Resultado de un nuevo Congreso Nacional de la Cámara Nacional de Minería (Canalmin), éste sector pidió al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, el respeto de los derechos adquiridos cuando se proceda a la redacción de la nueva ley minera, recordando que la Constitución Política del Estado (CPE), no es retroactiva. La carta fue enviada el 29 de enero, firmada por el nuevo presidente de Canalmin, Oscar Gardeazabal.
La preocupación de los mineros chicos, nace ante la ola de aprobación de nuevas leyes en la Asamblea Legislativa, con una mayoría aplastante de asambleistas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En el boletín informativo de la Cámara Departamental de Minería (Cademin), se explica que la comisión jurídica del congreso de la Cadelmin, solicitó recibir un tratamiento de manera similar al que reciben las cooperativas mineras, consistente en el apoyo a la modernización del sector.
Agrega, que en el tema de consulta indígena, el Estado debe preparar un Reglamento de Consultas a las Comunidades Indígena Originarias Campesinas, para dar garantías a las operaciones mineras.
La carta enviada al vicepresidente destaca que se debe aplicar lo establecido en el artículo 123 de la nueva Constitución Política del Estado en el sentido fundamental de que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo fuera de los casos excepcionales.
Los mineros chicos a nivel nacional, están de acuerdo con el proceso de cambio, en el marco de compatibilizar la responsabilidad del Estado en su política minera y metalúrgica, con el fomento, promoción y fiscalización en la cadena productiva, pero en base a los intereses de los titulares mineros.
“En este sentido, la sanción de la nueva ley minera debe evitar la infracción de los preceptos que regulan los derechos pre-constituidos toda vez que la actividad minera es de interés nacional y tiene el carácter de necesidad estatal y utilidad pública como preceptúa el art. 356 de la CPE”, aclaró.
La Canalmin sostiene que el artículo 370, en su parágrafo IV, referido al derecho minero comprende las fases de exploración, explotación, concentración, industrialización y comercialización que son del dominio de los titulares y la ley minera definirá los derechos.
Igualmente aguardan una normativa minera que garantice la seguridad jurídica para las inversiones y el trabajo, ante las varias amenazas de avasallamientos, o perturbaciones a las operaciones mineras, porque el sector “responderá con lealtad a la economía estatal con el pago de las regalías y cobertura del régimen impositivo”.
La preocupación de los mineros chicos, nace ante la ola de aprobación de nuevas leyes en la Asamblea Legislativa, con una mayoría aplastante de asambleistas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En el boletín informativo de la Cámara Departamental de Minería (Cademin), se explica que la comisión jurídica del congreso de la Cadelmin, solicitó recibir un tratamiento de manera similar al que reciben las cooperativas mineras, consistente en el apoyo a la modernización del sector.
Agrega, que en el tema de consulta indígena, el Estado debe preparar un Reglamento de Consultas a las Comunidades Indígena Originarias Campesinas, para dar garantías a las operaciones mineras.
La carta enviada al vicepresidente destaca que se debe aplicar lo establecido en el artículo 123 de la nueva Constitución Política del Estado en el sentido fundamental de que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo fuera de los casos excepcionales.
Los mineros chicos a nivel nacional, están de acuerdo con el proceso de cambio, en el marco de compatibilizar la responsabilidad del Estado en su política minera y metalúrgica, con el fomento, promoción y fiscalización en la cadena productiva, pero en base a los intereses de los titulares mineros.
“En este sentido, la sanción de la nueva ley minera debe evitar la infracción de los preceptos que regulan los derechos pre-constituidos toda vez que la actividad minera es de interés nacional y tiene el carácter de necesidad estatal y utilidad pública como preceptúa el art. 356 de la CPE”, aclaró.
La Canalmin sostiene que el artículo 370, en su parágrafo IV, referido al derecho minero comprende las fases de exploración, explotación, concentración, industrialización y comercialización que son del dominio de los titulares y la ley minera definirá los derechos.
Igualmente aguardan una normativa minera que garantice la seguridad jurídica para las inversiones y el trabajo, ante las varias amenazas de avasallamientos, o perturbaciones a las operaciones mineras, porque el sector “responderá con lealtad a la economía estatal con el pago de las regalías y cobertura del régimen impositivo”.
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