Las crisis de precios de los metales en el mercado internacional tienen la virtud de desnudar, en pa?ses como el nuestro cuya econom?a se basa en la venta de estos productos, los factores negativos de pol?ticas coyunturales y de administraci?n implementadas por los gobiernos de turno. En el caso presente y con el megaciclo de precios altos en franco declive se han multiplicado los lamentos de los sectores afectados por la merma del valor de ventas cuanto de regal?as e impuestos. Los empresarios se quejan por los menores ingresos, el Gobierno por menor recaudaci?n, los cooperativistas (algunos que trabajan esta?o) por la merma casi completa de sus ganancias. Las voces que critican y/o proponen soluciones coyunturales van desde posiciones ultristas que llegan incluso a proponer aportes voluntarios por parte de los trabajadores para paliar la crisis hasta posiciones de las m?s liberales que proponen despido de trabajadores para bajar costos, posici?n esta hasta hace algunos meses, impensada en una administraci?n de gobierno como la actual.
M?s all? de los lamentos tan caracter?sticos en nuestra historia y m?s all? de la coyuntura, urge una definici?n propositiva de largo alcance acorde a la normativa vigente y a tono con el discurso nacionalista y socialista del Gobierno. Como dicen los de la acera del frente al referirse a la miner?a, the name of the game is money, la limitan a la generaci?n de riqueza, lo cual contrasta con el discurso nacional de compartir la riqueza, la cual cuando las papas queman como es el caso presente es limitada o falta y no hay nada que compartir. Ese es el dilema. Hace falta pues un cambio de direcci?n, no solo en la actitud sino, en las l?neas de acci?n. Con nueva Ley Minera que ray? la cancha, el Estado constitucionalmente debiera tener el control de toda la cadena productiva y de comercializaci?n, los privados debieran ser contratistas del Estado y el sector informal cooperativo por su car?cter social debiera tener un tratamiento especial ?Es as?? Salvo la ?ltima parte que se cumple a rajatabla por las presiones sociales, el resto es un limbo donde la ley del m?s fuerte todav?a define las cosas. ?Qu? hacer?
El Estado a trav?s de su operadora Comibol controla, seg?n datos de Sergeomin, 13.152 cuadr?culas mineras (1 CD=25 Has.) de su viejo patrimonio y 39.934,7 CD otorgadas mediante Decreto Supremo 1369 (que casi triplica su patrimonio). Estas ?reas se ubican en varias partes del pa?s y son prospectos promisorios detectados en el pasado por privados y estatales en la azarosa historia de la exploraci?n minera del pa?s. El Estado tiene pues dominio territorial del potencial tangible del pa?s, para generar proyectos mineros nuevos; no lo hace por limitaciones t?cnicas, de infraestructura, pol?ticas y de asimilaci?n de tecnolog?a. Las operaciones y proyectos en marcha de Comibol por otro lado, son las minas Huanuni, Colquiri, las plantas metal?rgicas de Corocoro y Karachipampa y los proyectos Mut?n, salar de Uyuni y el nacionalizado proyecto Mallku Khota. Todos excepto los ?ltimos, son emprendimientos para metales base, tradicionales y de bajo valor de mercado; ?Por qu? el Estado pese a varios intentos y teniendo en los a?os 80 m?s de 600.000 CD sobre aluviones aur?feros, no tuvo/tiene operaciones ni proyectos aur?feros? y ?por qu? los proyectos sobre tierras raras, uranio, platinoides, etc., de las d?cadas 80 y 90 no prosperaron? Es un misterio. La primera conclusi?n: El Estado debe desarrollar este inmenso patrimonio; si las instituciones encargadas (Comibol y Sergeomin) no pueden hacerlo, la tercerizaci?n puede ser de utilidad, para lo cual la estructura jur?dica e institucional debiera ajustarse a este fin. Las 26 ?reas de uso exclusivo de Comibol a las que alude el D.S. 1369, pueden ser licitadas para exploraci?n y desarrollo de nuevos proyectos; el mantenerlas est?ticas en espera de que la capacidad del Estado pueda atenderlas es postergar para las calendas griegas su utilidad como generadoras de riqueza. ?Podemos estimar cu?ndo el Sergeomin y/o Comibol pueden terminar de investigar esas ?reas (m?s de un mill?n de hect?reas) con su capacidad e infraestructura actuales?
De los proyectos mineros y metal?rgicos estatales, algunos son elefantes blancos que se tratan de resucitar (Mut?n, Karachipampa, Corocoro, etc.), tienen una historia reciente de m?s de veinte a?os de neoliberalismo que precedi? a la actual administraci?n, donde no se encararon porque econ?micamente no son factibles y/o son de econom?a muy marginal. Urge pues hacer un balance econ?mico fr?o y sincero para determinar si ser? posible integrarlos al portafolio de Comibol, caso contrario siempre hay la posibilidad de encararlos en asociaci?n con otros operadores que s? pueden generar valor en condiciones extremas.
La iniciativa privada en el pa?s tiene muy pocas alternativas si se ajusta a los preceptos constitucionales y a aquellos de la Ley 535. No tiene derechos mineros (Art. 2) solo contratos con el Estado (Art. 132), por lo tanto no puede acceder a financiamiento en base a aquellos (Art. 98), tiene la espada de Damocles de la Consulta Previa (Art. 207 y siguientes), de la Funci?n Econ?mica Social y de la Coparticipaci?n de utilidades (Arts. 17, 18, 19) que los deja hu?rfanos y en espera de mejores d?as. El problema no parece ser la inversi?n privada nacional o extranjera, el Estado tiene un nivel de inversi?n muy grande para sus proyectos ($us 617 millones para el salar de Uyuni, 18,5 millones para Corocoro, 50 millones para Huanuni, etc.) y tal parece que podr?a encarar la generaci?n de nuevas minas para su portafolio sin depender de este tipo de inversi?n. La alternativa para los privados es asociarse a los proyectos del Estado como ?nico camino para estar vigentes y acceder a las ?reas potenciales controladas por aquel. El gran dilema, ya superado en el car?cter intr?nseco de la legislaci?n, es si el Estado necesita (o no) de los operadores privados para desarrollar su pol?tica minera. Los contratos administrativos y/o de operaci?n son un mecanismo de control estatal de la miner?a en el sentido estricto de la norma y las posibilidades de desarrollo del subsector minero privado son escasas. Un esquema de funcionamiento similar a aquel del sector hidrocarbur?fero, parece ser al alma de la legislaci?n actual, los contratos de asociaci?n/operaci?n, el ?nico camino para que la iniciativa privada mantenga presencia en el sector.
Finalmente, el subsector de la miner?a artesanal y cooperativa (los mimados del esquema actual) goza de muy buena salud pese al panorama de precios, controla entre operadores mineros, manufactureros, comercializadores, contrabandistas y promotores ilegales de la miner?a aur?fera m?s del 10% de las exportaciones totales del pa?s ($us 1.360,87 millones, INE RES_2015_1) y m?s de la tercera parte de las ventas del sector minero. Este es sobre todos, el punto primordial a resolver para la administraci?n actual. No podemos depender de la informalidad y/o ilegalidad para mantener el nivel de ventas del pa?s. El control de la cadena de producci?n-manufactura-comercializaci?n del oro debe ser la tarea principal si queremos sanear y sincerar las cifras del sector minero como generador de riqueza y empleo para los habitantes de estas tierras.
El otro camino al que nos llevar?an los lamentos, es la revisi?n de la Constituci?n y de la Ley Minera, que ya ha sido planteada pero, que es un tema que no se dar? ni en el mediano plazo y ser? motivo de posteriores comentarios.
(*) Ingeniero ge?logo, ex Ministro de Miner?a
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