Indudablemente industrializar la minería boliviana es una tarea sumamente compleja, difícil de querer implantarla como un programa más del Gobierno a través de la Comibol, se trata de un largo proceso que necesita la aplicación de moderna tecnología que puede obtenerse, pero a un elevado costo que podría cubrirse si se abre la perspectiva de inducir a empresas especializadas a invertir en la línea minero metalúrgica de nuestro país.
Ahí está el primer problema, pues no tenemos la línea programática para ordenar la política minera nacional, que incluya el fortalecimiento de la explotación de minerales y pasar luego a la etapa de su industrialización.
Se mencionan ciertas tareas de prospección y exploración minera, se ha destinado algunos recursos para ese fin, pero de manera general son muy pocos frente al reto de habilitar nuevos yacimientos, con proyección industrial. Un comentario de un analista del ramo, señala que "lo que se está haciendo es querer encontrar nuevos yacimientos, pero buscándolos con picota y pala".
La irónica apreciación parecería exagerada, empero por lo que se observa está muy próxima a esa situación pues los fondos que se destinan para ese fin son muy escasos, en las gobernaciones un mínimo porcentaje de regalías que se perciben no cubre los costos de prospecciones de envergadura para estimar el potencial de nuevos prospectos mineros.
La producción de las minas (estatales) si bien tienen cierto tiempo más de rendimiento, están en marcado declive y urge que sean reemplazados con otros de alto rendimiento y larga duración. Hay opciones interesantes según estudios preliminares, por ejemplo Mallku Khota, un yacimiento que puede rendir como San Cristóbal o más. En Oruro se menciona la zona de Challapata con posibilidades auríferas y de otros minerales, pero hay interferencia de pobladores que se oponen a las tareas de exploración, existen otras opciones, pero hay que explorarlas para establecer potencial y calidad de los minerales.
Si no se asegura la explotación de minerales, difícilmente se puede pensar en industrializar la minería. Sin concentrados no funcionan las fundiciones y aunque ahora se hable de cubrir la demanda de dos hornos, el Kivcet de Karachipampa con materia prima de la minera San Cristóbal y el Ausmelt de Vinto con la provisión de la minería estatal Huanuni, Colquiri y las cooperativas, el avance incipiente tendrá un largo periodo de "sostenimiento elemental".
Un reclamo implícito de los sectores mineros, privado y el estatal también, es que se definan las reglas de juego para captar inversiones y encarar verdaderos proyectos mineros con visión futura al salto de la industrialización minera. Hace falta que la Ley Minera sea reglamentada, estableciendo además el régimen tributario que debe aplicarse estratégicamente para competir con países vecinos en la captación de millonarias inversiones, que como se observa mueven capitales y tecnología de punta para la explotación minera y la transformación de esa materia prima en productos con valor agregado de diversidad industrial.
Una sumatoria de hechos hacen ver que mientras no se ponga en marcha una verdadera política de reactivación de nuestra minería, seguirá siendo una utopía alcanzar la meta de la industrialización minera, como observan los expertos en la materia.
Los casos irrefutables son parte de un factor determinante, la demora en ejecutar los proyectos. El caso de las fundiciones de zinc para Oruro y Potosí va esperando más de tres años, la instalación y puesta en marcha del horno Ausmelt tardó seis años y modificó sus costos iniciales, qué decir de Karachipampa, donde se siguen haciendo inversiones, pero todavía no se ajusta plenamente el funcionamiento del horno reparado más de una vez, la ilusión de tener una siderúrgica en el Mutún, es otra frustración en el proyecto de industrializar nuestras materias primas, en este caso convertir el hierro en acero.
En todo el proceso de frustraciones y algunos avances, tiene que ver el organismo administrativo de la minería, la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, cuya ineficiencia es latente, aún reconociendo sus limitaciones, especialmente técnicas, pero también financieras. Mientras no se corrija este mayúsculo problema, cualquier intención de entrar a la fase industrial, se sumamente complicada.
Han pasado varios meses desde que los mineros asalariados plantearon de manera urgente una reestructuración de la entidad minera estatal, situación de la que dio cuenta el titular de Minería, señalando que se trabaja en comisiones y que se llegará a resultados de eficiencia y modernización, pero ya es mucho tiempo para un trabajo que merecía dedicación a "tiempo completo" y con todo el apoyo necesario de expertos profesionales que terminen entregando una Comibol totalmente remozada. Fondos para ese fin fueron dispuestos oportunamente aunque si se necesita un mayor soporte el mismo no debe escatimarse pues del cambio en la Comibol, dependerá el futuro de la minería boliviana.
Los esfuerzos que pretendidamente se hacen para dirigir la visión minera hacia su industrialización, es parte de la fantasía y la discursiva posición de algunas autoridades o dirigentes mineros, porque en los hechos se trata de un cuento ya conocido cuyo final debe ser reescrito responsablemente y con suficiente apoyo y voluntad política, pues se trata de dar impulso al segundo rubro temporalmente generador de riqueza para el país, después del gas naturalmente.
El tiempo pasa inexorable y cinco meses han transcurrido sin novedades de relieve para "reactivar" nuestra minería. Recuérdese que el 28 de mayo del 2014 se promulgó la Ley de Minería 535 y en un año no puede ser reglamentada para impulsar la actividad minera.
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