkofler aclaró algunos aspectos relacionados con las medidas que aplica el Gobierno en relación a la Ley 403, promulgada en septiembre del 2013 y que tiene relación con la "Reversión de Derechos Mineros" y las causales para la restitución de los derechos mineros otorgados por Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) y contratos mineros.
Aclara la autoridad que "entre las medidas que el Gobierno está aplicando para afrontar el descenso de la cotización de los minerales, está la inyección de mayores recursos a la actividad minera, reponer las reservas de minerales, estimular y atraer inversionistas para las actividades de producción y explotación, así como promover la industrialización y la refinación de las materias primas a través de las empresas estatales y de proyectos nuevos impulsados por el Gobierno".
Los analistas, inciden en que parte de ésta política abre posibilidades para "estimular y atraer inversionistas", considerando que ese procedimiento es el que ha dado muy buenos resultados en las políticas mineras que desarrollan los países vecinos, en los que son millones de dólares que se han invertido en grandes proyectos mineros.
LO QUE DICE LA AJAM
Según el informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) desde la gestión 2014 a mayo del presente año, restituyó a favor del Estado 443 concesiones mineras privadas, de un total de 528 resoluciones de reversión que fueron emitidas, tomando en cuenta que las áreas afectadas no tenían inversión y se las consideraba improductivas.
Según el ejecutivo de la Ajam, Carlos Alberto Soruco, se ha completado el proceso administrativo de reversión que ha recuperado 443 "minas" que se encontraban fuera de planes de exploración y menos de explotación. La Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros promulgada en 2013 señala claramente que "las concesiones mineras que no estén activas o no cumplan ninguna función económica social, son revertidas al Estado".
En la Ajam coincidiendo con el informe vice ministerial se menciona también que las concesiones afectadas tuvieron mayor efecto en los distritos de La Paz, Oruro, Potosí, Tupiza y Cochabamba, mientras que en la zona del oriente la aplicación de la Ley 443 todavía no se aplicó.
Lo importante de este proceso es que la Ajam tiene programado realizar en lo que resta del año el acondicionamiento de concesiones mineras a contratos, mediante la aplicación del reglamento de procedimiento de adecuaciones, una normativa que se halla en proceso de consensuarla con los operadores mineros, las empresas mineras privadas, las cooperativas y la Comibol en representación del sector estatal. Una vez aprobado el reglamento cada operador minero tendrá un tiempo establecido para cumplir con su adecuación empezando por el uso de los formularios que se dispondrán para el efecto.
Se completa la estadística de la Ajam, señalando que "de manera general existen 6.500 operadores mineros que deben adecuarse a la nueva modalidad vigente de contratos, como disponen las normativas actualizadas.
En otro plano de información, surgieron algunos reclamos por parte de operadores mineros, en cuanto al procedimiento de inspección y la aprobación de reversión, supuestamente sin cumplirse con algunas medidas preliminares, sobre el caso, la autoridad del vice ministerio de Política Minera, cumple un requisito ineludible y es que antes de que una concesión sea revertida al Estado, se anuncia la inspección a los titulares de la misma, por lo menos con 15 días de anticipación, además de que se publica en prensa nacional el cronograma de fiscalizaciones, por lo mismo que existe una antelada prevención, que debe ser tomada en cuenta por los poseedores de concesiones mineras.
SEGURIDAD JURÍDICA
Al avanzar de manera práctica el proceso de reversiones al Estado de concesiones mineras improductivas, tanto las que registra el vice ministerio de área como la Ajam, se coincide en ambos casos, en la necesidad de lograr una adecuación de esos acuerdos anteriores al sistema de contratos, de modo que al mismo tiempo de favorecer a los operadores mineros, se les proporcione las seguridades (jurídicas) del caso para que sus emprendimientos, eso significa inversiones principalmente se hallen seguras y a salvo de avasallamientos u otras formas de afectación a la propiedad en curso de exploración o explotación minera.
Se establece que el objeto de la Ley 403 es revertir a favor del Estado el 70% de las más de 2.200 concesiones privadas que existían en el país antes de promulgarse la nueva normativa.
La idea redondeada, es que el proceso debe servir además para que con mayores condiciones de seguridad, se abran posibilidades de inversión privadas o del Estado para desarrollar nuevos proyectos de minería en el país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario